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La ANDE también alertó sobre la falta de voluntad política para desarticular conexiones ilegales
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Ya se realizaron más de 20 operativos por “robo de energía” este año
Las suspicacias sobre el uso ilegal de la energía de las granjas de minería de Bitcoin están a plena luz del día en Paraguay. Y son los propios funcionarios los que lo admiten. El senador, Basilio Núñez, fue quien puso el dedo en la llaga, al expresar sus dudas sobre por qué antes las autoridades evitaban desconectar a los equipos mineros de Bitcoin que operaban sin registros.
El legislador llamó la atención de que el gobierno anterior, a cargo del entonces presidente paraguayo Mario Abdo, no haya identificado las irregularidades ante la alta demanda de energía que requieren las instalaciones que generan criptomonedas. Y apuntó directamente contra las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
“A mí me viene la duda. Tanto los técnicos y funcionarios de la Ande, sean del rango que sea, no se den cuenta de que, en una ciudad, por ejemplo, Paraguarí, Villa Hayes, Ciudad del Este, estén consumiendo cierta cantidad de megawatt que en el período de Mario Abdo no nos dábamos cuenta y ahora en el período de Santiago Peña nos damos cuenta”, deslizó, punzante.
Basilio «Bachi» Núñez, senador y jefe de bancada mayoritaria de Honor Colorado (HC).
En un diálogo con la prensa, Basilio Núñez aclaró que quiso despejar esa duda con el titular de la Ande, Félix Sosa, sobre el antes y el después en la activa intervención del organismo regulador.
“Varios colegas están haciendo esa pregunta, hasta por las redes sociales, y personalmente también lo hice. Dijo que ahora hay voluntad del Ejecutivo, de que eso tiene que cambiar”, afirmó ante medios acreditados en el Senado paraguayo.
Según se informó oficialmente el 30 de mayo, la ANDE realizó desde 2019, junto con el Ministerio Público, 67 intervenciones a mineros conectados ilegalmente. Pero la ofensiva de detección se produjo con el recambio del gobierno nacional. Desde ese año, hubo más de 20 intervenciones de gran magnitud.
Tal como reportó Criptonoticias, se decomisaron al menos unos 9.300 mineros de Bitcoin, tras la última intervención llevada a cabo en la ciudad de La Colmena.
Las autoridades consignaron que el daño patrimonial por “robo de energía”, a lo largo del período evaluado, representa el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray. Son unos 13.000 millones de guaraníes en forma mensual, es decir, unos 2 millones de dólares.
Las dudas del senador están en sintonía con la percepción de los expertos y las suspicacias de la población en torno a la regulación. Está instalado un manto de sospechas ante los indicios de corrupción ligados a la energía, una de las commodities mejor valuadas de ese país.
Así lo indicó días atrás Nelson Cristaldo, ingeniero en energía eléctrica y defensor de la minería: “En Paraguay era demasiado sencillo ir a robar energía. Siempre lo fue, pero ahora está en una escala superior”.
Cristaldo señaló en un reportaje radial la existencia de una “complicidad” entre el ente regulador y las autoridades judiciales. “Hay cerca de 60 denuncias de la ANDE y no tenés solución. Nadie fue preso por robar millones de guaraníes por hora”, sostuvo.
En medio de esta cruzada persecutoria contra los mineros que no pagan el valor de la energía, en el Congreso de Paraguay ya hay varios proyectos de ley en curso para darle “transparencia” a la actividad y regular.
“Es de fundamental importancia legislar la criptominería, pues tiene el potencial de atraer inversiones extranjeras y nacionales, generar empleo y posicionar al Paraguay como un punto actualizado y tecnológico de la región. Al regular esta actividad, se fomenta un entorno de seguridad jurídica y económica que es esencial para el desarrollo sostenido”, señala el proyecto presentado por la diputada María Constancia Benítez.
De un lado opuesto, hay iniciativas que buscan prohibir la industria de la minería, así como toda la actividad relacionada con bitcoin.
Se trata de una propuesta que todavía está en espera de ser debatida en el seno del Congreso paraguayo, y que cuenta con el respaldo de 14 senadores del partido político Asociación Nacional Republicana (ANR).
Actualmente, hay unas 55 empresas legalizadas minando en Paraguay, de las cuales las más grandes son predominantemente locales. Todas requieren de pagos importantes de insumos e infraestructura.
En la disputa por el “excedente” energético, el sector compite con el precio del suministro que también demanda Brasil. Por ahora, a diferencia de su predecesor, el gobierno de Peña parece apostar a la minería para aprovechar sus saldos exportables de origen hidroeléctrico.
