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Bitcoin es una reserva de valor líquida, portable globalmente y no una inversión especulativa.
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Algunos gobiernos creen que pueden competir lanzando CBDC, pero la realidad terminará imponiéndose.
Hace cinco años, en 2020, cuando Strategy dio el paso de invertir en bitcoin (BTC), muchos lo interpretaron como una decisión temeraria. Bajo el liderazgo de Michael Saylor, la compañía se convirtió en la primera gran empresa en adoptar esta moneda como su principal reserva de valor. Hoy, con más de 600.000 BTC en su poder, se ha consolidado como un referente para aquellas firmas que buscan resguardarse de la inflación y diversificar su capital.
Siguiendo esa línea, la empresa japonesa Metaplanet ha establecido la creación de Satoshi Nakamoto como eje central de su estrategia frente a la devaluación del yen. La organización ha financiado sus compras de bitcoin mediante emisiones de bonos sin intereses y de derechos de compra de acciones y aportes de capital del mercado, posicionándose como la mayor tenedora de BTC entre las compañías que cotizan en bolsa en Asia.
Según los datos de Bitcoin Treasuries, empresas como Strategy, MARA Holdings, XXI y Metaplanet lideran el ranking global de tenencias corporativas de bitcoin. Sin embargo, América Latina también toma posición en este terreno, en especial por la devaluación monetaria e incertidumbre económica que enfrentan ciertos países.
Un ejemplo destacado es Bitfarms, empresa minera con raíces argentinas y sede en Canadá, que lidera el ranking latinoamericano con más de 1.100 BTC en su poder. Le sigue Mercado Libre, el gigante argentino del comercio electrónico, que recientemente fortaleció su tesorería al elevar sus tenencias de bitcoin a más de 570 BTC.
Estas compañías comprendieron que bitcoin no es una inversión especulativa, sino una reserva de valor con alta portabilidad global y una liquidez en constante crecimiento.
De este modo, los Estados son testigos de cómo las entidades privadas acumulan bitcoin sin necesidad de permisos ni control centralizado.
En una actualidad marcada por las tensiones geopolíticas, como las que enfrentan actualmente Israel e Irán, monedas debilitadas en países como Venezuela y Argentina, y restricciones bancarias que frenan la innovación, la idea de que un gobierno pueda utilizar bitcoin para comerciar, proteger su economía o incluso competir estratégicamente frente al dólar o el euro, ya no es una fantasía.
El precedente de El Salvador —disruptivo y sumamente favorable para el sector— también contribuyó a sentar las bases de una adopción estatal más amplia que ya comienza a gestarse. Esta no dependerá necesariamente de leyes que reconozcan a BTC como moneda de curso legal, sino de compras discretas para reservas, su inclusión en fondos soberanos o su integración en estrategias de diversificación financiera por parte de los bancos centrales.
Este movimiento puede verse reflejado en lo que ocurre actualmente con el gobierno de Estados Unidos. Como reportó CriptoNoticias, en marzo de 2025 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza la creación de una reserva estratégica de bitcoin, utilizando para ello activos incautados por el gobierno federal en procedimientos penales y civiles.
La propuesta ha generado gran interés al plantear que los BTC del gobierno —estimados en más de 200.000 unidades— se mantengan como una reserva de valor, en lo que muchos llaman una especie de «Fort Knox Digital».
Al momento de redactar esta nota, aún se aguarda que los Departamentos del Tesoro y Comercio de EE. UU. definan estrategias presupuestariamente neutrales para adquirir más bitcoin, sin que esto implique costos adicionales para los contribuyentes —tal como lo establece la orden ejecutiva—.
El sostenido éxito de los fondos cotizados (ETF) de bitcoin, sumado a un notable respaldo corporativo, refuerzan la idea de que las reglas del juego están cambiando. Así como las empresas que se adelantaron hace algunos años hoy ven crecer su capital y su influencia, los gobiernos que permanezcan al margen corren el riesgo de quedar rezagados frente a un renovado sistema financiero que ya asoma en el horizonte.
Las CBDC figuran para ensuciar el cuadro, pero bitcoin acabará prevaleciendo
No obstante, mientras algunos gobiernos exploran la incorporación de bitcoin en sus reservas, otros apuestan por las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) como una alternativa controlada para competir. Proyectos como el yuan digital en China o la versión electrónica del euro, se han presentado como una evolución que busca captar el atractivo de los pagos digitales.
Sin embargo, las CBDC no son más que una extensión de los aspectos más problemáticos del sistema financiero tradicional. Lejos de representar una innovación liberadora, están diseñadas para reforzar la vigilancia estatal, con lo cual podrían no ganar gran adopción.
A diferencia de bitcoin, que garantiza autonomía y privacidad gracias a su naturaleza descentralizada, las monedas digitales emitidas por bancos centrales permiten a los gobiernos monitorear cada transacción, imponer límites e incluso congelar fondos a voluntad. En lugar de empoderar al ciudadano, se perfilan como herramientas de control.
En conclusión, la pregunta no es si más Estados adoptarán BTC, sino cuándo y de qué manera lo harán. El ejemplo del sector corporativo está ejerciendo una presión cada vez más grande sobre los gobiernos para que respondan a las demandas del mercado, mientras bitcoin sigue consolidándose como una alternativa sólida y estratégica.
