La prohibición de las CBDC es Pearl Harbor, no Midway

Las monedas digitales del banco central (CBDC) proveen a los bancos centrales y a los gobiernos de estados-naciones con una plataforma desde la cual unificar y controlar el sistema monetario y financiero de sus territorios y ciudadanos. Aunque su prohibición en los Estados Unidos pudo haber disminuido el atractivo global de estas monedas digitales, la intención de implementar plataformas con CBDC en Europa sigue estando vigente.  

Definitivamente, las CBDC son la manera más directa y efectiva de conservar y expandir el estatus quo financiero basado en dinero fíat (dólar, yuan, rublo, etc). Eso es así porque dichas monedas no son otra cosa que versiones digitales de las monedas nacionales, versiones gracias a las cuales los bancos centrales pueden seguir en control completo de los sistemas monetarios. Según una encuesta, casi un tercio de estos bancos han postergado el lanzamiento de versiones digitales de sus monedas. 

No obstante, un hipotético aborto global de los proyectos de CBDC no significaría, ni mucho menos, que el control centralizado sobre el dinero está muerto. Significaría, sí, que el rechazo del público a las formas directas de control monetario triunfó. Pero seguirían existiendo formas indirectas y sofisticadas de introducir la “mentalidad CBDC” de las empresas y, hasta cierto grado, mayor de control gubernamental en los sistemas monetarios alternativos que abogan por la descentralización y la privacidad. 

De hecho, esta mentalidad CBDC de empresas y este control gubernamental mayor podría ser un fenómeno creciente en las redes de criptomonedas.  

La prohibición de las CBDC deja opciones de control más “moderadas” 

Inspiradas en Bitcoin, la primera línea de redes y protocolos, como Litecoin, Ethereum o Filecoin se mostraron fieles a las ideas de descentralización y gobernanza pública. Todos estos protocolos de primera capa, aún los más modernos como Solana o Avalanche, son de código abierto. Resulta impensable que estas, las redes más importantes de criptomonedas, tengan versiones privadas de una misma red pública.  

Pero las soluciones tecnológicas que tienden a la privatización o al uso permisionado de sus registros contables, como Ethereum Quorum, RippleNet, Stellar o HyperLedger Fabric, son tan viejas como el ecosistema de criptoactivos mismo. A esta lista se añaden soluciones nuevas como Ondo Chain, una cadena creada por Ondo Finance, el emisor de activos tokenizados del mundo real (RWA) más popular de este lado de las finanzas digitales. 

Como XRP, Ondo tiene una infraestructura pública, distribuida. La diferencia de estas redes con las “clásicas”, inspiradas en Bitcoin, es que permiten desde el protocolo integrar contratos cuyo cumplimiento requieren el establecimiento de líneas de confianzas permisionadas; también permiten que emisores o gestores de activos tengan control jerárquico y central sobre los bienes tokenizados. Por si fuera poco, ambas redes permiten la creación de redes privadas como RippleNet. Esto puede contribuir a fragmentar los ecosistemas de criptomonedas, entre otras posibilidades. 

Asimismo, tanto Ondo como XRPL, por sus tendencias afirmativas al cumplimiento regulatorio y por sus naturalezas permisionada, funcionan según un esquema de validadores más reducido y según incentivos que no propician una adopción masiva, lo que dificultaría el consenso en la red debido a una mayor distribución de usuarios. Ambas emplean una lista de validadores únicos, con identidades personales, potencialmente identificables.  

En general, todos estos mecanismos permiten imponer control sobre las transacciones y actividades en la red de parte de los emisores de tokens y contratos, asegurando que solo los participantes autorizados puedan realizar ciertas acciones.  

Lo anterior respecta a los medios de control jerárquicos que pueden aplicarse en redes públicas y que contribuyen a su centralización. Los Estados y gobiernos también hallan una ventaja en esos sistemas híbridos, entre públicos y privados, con características permisionadas.  

Al tener por naturaleza menos validadores independientes debido a las restricciones basadas en listas, los gobiernos pueden afectar la estabilidad de la red al someter a su reducido número de participantes a procesos judiciales o confiscaciones de activos.  

No se necesitan, pues, las CBDC para ejercer control monetario, especialmente cuando la creación de redes de criptomonedas están desplazando las ideas de privacidad y descentralización. 

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