Argentina cercena la libertad amplificando la competencia de su policía del pre-crimen

“Obligados a escapar
Somos presos políticos.
Reos de la propiedad
Los esclavos políticos.”

Patricio Rey y sus redonditos de Ricota

En un anterior artículo comenté sobre las últimas radicales ideas que trajeron al ordenamiento jurídico argentino nuestros actuales gobernantes. Esos que actualmente ejercen el legal monopolio de la fuerza mientras sostienen un discurso basado en la libertad. Estos gobernantes son los que nos trajeron la invención de la unidad de pre-crimen. Pero pareciera que esta no les pareció suficientemente distópica y fantasiosa, así que avanzaron con la creación de una segunda normativa, que uso como disparador para este artículo.

La flamante norma básicamente ratifica la idea del ciberpatrullaje preventivo, pero aclara que se expande en pos de prevenir específicamente estafas ponzi piramidales, tales como la de San Pedro.

La regulación en parte se fundamenta en el siguiente fragmento de su CONSIDERANDO:

“Las maniobras mencionadas (en referencia a las estafas piramidales) generan en las víctimas profundos perjuicios económicos, por los que deviene necesario trabajar en la prevención de dichas acciones antes de que se materialicen.”

Boletín Oficial del Estado, Resolución 1330/2024

Me pregunto: ¿Es realmente válido este argumento? ¿Puede la policía federal materialmente prevenir o detener estafas piramidales como la de San Pedro? ¿Qué podrían hacer al respecto?

Imaginemos a Alberto, un estafador -persona física- nacido en X país y que vive en forma nómada, saltando entre países. Este estafador crea una web y una base de datos alojada en un hosting de Tailandia, o incluso en cualquiera de esos hostings anónimos que se pagan directo en bitcoin, además contrata un actor polaco que vive en Málaga, le da un guion escrito por una IA que jurídicamente se encuentra en Dubai y luego pone en producción su esquema ponzi. 

¿Acaso el Gobierno tiene chance alguna de atraparlo? Y si el estafador encima fuera hábil con tecnologías que están diseñadas para preservar la privacidad tales como TOR, TAILS, NOSTR, BITCOIN, ECASH, VPN, hosting pseudónimo, etc. ¿Cuántas chances de atraparlo tienen? ¿Cuántos recursos colaborativos entre múltiples gobiernos deberían apostar para intentar atraparlo? Huelga decir que estas tecnologías, como todas, son cada vez más fáciles de usar, más populares y cada vez poseen mayores niveles de preservación de la privacidad, mientras que su precio disminuye.

¿Acaso la suma de todos los gobiernos podría llegar a atraparlo? Edward Snowden nos ha demostrado que se puede vivir con cierta libertad física incluso siendo uno de los objetivos más jugosos y deseados por el Estado más poderoso del mundo. Mucho más fácil la tiene cualquier estafador de poca monta que es perseguido solamente por la policía federal argentina por haberse llevado algunos dólares gracias a hacerle el cuento del tío a un par de incautos.

Así que, considerando que la policía no puede ni hará nada al respecto para atrapar a los criminales, sólo le queda “prevenir”. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cómo puede la policía “prevenir” el crímen?

A los fines de este ejemplo, imaginemos a un policía federal, honesto, decente, buen trabajador y que respeta los derechos humanos. Llamémoslo Carlos. Más de un lector estará pensando que este tipo de policías no existen, pero en verdad no lo sabemos. Realmente la gente honesta está en todas partes, pero los contextos creados a su alrededor sacan lo mejor o peor de ellos. De todas formas, sigamos con este policía ideal para el ejemplo ya que, si ni siquiera él puede hacer algo bueno por la comunidad, mucho menos podría hacerlo un policía indecente.

Un día Carlos se levanta, se cepilla los dientes, desayuna y sale al trabajo. Imagino que “sale” a una oficina pública donde hay computadoras conectadas con internet. Algo muy común en varios sectores privados y sobre todo en el Estado. A pesar de que la conectividad y el control digital de los empleados y las tareas que hacen o deben hacer es ubicuo y perfecto, muchos órganos insisten en continuar con la ineficiencia del traslado físico hacia un lugar para que luego la persona realice exactamente las mismas tareas digitales que podría hacer desde cualquier lado del mundo.

