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Se estima que el presidente Javier Milei sancione una ley para no caer en la lista gris del GAFI.
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Está prevista la aprobación de un registro para exchanges y otras empresas de criptomonedas.
Argentina está preparándose para establecer una regulación para el sector de bitcoin (BTC) y las criptomonedas, siguiendo la visita de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que permanecerá en el país por dos semanas.
Con el objetivo de no caer en la lista gris del GAFI, en la que aparecen países con riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el gobierno de Javier Milei está por establecer un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), el cual sería una regulación novedosa para el país.
Tal registro, que debe establecerse antes de la partida de la misión del GAFI, el próximo 26 de marzo, podría llegar a través de una reforma en el Código Penal en materia de prevención de lavado. Un proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2023. Sin embargo, esta iniciativa está actualmente estancada en el Senado.
Por tanto, es previsible que el registro de PSAV se establezca en el país por medio de la sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte de Milei. En él, se replicaría la reforma al Código Penal y se establecería la creación del listado de empresas del sector de BTC que operan en la Argentina.
Hay que recordar que entre sus recomendaciones para regular al mercado de criptomonedas, el GAFI propone que las empresas del sector cuenten con licencias y registros. De igual manera aconseja que estén sujetas a “sistemas de monitoreo efectivo”. Todo esto, a cuenta de evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De concretarse la creación de ese registro, sea por vía legislativa o por el DNU del Ejecutivo argentino, será la Comisión Nacional de Valores (CNV Argentina) la que se perfile como la autoridad que regirá el listado, pedirá información y podrá regular, inspeccionar y fiscalizar a las empresas de criptomonedas que operen en ese país.
Considerando que en Argentina hay más de una decena de empresas del sector de las criptomonedas operativas, estas compañías pasarán a regirse por la CNV, de nuevo, cuando se apruebe la regulación para crear el registro de empresas de criptoactivos.
Visiones encontradas en la comunidad de bitcoin
La comunidad de bitcoin y de otras criptomonedas en Argentina tiene visiones distintas sobre la presión que se ejerce desde el GAFI al gobierno de Milei para regular al sector.
Desde la ONG Bitcoin Argentina criticaron hace unos días que, bajo la excusa de seguir lineamientos del GAFI, “se introduzcan medidas que atentan contra la libertad en la comercialización de bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos”.
Ricardo Mihura, presidente de esa organización, recordó que las criptomonedas “han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria”.
Mihura también cuestionó que las empresas prestadoras de servicios con criptomonedas deban ser reguladas por la CNV. A su juicio, no debería atribuirse a ese organismo la competencia para establecer el registro, ni para supervisar a las empresas.
“Es inevitable que ese tipo de regulaciones sólo generen restricciones a la competencia y privilegios para las empresas más cercanas al regulador. Además, inducen a la ciudadanía a operar en exchanges internacionales, los cuales quedan siempre fuera de la potestad regulatoria local”, argumentó Mihura.
No obstante, desde el exchange Bitso Argentina aseguran que, con el registro obligado por el GAFI, “se reconoce lo que el ecosistema de criptomonedas representa hoy: una alternativa a la infraestructura financiera tradicional”. Así lo señaló Carlos Peralta, líder de políticas públicas de esa empresa.
Para Peralta, “también se deben incorporar otros mecanismos de prevención, como el enfoque de riesgo o la regla de viaje, que ya son utilizados por otros sectores de servicios financieros”.
Una opinión similar a la de Juan Pablo Fridenberg, director de asuntos públicos en el exchange Lemon. A juicio de este ejecutivo, la evaluación del GAFI es importante “porque algunas de las directivas tienen que ver específicamente con la regulación del ecosistema”.
