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El Departamento de Justicia señaló a Joselit Ramírez por ayudar a Maduro a evadir sanciones.
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Habría gestionado vuelos privados a favor de la campaña presidencial del 2018.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó este jueves 26 de marzo a Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela, por estar involucrado en delitos que estarían relacionados con la gestión de vuelos privados durante la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2018, a fin de evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país (OFAC).
En un extenso comunicado, el Departamento de Justicia indicó que Ramírez estuvo involucrado junto con Tareck El Aissami, como vicepresidente del área económica de Venezuela, entre febrero del 2017 hasta marzo de 2019, en tramitar y proporcionar servicios aéreos para beneficiar a Maduro durante el desarrollo de su campaña para la reelección.
«Desde febrero del 2017 hasta marzo del 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro en 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro y después de organizar elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ahora dirige (Diosdado) Cabello Rondón», informó el Departamento de Justicia.
La acusación fue emitida por el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York en la que se acusa a Ramírez, a El Aissami y al empresario Samark López Bello de realizar esfuerzos para burlar las sanciones que pesan contra Maduro, el propio El Aissami y el referido ejecutivo.
La acusación contra Ramírez está incluida dentro de otra más extensa que acusa a Maduro y a otros 13 funcionarios actuales, o exfuncionarios, que son señalados de narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales.
Desde junio del 2018 Ramírez está al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). El funcionario fue designado en el cargo tras la salida de Carlos Vargas, quien se mantuvo al mando de la Sunacrip desde diciembre del 2017 hasta esa fecha. Ese diciembre Maduro anunció que Venezuela tendría su propia criptomoneda a la que llamó Petro.
En marzo del 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una orden ejecutiva a través de la cual se sancionaría a cualquier estadounidense o empresa en esa jurisdicción que comercializara con petros de Venezuela.
Antes de ser superintendente, Ramírez también se desempeñó como director general de la vicepresidencia de la República, cargo que ocupó tras ser designado por El Aissami. Ambos trabajaron en conjunto cuando El Aissami fue gobernador del estado Aragua, en la región central de Venezuela, entre 2012 y 2017. En ese entonces Ramírez fue secretario de despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la gobernación.
Durante su gestión el gobierno de Venezuela ha estado intentado masificar el uso del petro por diversas vías. Sin embargo, el uso de este proyecto de criptomoneda, por parte de ciudadanos venezolanos, se ha visto muy limitado.
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