Hechos clave:
- El país norteamericano tiene 60 días para responder la queja venezolana.
- En caso de no responder, la OMC podría resolver el caso por un grupo de la organización.
Venezuela introdujo una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que acusa a los Estados Unidos de implementar “medidas discriminatorias coercitivas de restricción comercial, con respecto a transacciones en moneda digital venezolana”, es decir, con el Petro. Desde marzo del 2018, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido comerciar con cualquier criptoactivo emitido o respaldado por el gobierno venezolano.
La denuncia alega textualmente que “las monedas digitales de origen de los Estados Unidos no están sujetas a las mismas prohibiciones”, lo que, según el país suramericano, le otorga un “trato menos favorable”.
La OMC recibió la “solicitud de consultas”, de la delegación venezolana, el pasado 28 de diciembre, pero no fue sino hasta el martes 8 de enero cuando se hizo pública. La comunicación, dirigida a la delegación de los Estados Unidos, fue notificada también ante el Órgano de Solución de Diferencias.
El documento recoge cinco “medidas discriminatorias” sobre múltiples aspectos comerciales, entre ambos países, e incluye al Petro como cuarto punto a ser considerado por la OMC. En la queja venezolana se puede leer lo siguiente sobre el criptoactivo:
“Medidas discriminatorias coercitivas de restricción comercial con respecto a transacciones en moneda digital venezolana adoptadas de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 13808, 13827 y 13835”.
En este apartado se añadió: “Estas medidas coercitivas de restricción comercial de los Estados Unidos que son objeto de los servicios financieros y proveedores de servicios financieros venezolanos, donde los proveedores reciben un trato menos favorable que los servicios similares y los proveedores de servicios de Estados Miembros de la OMC no sujetos a las medidas coercitivas restrictivas al comercio, en infracción del artículo II.1 del AGCS”.
Trato “menos favorable”
Venezuela también apuntó a los criptoactivos estadounidenses al decir que “dado que las monedas digitales de origen de los Estados Unidos no están sujetas a las mismas prohibiciones que las monedas digitales venezolanas, los Estados Unidos otorgan un trato menos favorable a los servicios financieros y proveedores de servicios venezolanos”.
La página de la OMC indica, sobre este caso, que “el demandante solicita consultas con el demandado, no se estableció un panel de disputas y no se notificó ningún retiro o solución mutuamente acordada”.
Los Estados Unidos tienen ahora 60 días para responder la queja de Venezuela, en caso de no hacerlo, el país suramericano puede solicitar a la organización una decisión a través de un grupo de resolución, según informó Reuters.
El Petro y sus altibajos
En diciembre del 2017 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del petro como criptomoneda del estado venezolano. Desde entonces, los anuncios del gobierno han sido para promocionar el criptoactivo. Sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos, el Petro aún no ha calado como una propuesta de criptomoneda.
En mayo del año pasado, la India, uno de los socios comerciales de Venezuela, descartó usar petro para comerciar Petróleo con el país, eso a pesar de un descuento del 30% si el país asiático compraba crudo usando el criptoactivo. Además, en diciembre del año pasado, Maduro le propuso a la “Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP)”, utilizar el Petro como moneda de intercambio. No obstante, el asunto quedó solo en la cumbre realizada en Cuba.
Las ya tensas relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos subieron de tono en marzo del 2018 cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que se prohibió a los estadounidenses la compra de cualquier criptomoneda emitida o respaldada por el gobierno venezolano. El mandato incluye a personas individuales o entidades jurídicas.
Como respuesta, Maduro señaló que las sanciones “constituyen una nueva agresión imperial orientada a intensificar el ataque a nuestro pueblo, pretendiendo por la vía del bloqueo comercial, la persecución financiera y el boicot económico, caotizar nuestra economía”.
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