La cuestión es que Carlos llega a su oficina, se loguea en su computadora asignada y empieza a trabajar. Lógicamente, como todo empleado público decente, lo primero que hace es repasar la normativa vigente y ajustarse a derecho. Recordemos que en las Repúblicas todo lo que hace un administrado (término jurídico para el ciudadano de “a pie”) es legal salvo que esté expresamente legislado como ilegal. Mientras que todo lo que hace un Administrador (término jurídico para el empleado que trabaja para la Administración) en calidad de tal es ilegal salvo que esté expresamente legislado como algo que debe hacer.

Entonces Carlos lee las normas tal y cual y comprende que su tarea es realizar “labores preventivas en el espacio cibernético”.

Comienza entonces a navegar por el inabarcable ciberespacio y ve que en el pequeño pueblo Z, que está bajo su jurisdicción federal se está desarrollando un ponzi. El mismo está dirigido por Alberto, el estafador de esta historia. Éste último controla las claves privadas donde van los fondos estafados y asimismo controla la administración del hosting de Tailandia. Sin embargo, Carlos no sabe esto, ya que Alberto justamente utiliza las herramientas de privacidad mínimas y básicas que, o bien le permiten ocultarse definitivamente de forma irrastreable detrás de suficientes capas de privacidad, o bien utiliza un par de herramientas de privacidad que hacen que, aunque Alberto podría ser rastreable, la cantidad de recursos a invertir para hacerlo no se encuentran justificados. Pero Carlos aún no sabe esto y, además, el tema de la totalidad de recursos a utilizar para meter preso a Alberto escapa de su competencia.
Entonces Carlos eleva la problemática a sus superiores y comienza a pedir la producción de oficios internacionales, pedido de hackers y otras herramientas especializadas en desanonimización, análisis de cadena, y toda la parafernalia posible inventada para doxear gente.

La acción de doxear consiste en buscar relacionar la identidad digital (nym) con identidad física legalmente asignada por el Estado pertinente. Pero estos pedidos oportunamente le son rechazados por falta de recursos. O bien porque, incluso tras invertir ciertos recursos, resulta que no fueron suficientes y la Administración entiende innecesario gastar más para un caso como el de mentas. Huelga decir que en una República toda actividad estatal es discrecional. No sólo porque así lo reconoce el ordenamiento jurídico sinó también por una cuestión de realidad económica. Si se gasta en ciertos recursos no se puede gastar en otros.

Entonces qué orden cree que recibiría Carlos con respecto al ponzi que está viendo en vivo cómo se desarrolla. ¿Qué puede hacer el Estado si decide que no va a rastrear al estafador digitalmente a fondo por todo el ciberespacio y sorteando todos los obstáculos que el estafador ponga? ¿Qué puede hacer el Estado si decidió o dejó que la realidad decidiera por el respecto de su inhabilidad de relacionar actividad digital con personas físicas y luego lograr ubicarlas en el tiempo y espacio para capturarlas? Si ni siquiera puede doxear al estafador mucho menos va a poder capturarlo físicamente. Entonces ¿qué orden va a recibir Carlos con respecto al ponzi en cuestión?

¿Qué órden recibiría Carlos si el estafador además de estafador fuera un opositor al gobierno? ¿Y si no fuera tan estafador pero un poquito sí? ¿Y si fuera un poquito estafador pero muy opositor? Recordemos que el Estado sólo puede actuar conforme lo que la norma jurídica le permita. Pero resulta que esta indica que jurídicamente el Estado puede decidir discrecionalmente como actuar en cada caso.

Mediante esta sencilla artimaña jurídica vemos cómo el ordenamiento republicano permite casi cualquier tipo de arbitrariedad. Todo preso es político canta el Indio Solari. Acertando en su afirmación aunque lo diga por otros motivos distintos.

