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Hay preocupación por la expropiación de derechos en ZEDE, tras fallo judicial.
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Los derechos que el gobierno otorgó a las ZEDE, ahora están bajo amenaza.
La Bitcoin City de la isla de Roatán en Honduras, sigue funcionando con normalidad. Esto, un mes después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales a las ciudades charter, más conocidas como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales existen en el país centroamericano desde 2013.
Próspera, llamada también la Bitcoin City de Honduras, junto con otras ciudades charter o ZEDE son proyectos de un tipo de división administrativa independiente en algunas zonas del país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia las aprobó en el pasado, pero con la llegada del gobierno de Xiomara Castro, en 2022, el Parlamento hondureño derogó a estas iniciativas al considerar que ceden soberanía a los extranjeros.
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema votó mayoritariamente en contra de la ley que permitía el establecimiento y desarrollo de estas ciudades autónomas con gobierno privado. Y desde que se conoció este fallo, ha surgido una intensa polémica. Abogados especializados argumentan que, una vez que el gobierno concede un derecho, como una exención fiscal o una garantía de estabilidad jurídica, no puede retirarlo arbitrariamente sin seguir el debido proceso.
La sentencia de la Corte contra las ZEDE fue aprobada con efecto «nulatorio», lo que significa que su decisión tiene carácter retroactivo e invalida toda normativa relacionada con estas zonas económicas previamente aprobadas.
La derogación de las leyes que sustenta a las ZEDE se lleva a cabo en un contexto de incertidumbre jurídica. Esta situación ha generado opiniones divergentes en torno a la interpretación de la Constitución de la República y acerca de la posibilidad de reformar artículos que son considerados intangibles o «pétreos», es decir, leyes tan fundamentales que no pueden ser derogadas o modificadas con facilidad.
Alex Ugorji, un emprendedor interesado en «jurisdicciones competitivas, civilizaciones disidentes y tecnologías disruptivas», sostiene que lo que está ocurriendo con las ZEDE en Honduras evidencia un proceso de «expropiación». Ugorji afirma que, aunque no hay pruebas de actividad ilegal en las ZEDE que justifiquen su cierre por parte del gobierno, existe evidencia de que se están eliminando derechos adquiridos que la Constitución garantiza a estas zonas y a sus residentes.
Más de 140 inversionistas de 19 países han expresado su preocupación por medio de una carta dirigida a Rebeca Obando, presidenta de la Corte Suprema de Honduras. En ella, denuncian la «expropiación ilegal de inversiones en las ZEDE y violaciones del Derecho Internacional» por parte del gobierno, afectando a una coalición de empresas que realizaron inversiones significativas en Honduras bajo el amparo de la ley que protege a las ZEDE.
En el documento se enfatiza que la ley ZEDE, promulgada en 2013, garantizaba la «estabilidad jurídica de las zonas económicas especiales por un período de 50 años, respaldada por tratados internacionales y contratos de estabilidad».
Además, se informa que unas diez compañías internacionales estarían preparando demandas de arbitraje internacional contra Honduras tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de 2013, según Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, la primera ZEDE establecida en el país en la isla de Roatán, también conocida como Bitcoin City, como se dijo antes en esta nota.
«Eliminar a las ZEDE es una expropiación»
Honduras Prospera Inc. (HPI), junto con sus afiliados, ha lanzado una advertencia contundente sobre las implicaciones legales de cualquier cambio en el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Según asesores legales de HPI, la promesa de estabilidad jurídica que se les ofreció es un derecho adquirido que, si se ve amenazado por acciones del gobierno hondureño, podría constituir una expropiación. Esta situación plantea un dilema grave para el futuro económico del país.
En una publicación reciente, Nick Dranias, representante de HPI, enfatizó que cualquier acto del gobierno que genere inestabilidad en la ZEDE podría invalidar los derechos legales otorgados a la empresa.
Dranias también proporcionó una estimación alarmante: si se eliminan las ZEDE, Honduras podría enfrentar una exposición financiera de aproximadamente 10.775 millones de dólares. Este monto, según él, refleja el valor presente de la parte de HPI en tarifas, impuestos y el aumento del valor de la tierra, suponiendo que su modelo de negocio pueda operar con estabilidad jurídica durante un período de 50 años.
La incertidumbre sobre el futuro de las ZEDE y su impacto en las inversiones pone al gobierno de Honduras en una posición delicada. Mientras que algunos sectores ven la eliminación de las ZEDE como una oportunidad para redirigir el desarrollo económico del país, otros advierten que esto podría llevar a pérdidas millonarias y a un desincentivo para futuros inversores.
El debate sobre las ZEDE continúa y plantea preguntas fundamentales sobre la dirección económica que Honduras debe tomar en los próximos años. La decisión que tome el gobierno, si bien es cierto que afectará a Próspera, también definirá el panorama de inversión y desarrollo en el país por un largo tiempo.
«Vamos a hacer BRRRR en la isla de Roatán»
A pesar de los desafíos que enfrenta la Bitcoin City de Hondurasm, se llevará a cabo el reto Bitcoin Roatán Retreat, un tour de cinco días que promete actividades de relajación y oportunidades de negocio en un entorno donde el uso de la moneda digital pionera es común.
Roatán, conocida por sus aguas cristalinas y su historia pirata, se está transformando en un centro para la comunidad bitcoiner a través de la zona económica especial Próspera. La comunidad Amity Age ha promovido la adopción y educación sobre Bitcoin, integrando esta criptomoneda en la vida diaria de la isla, por lo que «hacer BRRR» para ellos es impulsar la adopción de la moneda digital.
El equipo de Amity Age utiliza la metáfora de los piratas y su uso de parches en el ojo para representar la necesidad de adaptarse y defenderse en el ecosistema financiero actual. Esta imagen ilustra su enfoque en la privacidad y la autonomía financiera.
A pesar de las adversidades políticas, los bitcoiners en Roatán continúan trabajando para establecer su comunidad y defender su visión de un sistema financiero paralelo, resaltando la tensión entre la innovación y las regulaciones gubernamentales en Honduras.
