Al ser varias las alertas de seguridad acerca de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), vuelve a la palestra pública la posibilidad de una nueva estafa en el ecosistema de tecnologías descentralizadas. La Organización de Naciones Unidas desmintió una supuesta alianza con el proyecto blockchain ecológico impulsado por la empresa Ecobit, información que fue difundida sin permiso del ente internacional.
Hasta ahora, la startup blockchain había estado empleando el logotipo de la ONU para promocionarse, mientras ofrecía la venta de su token para el financiamiento de lo que describe como “uno de los primeros proyectos ecológicos que usa tecnología blockchain” y está dedicado a compensar la falta de carbono forestal en el estado de Kelantan, en Malasia.
No obstante, el medio malasio The Malaysian Insight, reportó que Ahmad Hafiz Osman, Analista de Comunicaciones del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), habría confirmado que la agencia internacional «no está involucrada ni posee ninguna alianza con Ecobit», a diferencia de lo que afirma la startup.
Asimismo, la iniciativa se ve relacionada a la empresa Sdn Bhd, una firma de créditos de carbono. La compañía también trabaja en conjunto con el gobierno de Kelantan en el programa de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de la ONU, mejor conocido como REDD. En nombre de la organización internacional, Osman enfatizó la carencia total de lazos entre ambas empresas y REDD.
El UNDP en Malasia no está involucrado y no tiene ninguna asociación con Ecobit. No hay proyectos de ONU-REDD ni proyectos de REDD + aprobados por la UNFCCC en Malasia. Hasta ahora, no se nos ha notificado que alguna agencia de la ONU se haya asociado con Ecobit, por lo que no se permite el uso del logotipo de la ONU y sus agencias.
Ahmad Hafiz Osman
Analista de comunicaciones
De acuerdo a su plataforma web, Ecobit es «uno de los primeros proyectos ecológicos que usa tecnología blockchain» y está dedicado a compensar la falta de carbono forestal en el estado de Kelantan, en Malasia.
Aunque todos estos acuerdos suenan legales y positivos para el medio ambiente, la realidad tras estos dos proyectos supuestamente ecológicos es que el Banco Central de Malasia ha indicado a las dos compañías como sitios no autorizados para operar, listándola entre las 334 empresas que operan de forma ilegal en el país.
De igual manera, los ciudadanos de Malasia y personas de alrededor del mundo han acusado por medio de las redes sociales a estas iniciativas como fraudes e incluso consideran que el gobierno de la localidad está recaudando dinero ilegal por medio del programa REDD y estos dos proyectos ecológicos.
Ahmad Yakob, líder de la región de Kelantan, negó dichas acusaciones realizadas por los usuarios e instó a todos los inversionistas de Ecobit y Sdn Bhd a mostrar las pruebas e informes de su legalidad y celeridad a las autoridades pertinentes y a la policía.
No obstante, aunque los voceros de la empresa han informado que lanzarán un comunicado al respecto en busca de esclarecer las disputas sobre si la iniciativa es un fraude o no, lo único tangible y certero que ha quedado de toda esta controversia es que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas no se encuentra involucrado en este proyecto y resalta que sus logos no pueden ser utilizados sin permiso por la startup.
La ONU se ha mostrado ampliamente receptiva a las actividades de tecnología de contabilidad distribuida y se encuentra colaborando con muchas de ellas en la actualidad. Después de todo, la organización apuesta por convertir a blockchain en una herramienta humanitaria y sus instituciones miembros, como el Banco Mundial, han realizado importantes aportes al ecosistema.
Esta adición a los casos de fraude presentados en los últimos meses genera preocupación en el mundo de los criptoactivos y las ICO. Por ejemplo, recientemente Noruega pidió los datos asociados a OneCoin por alerta de estafa, un grupo de monjes budistas también ha reportado un posible esquema piramidal, igualmente la plataforma AlphaBay también está siendo indicada por estafa multimillonaria. En este caso, las autoridades gubernamentales malayas tendrán la última palabra.
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