Hechos clave:
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Se propone crear un marco legal para las stablecoins e incorporarlas como medio de pago.
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La CFTC será la autoridad competente para criptoactivos como bitcoin y ether.
Este martes 7 de junio, las senadoras estadounidenses Cyinthia Lummis y Kirsten Gillibrand publicaron su proyecto de ley bipartidista que pretende regular a bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. La iniciativa posee varios puntos para destacar con la intención de favorecer el crecimiento del ecosistema.
Uno de los aspectos más importantes del documento, publicado por Lummis en su sitio web oficial, es permitir que los activos digitales se utilicen como medio de pago en el país. En cierta forma, esto implicaría reconocer a bitcoin y a otras criptomonedas como una forma de dinero, aunque nunca se hace referencia a esta criptomoneda ni a ether (ETH), la de la red Ethereum, de forma explícita. Se las incluye a ambas bajo el término “activos digitales”.
Más allá de eso, se tratan otras cuestiones relativas a stablecoins, impuestos a los activos digitales y coordinación entre agencias gubernamentales, entre otros tópicos.
De acuerdo con el encabezado del proyecto de Lummis (del Partido Republicano) y Gillibrand (del Partido Demócrata), la premisa de la Ley de Innovación Financiera Responsable es centrarse en la flexibilidad, innovación, transparencia y protección al consumidor para integrar a los activos digitales en la regulación existente y brindar certidumbre a la industria.
A continuación, repasaremos siete de sus propuestas más importantes y de qué forma podrían modificar el panorama actual de bitcoin en el país norteamericano.
1. Stablecoins (¿y bitcoin?) como medio de pago
Uno de los puntos con mayor impacto en la vida cotidiana de las personas tiene que ver con el uso de las stablecoins. Según las autoras del proyecto, la ley tiene como objetivo “definir y crear los requisitos para proteger a los consumidores y mercados y promover pagos más rápidos”.
Sobre las stablecoins, se destaca que están creciendo en cuanto a uso y adopción y que, “cuando estén apropiadamente estructuradas”, podrán servir como medio de pago seguro y rápido.
Para ello, estas deben cumplir ciertos requisitos que, en caso de aprobarse, determinará esta ley. Entre ellos están el contar con reservas del 100% para respaldar su emisión y garantizar a los usuarios que podrán cambiarlas por su activo subyacente en cualquier momento. Además, deben especificar claramente con qué tipo de activos se respaldan.
Asimismo, la regulación establece un marco legal detallado para bancos y cooperativas de crédito para soportar pagos con stablecoins.
Sobre bitcoin, en tanto, no se dice nada en específico. No obstante, al hablar de “activos digitales” y su posible inclusión en el sistema económico, parece dar lugar a que bitcoin se cole en las leyes existentes y que así sea más fácil de adoptar para las compañías que así lo deseen.
Integrar los activos digitales en la legislación existente es esencial para asegurar mejores oportunidades para la próxima generación de estadounidenses (…). Es importante que el Congreso legisle para promover la innovación a la vez que se protege a los consumidores frente a los actores maliciosos.
Cynthia Lummis, senadora por el estado de Wyoming, Estados Unidos
2. Impuestos sobre activos digitales
Otra novedad que propone la propuesta de ley es crear una estructura que trabaje en los impuestos que se aplican a los activos digitales. En este caso, se plantea crear una excepción de minimis para que los usuarios puedan comprar con activos digitales por hasta USD 200 sin tener que rendir cuentas a las oficinas de impuestos. De minimis es una expresión latina que se utiliza para excluir a los asuntos menores del tratamiento, como serían las compras minoristas en este caso.
Asimismo, se “esclarecen los tratamientos impositivos de los diferentes actores de la industria y sus actividades”. Por ejemplo, se adelanta que los mineros y validadores no serán considerados “brókeres” en lo que respecta a cuestiones impositivas y que sus ingresos no serán considerados como tales hasta que no sean intercambiados por dinero en efectivo.
Esto implica una modificación a la ya aprobada Ley de Infraestructura, que denomina «brókeres» a varios actores de la industria de bitcoin (y les cobra impuestos como tales) aunque no ejerzan específicamente ese rol.
No obstante, el proyecto bipartidista sí se cambiará la interpretación con respecto a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Tal como CriptoNoticias reseñó, estas deberán ser registradas en la jurisdicción correspondiente y serán plausibles de pagar impuestos según las leyes impositivas.
3. Clasificación de los activos digitales
Una de las cuestiones que el proyecto de ley busca establecer es qué activos serán clasificados como commodities (productos básicos) y cuáles como securities (títulos valor). La clave estará en su propósito, dice el texto, y las compañías deberán evaluar este punto para determinar si han de cumplir obligaciones tributarias ante un organismo u otro.
