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El equipo legal de Sierramoros C.A afirma que está listo para pelear por el derecho a la propiedad.
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La Sunacrip toma las medidas que considera correspondientes para los mineros sin licencia.
Una batalla legal relacionada con Bitcoin (BTC) se estaría aproximando en Venezuela. Sierramoros, la empresa dueña de los mineros de Bitcoin que fueron confiscados en noviembre del año pasado, movería todos sus recursos legales para enfrentarse a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), entidad que decomisó los equipos alegando el incumplimiento de la normativa venezolana.
Así se lo adelantó a CriptoNoticias el abogado Carlos Marín Santeliz, miembro del equipo legal de Sierramoros C.A., la compañía a la que le confiscaron decenas de mineros de Bitcoin en noviembre. Según el jurista, la compañía que representa «luchará por su derecho de propiedad».
El abogado sostiene que la medida de incautación tomada por la Sunacrip representa una violación a la presunción de inocencia y de la buena fe, que son derechos constitucionales en Venezuela, además del derecho a la propiedad, según Marín Santeliz.
Es por eso que los defensores de Sierramoros C.A. tienen previsto acudir –previa autorización de la gerencia– ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para recurrir la sentencia.
Hay que recordar que en noviembre del año pasado el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de Caracas falló a favor de los mineros, esto luego de que la Sunacrip confiscara un lote de equipos alegando que operaban sin licencias. Sierramoros había interpuesto un amparo que les favoreció.
Posteriormente, la Sunacrip elevó la causa al TSJ que, en marzo de este año, anuló el fallo a favor de los mineros y confirmó el decomiso de los equipos. El TSJ remarcó la potestad de la Sunacrip para decidir sobre temas que tengan que ver con Bitcoin y su ecosistema.
De acuerdo con el abogado, el equipo legal de la empresa acusada no ha sido notificado formalmente acerca de esa decisión, que revocó la sentencia previa emitida por uno de los juzgados del Distrito Capital, que falló a favor de Sierramoros C.A., tal como lo reportó este periódico.
«Ni siquiera me he molestado en estudiar bien la decisión porque no he sido notificado», aseveró Marín Santeliz en una entrevista exclusiva con este medio. «Al leerla, se deja saber que se están violando derechos constitucionales y eso nos permitiría ir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para poder desmontar las acusaciones», añadió.
Hay que recordar que en Venezuela están por designarse las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, algo que está en proceso, aunque con retraso. Marín Santeliz indicó que seguramente el recurso coincidiría con la llegada de nuevos jueces y magistrados al Poder Judicial.
«Las medidas más drásticas»
De acuerdo con el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, aprobado en Venezuela hace un par de años, existen medidas sancionatorias preventivas para quien se halle minando criptomonedas sin los permisos y licencias previas, establecidas por la Sunacrip.
En su artículo 37, la legislación expone que, si durante una fiscalización de la Sunacrip se detectan indicios de incumplimiento de las obligaciones previstas, se podían tomar al menos tres medidas: suspensión de licencias (de tenerlas), sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente (que queda a discreción de la Sunacrip) y el decomiso de equipos.
Esta última, en palabras de Marín Santeliz, es una de las medidas «más drásticas» que toma el ente gubernamental, violando, a su juicio, el principio de la proporcionalidad, que se refiere a la posibilidad de aplicar sanciones conforme a la infracción cometida.
Si se mina sin licencia, se pueden tomar varias medidas, pero la Sunacrip toma las más drásticas de una vez y eso viola el principio de la proporcionalidad. Lo que más aplican, en su gran mayoría, es la confiscación de los equipos. Aunque hay casos donde, selectivamente, aplican la desconexión.
Carlos Marín Santeliz, abogado de Sierramoros C.A.
De cualquier forma, Santeliz advierte que como los mineros de Bitcoin pueden ser objeto de decomiso, lo lógico es que sobre las máquinas pese la reincidencia. Es decir: se multa una primera vez y se alerta a quien esté operando sin licencia. Si no cumple, se terminan decomisando sus equipos. “Pero eso no pasa de esa manera”, lamentó el jurista.
Si bien el abogado admite que la empresa Sierramoros C.A estaba minando sin licencia, afirma que ya se estaba adelantando el papeleo correspondiente, por lo que advirtió de todo un «tramado personal» detrás de esta historia.
De hecho, esa empresa mantiene interés en la minería desde hace años. En 2018, el CEO de Sierramoros C.A, Marco Salcedo, planteó la solicitud de un crédito al Banco Bicentenario, afín con el gobierno venezolano, para la importación de mineros de Bitcoin.
Eso fue a través de una alianza con el Fondo de Inversión Negro Primero, donde mostró su interés por «adquirir mineros y hospedarlos en nuestras granjas», según lo comentó Salcedo en su momento.
¿Dónde están los mineros de Bitcoin confiscados?
Marín Santeliz no pudo aclararnos el paradero actual de la maquinaria minera confiscada, aunque resaltó que, de acuerdo con la ley, deberían estar bajo la custodia de la Sunacrip, que fue el ente que los confiscó.
Así lo establece el Decreto: «Cuando se ordene la medida de comiso sobre los equipos de minería, la Superintendencia custodiará los respectivos bienes, los cuales en caso de quedar firme la medida, podrán ser dispuestos con fines sociales mediante acto motivado, que a tal efecto suscriba el Superintendente».
Pero en las actas que fueron levantadas durante la fiscalización no se estableció el lugar de resguardo o custodia de los mineros. Ante eso, CriptoNoticias recurrió a personas con conocimiento del caso para obtener más información, y, aunque ofrecieron detalles, las fuentes prefirieron mantenerse en el anonimato.
Nos explicaron que los equipos de minería estarían resguardados por la Sunacrip, más detalladamente en un departamento del edificio, ubicado en Caracas, bajo la orden de que no sean tocados por nadie, debido a la causa legal todavía en curso.
Para confirmar el paradero de los equipos, CriptoNoticias solicitó comentarios de una abogada, miembro del equipo legal de la Sunacrip, pero no obtuvimos respuestas.
De acuerdo con lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, los equipos confiscados fueron 12 Antminer S19 Pro de Bitmain; 1.624 Ebang E9I y al menos 1.475 fuentes de poder. Estos equipos fueron decomisados en la granja de minería de Data Center Soco S.A, en el estado Aragua, al centro del país.
Si bien hubo confiscación en otra planta, controlada por Tecnominado S.A, en Caracas, lo cierto es que no existe claridad sobre la cantidad de equipos que fueron tomados por la Sunacrip en ese momento.
Una fuente de CriptoNoticias afirma que los equipos confiscados a Sierramoros C.A están bajo resguardo de la Sunacrip en su sede en Caracas. / Foto: VTV.
Esta batalla legal en puerta entre los mineros y la autoridad venezolana, buscará destrabar un caso que ya cumple al menos cinco meses en ese país, en donde ha quedado en evidencia la complejidad de ejercer –reguladamente– la minería de Bitcoin en Venezuela, irónicamente, un sitio rentable para realizar la actividad.
