“Privacidad para el débil,
transparencia para el poderoso.”
Cypherpunks – Julian Assange
La igualdad ante la ley es uno de los principios fundantes de la democracia desde la antigüedad. Heródoto, por ejemplo, cuando hablaba en su Historia del gobierno del pueblo, como forma contraria a la arbitrariedad del Tirano, se refería a ella con el nombre de Isonomía: igualdad de todos ante la norma.
Irónicamente, la historia de la democracia nos ha demostrado que siempre hay unos animales más iguales que otros, parafraseando a George Orwell. La Ley parece ser condescendiente ante el soborno -perdón, ante las multas- y dejar pasar el crimen cuando los incentivos monetarios superan los costos del castigo. Una módica suma puede hacer que la ceguera de la Justicia cambie, de imparcial, a permisiva.
Así nos lo recordaron esta semana los llamados FinCEN Files, uno de esos filtrajes de información gubernamental que, de tanto en tanto, arrojan transparencia sobre las opacas y secretas relaciones entre el crimen organizado, los bancos y los gobiernos del mundo. Este fue uno de los temas discutidos en el episodio de En Análisis esta semana.
Más de 2 billones de dólares de fondos sospechosos fueron procesados en las últimas dos décadas por los más grandes bancos del mundo (JPMorgan Chase, HSBC, CitiBank, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Bank of America, Barclays, Société Générale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation), y reportados ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero, al parecer, esta información se mantuvo como Secreto de Estado. Hasta ahora.
Como con los filtrajes de WikiLeaks, que le han valido a Julian Assange años de persecución judicial, la FinCEN denunció como ilegal compartir esta información confidencial. Los bancos, por su parte, alegaron deber mantener en secreto estas operaciones, obligados por la Ley. Algunos pagaron multas, y prosiguieron con sus negocios. Así se manifiesta la ceguera de la Justicia.
La Ley, a diferencia de la ciega Justicia, debe ser vigilante -supervisora- para poder ejercer control. Esta semana, también, se ratificó la legalidad de la minería de bitcoins y criptomonedas en Venezuela, ya legalizada en enero de 2019 con la publicación del Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos.
Con la Pro-videncia, se anunció también la creación de un pool nacional obligatorio para quienes ejerzan la minería en el país, quizás uno de los puntos más polémicos de la regulación por conllevar penalizaciones monetarias por no minar para dicho pool.
Pero la regulación deja más dudas que respuestas. ¿Cuánto será la comisión que cobrará el pool? ¿El gobierno mantendrá los bitcoins y pagará a los mineros con petros, o repartirá bitcoins? Estando el gobierno venezolano sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ¿los bitcoins minados nacerían manchados?
Lo que sí es evidente es el esfuerzo por centralizar y controlar a los usuarios de una tecnología por naturaleza descentralizada. Bitcoin nació como una tecnología abierta, sin permisos, neutral ante la participación de cualquiera.
Durante once años ha procesado transacciones de todo el mundo y dado acceso a servicios financieros sin necesidad de registros o licencias, siendo uno de los proyectos más exitosos del movimiento cypherpunk. A diferencia de los bancos y los gobiernos, con toda la opacidad y hermetismo que les caracteriza, cualquiera puede validar el cumplimiento de las leyes de Bitcoin corriendo su propio nodo.
Al día de hoy, toda la blockchain de Bitcoin pesa poco más de 300 GB, lo que mantiene los costos y barreras bajos para que no tengas que confiar (y luego te enteres de 2 billones de dólares lavados), sino que puedas verificar.
Puedes ver el episodio en video dando clic en la imagen destacada de este artículo o escucharlo aquí:
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En Analisis Ep. 21: Regular negocios para censurar a Bitcoin, la novedosa institución económica