Con respecto a esto último, Gillibrand es miembro del Comité de Agricultura, que supervisa la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Se trata de la entidad que regula los mercados de commodities. Por su parte, Lummis es miembro del Comité Bancario, que supervisa la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que regula los títulos valor.
De aprobarse este proyecto de ley, la CFTC oficiaría como autoridad de los mercados de activos digitales spot (al contado), como son, por ejemplo, los exchanges de criptomonedas.
4. Definiciones claras para activos digitales
A partir de una definición clara de los diversos tipos de activos digitales, este proyecto de ley pretende “dotar de consistencia” a los debates sobre posibles regulaciones. De este modo, además, los ciudadanos podrán saber con claridad qué ley los afecta y en qué sentido.
Asimismo, si se aprueba el proyecto, los proveedores de servicios con activos digitales deberán informar de forma clara para que los consumidores puedan tomar decisiones conscientes sobre activos digitales, los productos en cuestión, sus derechos y riesgos. También las empresas deberán proveer servicios de educación financiera acerca de estos y otros temas relacionados.
5. Comité específico para asesoría en tecnología
En cuanto a cuestiones gubernamentales, el proyecto propone crear una comisión especial para establecer principios que guíen a las agencias regulatorias y a los legisladores en materia de tecnología. La comisión estaría compuesta por actores de la industria, activistas, reguladores, especialistas en protección al consumidor e inclusión financiera, entre otros.
El propósito de esta comisión será “estudiar la industria que cambia rápidamente y hacer recomendaciones basadas en nuevos desarrollos para que las regulaciones sigan siendo relevantes y efectivas”.
A su vez, la SEC y la CFTC deberían trabajar en conjunto con el Tesoro Nacional y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para desarrollar principios exhaustivos en cuanto a ciberseguridad para intermediarios de activos digitales. En este punto, mencionan la necesidad de fortalecer la seguridad por el avance de países como Rusia y China en este sentido.
Como ha informado CriptoNoticias, ambos países están probando sus monedas digitales de banco central (CBDC) en estos momentos. De hecho, hasta se propone que varios organismos gubernamentales estudien en profundidad el yuan digital “para entender las implicaciones en seguridad de la adopción internacional que China propone”.
Finalmente, también en lo relativo a ciberseguridad, el proyecto sugiere evaluar los riesgos en cuanto a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión de sanciones económicas a través del uso de activos digitales.
6. Estudios sobre consumo energético y cuestiones ambientales
El proyecto de ley de Lummis y Grillibrand solicita a la Comisión Federal de Regulación Energética “analizar y reportar” el consumo energético de la industria de los activos digitales. Entre estas actividades, se incluye la minería de criptomonedas.
Esta industria ha sido señalada en numerosas oportunidades como perjudicial para el medio ambiente, incluso cuando algunos estudios indican que no es una amenaza y las mejoras tecnológicas hacen que su supuesto impacto sea cada vez menor.
La finalidad, según la propuesta, es “determinar las mejores maneras de aprovechar esta tecnología para acercarnos a nuestras metas climáticas con energía más renovable, limpia y con menor desperdicio”, de acuerdo con lo que indica el documento.
7. Creación de un sandbox regulatorio
Se conoce como sandbox a una “caja de arena” en la que se prueba la aplicación de servicios o prácticas en un ambiente regulado. Por ejemplo, en Colombia existe un sandbox en el que exchanges de criptomonedas se asocian con bancos nacionales para proveer servicios regulados a los ciudadanos.
Estados Unidos podría hacer algo parecido si se aprueba el proyecto de estas dos senadoras. Esto se haría a partir de una “estructura conjunta en la que los reguladores federales y estatales colaboran con las empresas de tecnología financiera para permitirles introducir productos innovadores en el mercado de forma limitada, para familiarizarse más con los productos de tecnología financiera en un entorno controlado”.
Estados Unidos se acerca a la regulación de bitcoin
El proyecto de Cynthia Lummis y Kirsten Gillibrand no es el primero que pretende regular bitcoin en Estados Unidos. En este periódico ya se han reportado otras propuestas que afectaban de una manera u otra a esta y las demás criptomonedas.
Ahora bien, esta parece distinguirse en ofrecer un marco legal más completo, exhaustivo y detallado. Bajo el concepto de “activos digitales” se incluye a muchos tipos de criptoactivos y a varios actores de la industria.
Además, el enfoque bipartidista puede ser clave en la arista política para destrabar el avance del proyecto, que ahora deberá desandar su camino en el Congreso.