Entonces, volviendo al caso de Carlos y Alberto, es fácil ver lo que va a ocurrir. El deseo social popular de un Estado que “prevenga” y “haga cesar” el ponzi es el que puede empujar la agenda gubernamental para uno u otro lado. Y conociendo a los Estados sabemos que normalmente se inclinan hacia la vía más demagógica posible. Por lo tanto, Carlos eventualmente recibe la orden de cortar con el ponzi. Es decir, aplicar la legalmente monopólica fuerza y violencia a los fines de hacer cesar los perjuicios y crímenes que actualmente se están desarrollando.

¿Y cómo Carlos puede ejercer eso? Podría mandar peticiones al gobierno de Tailandia o bien directamente al actor privado que le brinda el hosting al estafador Alberto. Pero éste último también puede muy fácilmente replicar su base de datos y seguir en producción desde cualquier otro proveedor de hosting por un coste de $5 mensuales y algunos clicks para instalación.

Entonces ¿cuál es la siguiente acción de Carlos? Posiblemente evalúe alternativas como bloquear a nivel ISP locales (la suma de todos los proveedores de servicios de internet de Argentina) toda dirección IP que el estafador esté usando para su producto (el ponzi). O cualquier otra alternativa tan brusca y grosera como esa.

Más allá de detalles técnicos, en los que tal vez este autor haya pecado por ignorante, la realidad material es que sólo se puede “prevenir” mediante la censura. Es decir mediante la obstaculización de difusión de información usando la fuerza y la violencia.
Por lo tanto, incluso aunque toda la policía federal fuera tan perfecta como Carlos, la realidad es que no les queda otra opción -dentro del sistema actualmente avalado por Milei- que constituirse en censores.

Y ya sabemos lo que pasa con la censura. Un día censuran las páginas y comunicaciones de una burda estafa piramidal y el vulgo festeja. Al otro día censuran a un morocho de aspecto desagradable, de tez oscura y mirada furtiva que dicen que vendía “drogas” a los niños rubios y lindos de familia “bien” a través del marketplace de facebook, y el pueblo vuelve a festejar. Al tercer día censuran a Brian porque dicen que amenazó a Jenny con violencia de género y ya nadie presta atención. Porque tal vez lo hizo, tal vez no, pero “algo habrá hecho” y merece ser censurado. Al cuarto día censuran a Jorge porque dicen que estaba lavando dinero por recibir pagos frecuentes de bajo monto en su cuenta. Y tal vez alguna que otra ONG salga a decir que Jorge sólo hizo un p2p de Bitcoin para alimentar a su familia y que eso no debe ser considerado delito. Pero a esa altura nadie la escucha ni a nadie le importa.

Al vulgo lo que le importa es creer que están siendo cuidados y que los delincuentes “están siendo perseguidos”. Incluso aunque en verdad ellos mismos estén siendo censurados y encarcelados mientras los delincuentes no son perseguidos ni mucho menos hallados.

En conclusión: la última resolución ministerial, avalada por el Poder Ejecutivo Nacional a cargo del orador libertario Javier Milei, implica una expansión de la potestad del Estado acarreando indefectiblemente una disminución de la libertad de expresión de los individuos. Es decir, es una norma contraria a la libertad.

Me gustaría terminar diciendo que Bitcoin arregla esto. ¡Y claro que lo hace! A largo plazo desfinancia a gente como esta que, con discursos de prevención y de precrimen, busca controlar cada posteo de la población bajo su administración. Pero mientras tanto, Bitcoin no arregla esta cuestión. El espacio físico sigue siendo controlado por un aparato represor de la libertad y con clarísimas tendencias e innegables y documentadas acciones tendientes a establecer un sistema de control totalitario siguiendo el modelo chino.

Tal vez la próxima vez los argentinos tengan que votar aún más fuerte. O tal vez, como ya lo demostraron todos los anarquistas racionales, el Estado es una contradicción insalvable y haya que hacer borrón y cuenta nueva. Tal vez nuestra mejor chance de progresar como humanidad sea mediante la creación de alternativas físicas paralelas, pacíficas y basadas en el consentimiento. Es decir, emular en el espacio físico lo que Bitcoin hizo en el espacio digital.

Camilo JdL para Criptonoticias a las 875.045 timechain

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