-
Los bitcoins del gobierno provienen de incautaciones realizadas desde 2020.
-
Los BTC se mantienen en wallets del Departamento de Justicia y del Servicio de Impuestos Internos.
De acuerdo con los datos que maneja la firma de criptomonedas 21.co, el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder unos 194.188 bitcoins (BTC). Esto, como producto de una serie de incautaciones que viene realizando aproximadamente desde 2020.
La cifra, que equivale a unos USD 5.390 millones, convierte al gobierno de Estados Unidos en uno de los mayores poseedores de bitcoin. El gobierno se coloca así incluso por encima de Microstrategy, la empresa de cotización pública con más BTC en el mundo, que hasta ahora holdea cerca de 158.245 bitcoins (unos USD 4.600 millones).
Los BTC en manos del gobierno de EE. UU. provienen de una serie de confiscaciones relacionadas con actividades delictivas, que se han venido realizando desde el año 2020.
Las acciones policiales están ligadas al caso Silk Road, con una incautación de 69.369 BTC en noviembre de 2020; el hackeo de Bitfinex en enero de 2022 (94.643 BTC); y la incautación de 51.326 BTC en procedimientos contra James Zhong .
Se estima que las posesiones en BTC pueden ser mayores, si se toman en cuenta otras incautaciones que no han tenido gran repercusión mediática y de las cuales no se han suministrado mayores detalles. Muchas de ellas provienen de casos de estafa, crímenes federales y delitos en la dark web.
Es así como, a medida que crecen los casos de incautación, el gobierno pasó a ser una de las principales ballenas de bitcoin del mercado. Y aunque publicaciones, como la del Wall Street Journal, aseguran que no hay interés en obtener ganancias porque al gobierno “no le interesa si BTC baja o sube”, la incautación de estos activos se ha convertido en un negocio.
Lo busque o no, el gobierno obtiene ganancias con bitcoin
Las ganancias provienen, por un lado, de la revalorización de la moneda digital en el mercado, pues en estos 3 años bitcoin alcanzó un máximo histórico de casi 70.000 dólares. Lo que generó un aumento sustancial de los activos incautados hasta finales del 2021. Las ganancias se han sostenido luego, a pesar del prolongado criptoinvierno que se experimentó en 2022.
Por otro lado, las ganancias también ingresan a las arcas gubernamentales a través de las subastas de criptomonedas que realiza. La más reciente permitió el ingreso de más de USD 215 millones, tras la venta de unos 10.000 bitcoins el 14 de marzo pasado.
Sobre este tema, Jarod Koopman, director ejecutivo de la sección forense y cibernética del Servicio de Impuestos Internos (IRS), comentó al Wall Street Journal que el gobierno no comercia activamente ni mide el tiempo del mercado. “Más bien, sus acciones están dictadas por el momento del proceso legal”, asegura.
Intenta así señalar que no hay interés en obtener ganancias. Se pone como ejemplo la subasta de un total de 185.230 bitcoins provenientes de actividades ilícitas, que se hizo en febrero de 2020.
Tal como informó CriptoNoticias, para ese momento la oficina de alguaciles (adjunta al Departamento de Justicia) había acumulado, desde 2014, una cantidad de bitcoin que se habían apreciado sustancialmente en el mercado. Sin embargo, aunque la venta se realizó a pérdida (al vender con un valor por debajo) ya se habían obtenido beneficios por la tendencia alcista por la que atravesaba el precio de BTC en ese periodo.
Sobre ello, se señala que son los procedimientos administrativos los que al final juegan a favor y permiten al gobierno obtener ganancias. Esto, tomando en cuenta que los trámites suelen tomar años debido a largas investigaciones y procedimientos legales.
Ocurre porque cuando una agencia gubernamental se apodera de un activo digital, no se convierte en propietaria de inmediato. Debe esperar la orden final de un tribunal para el decomiso. Es en ese momento cuando se transfieren las criptomonedas al Servicio de Alguaciles de EE. UU., responsable de liquidar los activos incautados a través de ventas programadas en exchanges.
Mientras tanto, los activos se mantienen en carteras frías que dependen del Departamento de Justicia y del IRS. Una vez que pasan al Servicio de Alguaciles para hacer subastas, el dinero que ingresa por la venta se deposita en el Fondo de Confiscación del Tesoro o en el Fondo de Confiscación de Pertenencias de la División de Justicia.
Hay quienes sostienen que no hay total transparencia en este proceso. No está muy claro el uso que se hace del dinero ganado por las subastas. El gobierno dice que se usa para ayudar en investigaciones futuras.
También se cuestiona el doble papel del gobierno de EE. UU., primero como regulador de criptomonedas y luego como importante poseedor de BTC con gran poder de influencia en el mercado.