“Queremos llevar a Bitcoin a la Constitución de Costa Rica”: Miss Crypto Lawyer

En un movimiento sin precedentes en la región, Costa Rica podría convertirse en el primer país del mundo en elevar a Bitcoin y los derechos del mundo digital a rango constitucional. Así lo plantea la abogada Stephanie Sánchez (Miss Crypto Lawyer), principal impulsora del proyecto de ley marco para la industria descentralizada.

“Queremos llevar a Bitcoin a la Constitución de Costa Rica”, afirma con convicción Sánchez a CriptoNoticias. “Lo que propongo es constitucionalizar, desde ese ámbito, las garantías del mundo tradicional al mundo digital, porque desde ahí es donde nos empiezan a controlar. Estamos aprovechando que estamos en el momento justo en la historia para incluir a rango constitucional estos derechos que no han sido cubiertos en esta nueva era digital”.

La propuesta consiste en una ley marco amplia, que la abogada describe como “el código civil de la industria digital y descentralizada”. Esta iniciativa abarca criptomonedas, autocustodia libre, DAO, activos del mundo real (RWA), trazabilidad con blockchain para transparencia, banca descentralizada, protección al código abierto como extensión de la libertad de expresión y la creación de una Intendencia de la Industria Descentralizada.

“Esta regulación va a ser como un marco general, como una constitución de los activos digitales”, explica Sánchez. “A partir de esa constitución podrán venir las reglamentaciones técnicas más específicas”.

Actualmente, Costa Rica solo cuenta con un proyecto en discusión enfocado en el cumplimiento de estándares GAFI y normas para minimizar el lavado de dinero (AML) para los Proveedores de Servicios con Activos Digitales (VASP). Según Sánchez, esa iniciativa responde a compromisos internacionales, pero no otorga seguridad jurídica real a la industria ni promueve su desarrollo.

La organización Blockchain Costa Rica (Asoblockchain) está difundiendo el proyecto y facilitando la consulta pública. Sánchez señala que “estamos superdispuestos a colaborar con los reguladores, pero siempre y cuando existan reglas del juego claras”.

La nueva propuesta busca llenar ese vacío con un enfoque humanista, utilizar la tecnología al servicio de los ciudadanos y no como herramienta de control. La abogada, con experiencia como penalista en el sistema tradicional, critica duramente la falta de conocimiento técnico de los funcionarios públicos.

“Costa Rica se estaba perdiendo todo esto solo por la falta de capacidad técnica de sus funcionarios. Yo no voy a seguir consintiendo eso, sabiendo todo el potencial que tenemos como país”, afirma.

Diferencias con otros modelos regulatorios

La iniciativa recoge las mejores prácticas internacionales (El Salvador, Paraguay, regulaciones europeas y estadounidenses), pero busca superar sus limitaciones mediante un estudio de derecho comparado.

A diferencia de la ley bitcoin de El Salvador, la propuesta costarricense incluye mecanismos de interoperabilidad entre el sistema financiero tradicional y el descentralizado, zonas francas tecnológicas con beneficios fiscales y un regulador especializado que actúe como puente y educador.

También contempla la taxatividad de los activos digitales. “Bitcoin tiene soberanía completa. No tendría por qué tener impuestos a las ganancias de capital si no se ha adquirido en un exchange centralizado”, argumenta la abogada, respetando el principio de renta territorial costarricense.

Además, defiende la autocustodia como un derecho fundamental. Sánchez resalta el potencial de la denominada «tecnología blockchain», que no es más que tecnología Bitcoin, más allá de las criptomonedas.

“No es solo un proyecto cripto, va mucho más allá”, lo que incluye protección al código abierto, considerando que “escribir código es una forma de libertad de expresión”.

El proyecto también aborda el tema de la minería y el uso de energía. Costa Rica, con su matriz energética renovable superior al 98%, tiene condiciones ideales para desarrollar centros de datos y minería sostenible.

Sánchez menciona casos locales exitosos, como proyectos que aprovechan excedentes energéticos sin violar el monopolio eléctrico estatal, demostrando que es posible innovar respetando el enfoque conservacionista del país.

La consulta pública del proyecto está abierta desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio de 2026. La comunidad puede enviar sus aportes y sugerencias. Una vez finalizado ese período, el texto será depurado y presentado ante la Asamblea Legislativa.

Sánchez confía en que el proyecto sea abanderado por la bancada oficialista y avance en esta legislatura, coincidiendo con las discusiones sobre una posible “Tercera República” y reformas constitucionales.

De ser aprobado, Costa Rica no solo se convertiría en el primer país del mundo en elevar a Bitcoin y los derechos digitales a rango constitucional, sino que se posicionaría como un importante hub web3 de Centroamérica.

Esto atraería inversión extranjera, fomentaría la innovación local, generaría empleo especializado y consolidaría al país como referente regional en libertad financiera y soberanía digital.

De esta manera, Costa Rica daría un salto histórico hacia una economía moderna, donde la tecnología esté al servicio de sus ciudadanos, fortaleciendo su competitividad y protegiendo las libertades individuales en la era digital.