Piden 30 años de cárcel para el cabecilla del esquema Arbistar

Arbistar, uno de los casos de estafa con criptomonedas más masivas del mundo, sumó un nuevo capítulo. Unas 3.800 de personas damnificadas presentaron un pedido para que se condene hasta 29 años y 9 meses de prisión al líder del esquema, Santiago Fuentes Jover.  

Los damnificados presentaron la solicitud con un escrito ante la Audiencia Nacional de España, a través del estudio Aránguez Abogados. Se trata de uno de los 12 grupos en litigio que intervienen en defensa de los 8.200 damnificados y que, de acuerdo a las estimaciones judiciales, pueden ascender a los 32.000.  

Los demandantes quieren ver a Fuentes Jover y a los otros cinco acusados en la cárcel, con penas que van desde los 16 hasta los 27 años de privación de libertad.  

Según esta acusación, el «perjuicio global” de Arbistar alcanza los 3.500 millones de euros.  

La causa se remonta a septiembre de 2020, cuando salió a la luz el esquema “Ponzi” en el que estaba basada la presunta estafa. El origen tuvo lugar con el cierre del community bot, un software encargado de hacer el arbitraje automatizado de criptomonedas.  

La estrategia para atraer a los inversores que terminaron perjudicados era atractiva. Desde el marketing, la firma se mostraba como especialista en trading y ofrecía un negocio que tendría una alta y rápida rentabilidad con Bitcoin (BTC).  

Aquellos que decidieran sumar su inversión tendrían entre 8 y 15 por ciento de ganancia semanal. Sin embargo, la mecánica que definían era similar a lo que ocurre con las estafas piramidales, en el que el capital obtenido por los nuevos inversores se sostenía todo el negocio “en la que se generaba un supuesto compounding (intereses)». 

El escrito presentado por las víctimas de Arbistar daba detalles de las características de la operatoria.  

«Los usuarios ingresaban distintas cantidades de moneda fiat (euros) desde sus cuentas bancarias a la plataforma de comercio de criptomonedas COINBASE, la cual gestionaba el cambio de euros a BTC, para posteriormente ingresar desde su wallet o monedero digital la cantidad de criptomonedas resultante al community bot -el supuesto algoritmo responsable del arbitraje de la criptomoneda– de la empresa Arbistar», señala la acusación judicial. 

«Una vez realizado el envío de las criptomonedas al monedero electrónico de Arbistar, el cliente perdía el control sobre su capital, no pudiendo retirar el monto en los siguientes dos meses», continúa la explicación.  

El monedero de Arbistar había sido diseñado para recibir los criptoactivos, que luego se transferían a una cuenta bancaria externa.  

Sin embargo, según este grupo querellante, en «ningún momento se hizo un trading de arbitraje con los bitcoins» ni compra alguna de criptomonedas. Los rendimientos que se mostraban eran ficticios.  

Todo estalló cuando varios inversores intentaron retirar sus fondos en agosto de 2020 y Arbistar se negó a otorgar esa devolución. La maniobra se materializó el mes siguiente.  

“Pero fue el 13 de septiembre de 2020, cuando la empresa decreta el cierre del community bot a través de un comunicado debido a un supuesto fallo en el programa informático que automatizaba la compraventa de BTC, el cual, había generado más interés de lo realmente obtenido, produciendo así un descuadre de cuentas y congelando los fondos de los usuarios», señala el escrito, tal como reportó oportunamente CriptoNoticias. 

La demanda del grupo representado por Aránguez plantea que se indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados en bitcoin.  

Entre los puntos especificados, se solicitó que la responsabilidad civil consistirá en la devolución de las cantidades transferidas a Arbistar más un 45% adicional por los «daños patrimoniales y morales». 

El derrotero de la investigación 

Santiago Fuentes Jover, sindicado como el responsable de la operativa, se encuentra en prisión desde el pasado 26 de junio por orden del juez José Luis Calama.  

Al inicio de la causa, Fuentes Jover conversó con CriptoNoticias y dijo que estaba organizando un plan de pagos para los inversionistas. El hombre, por ese entonces, estaba prófugo.  

El cabecilla de la operación está acusado por la comisión de los presuntos delitos de estafa agravada, organización y dirección criminal, de participación activa y de falsificación de documento mercantil. 

El juez Calama investiga desde 2021 el caso, luego de aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. En julio de ese año se abrió otro expediente por el presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.  

Los letrados de los damnificados estaban preocupados en los últimos meses porque la situación judicial no avanzaba. Pero todo se reactivó con el impulso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual se pronunció semanas atrás en sintonía con las víctimas y pidió la pena de más de 29 años de cárcel a Fuentes Jove.  

Esta decisión judicial es una doble garantía para las personas afectadas.  

En su presentación, el fiscal Joaquín González-Herrero González calificó de “engaño masivo e internacional” la operación de Santiago Fuentes y sus colaboradores, y que Arbistar fue una “carcasa jurídica” llamada impostada con apariencia de “realidad, profesionalidad y solvencia”.  

Según el escrito de acusación, el CEO de Arbistar y sus socios urdieron un plan de esquema piramidal típicas de las estafas, como el denominado “plan amigo”, que consistía en compensar a clientes que atraían nuevos inversores, o el “club Arbistar”, que prometía conseguir mayor ganancia a cambio de una permanencia superior a los tres años. 

La Justicia corroboró que el sistema de algoritmos nunca estuvo operativo, según la conclusión de un informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que interviene en el caso.