El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea anunció la adopción de la ley enmendada por el Parlamento Europeo para eliminar el anonimato en los servicios de las casas de cambio digitales, billeteras y tarjetas prepagadas basadas en criptomonedas.
En la búsqueda de “abordar los riesgos vinculados a las tarjetas prepagadas y las monedas digitales”, desde el pasado 14 de mayo la Unión Europea asumió, sin debate, emplear las disposiciones establecidas en la nueva Ley para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Dicha resolución establece una ampliación en el acceso a la información “sobre el beneficiario real” por parte de los reguladores, para así eliminar en la medida de lo posible el anonimato en las transacciones vinculadas a compañías del ecosistema Bitcoin.
La legislación aprobada el pasado 19 de abril, estipula que las casas de cambio de criptomonedas y los servicios de billeteras deben implementar políticas de Conozca a Su Cliente (Know Your Customer, KYC).
Por su parte, los servicios de tarjetas prepagadas con criptomonedas obligatoriamente deben estar vinculadas a identificaciones verificadas y restringidas a soportar 250 euros como máximo. Una obligación a la que añaden la posibilidad de que los mismos usuarios tengan permitido “autodeclarar” su identidad de forma voluntaria.
Es importante tener en cuenta que la legislación, según la diputada francesa Judith Sargentini, está enfocada principalmente en el control de las tarjetas prepagadas con criptomonedas, pues fueron las utilizadas para alquilar y comprar vehículos que sirvieron para perpetrar los ataques terroristas de Francia en 2016.
Asimismo, la modificación a la legislación del 2015 prevé una mejora en la “transparencia entre las empresas y los fideicomisos”, que busca primeramente facilitar el monitoreo de las autoridades financieras de cada país, así como también exigir cooperación entre las unidades de investigación para que funcionen de una manera más eficiente. Los puntos recién mencionados no solo están dirigidos hacia el uso ilícito de las criptomonedas, sino de las finanzas en general que sean destinadas a costear actividades ilegales.
Estas nuevas reglas responden a la necesidad de un incremento en la seguridad en Europa por medio de la supresión de los medios disponibles para los terroristas. Ellas nos permitirán desarticular las redes delictivas, sin comprometer los derechos fundamentales y las libertades económicas.
Vladislav Goranov
Ministro de Finanzas
Los estados de la Unión Europea deberán adaptar sus políticas regulatorias financieras a este nuevo marco legal en los próximos 18 meses en lo que respecta a personas jurídicas y otras entidades, y en los próximos 20 meses en lo que respecta a los fideicomisos.
Sin embargo, este no sería el punto final en las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues para 2020 los registros centrales de cada país deberán “estar interconectados a través de la Plataforma Central Europea”. Una etapa de regulación para la que se prevé que los intercambios de criptomonedas estén obligados a cumplir directrices más estrictas en este sentido.
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