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El proyecto de ley 247 ya pasó por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.
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La propuesta busca que la regulación pueda servir también para atraer empresas del ecosistema.
Panamá avanza en la discusión de un marco regulatorio para los criptoactivos mientras busca encontrar un equilibrio entre supervisión, prevención del lavado de dinero e innovación. El proyecto de ley 247, que parece estancada desde marzo de 2025, ya pasó por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional y actualmente se encuentra en una subcomisión, donde será sometido a consultas con reguladores, bancos y representantes del sector tecnológico.
En el marco del Cripto Latin Fest 2026, Gabriel Solís, diputado suplente e impulsor de la iniciativa, explicó a CriptoNoticias que esta etapa será clave para recoger las observaciones de instituciones como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Asociación Bancaria, la Cámara de Comercio Digital y Blockchain y la Cámara de Comercio.
Después de esta fase, el proyecto deberá avanzar por los tres debates legislativos antes de llegar al presidente para su eventual sanción. Aunque reconoce que todavía falta camino, el diputado considera que la discusión ya está generando un cambio en la percepción sobre los activos digitales en el país.
“Todavía estamos, como digamos, en los inicios. Pero hemos generado esta bulla o este movimiento en el país”, afirmó, y destacó que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que los criptoactivos son “un tema del presente y no del futuro”.
El proceso, además, tiene como antecedente un intento anterior de regulación que terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Para Solís, aquella experiencia es precisamente una de las razones por las que el nuevo proyecto debe construirse de manera diferente.
“En el periodo pasado ya hubo una propuesta en la Asamblea que cursó los tres debates, el presidente la veta, la regresa a la Asamblea, la Asamblea la pasa por insistencia y de ahí tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia la declara inconstitucional. Entonces tenemos que ver qué pasó ahí para no caer en eso”, señaló.
Panamá mira a El Salvador y Estados Unidos
A partir de esa experiencia, Solís defiende una regulación que establezca reglas claras sin cerrar la puerta a las empresas vinculadas con la economía digital. Su referencia es el marco europeo MiCA, aunque insiste en que Panamá debe estudiar qué funcionó y qué no en otros mercados antes de replicar sus modelos.
“Creo que lo más importante es que tengamos una regulación clara, sencilla y flexible. Podemos ver el caso de la Unión Europea con la ley MiCA, cómo regularon el ecosistema y al principio todo el mundo corrió a buscar su licencia. Entonces, creo que hay cosas ahí que nosotros tenemos que revisar para no quedar en los mismos errores que pudo tener el propio caso de Panamá”.
Gabriel Solís, diputado de Panamá.
En cuanto a los modelos internacionales, el diputado considera que Panamá debe observar especialmente las experiencias de El Salvador y Estados Unidos, aunque por motivos distintos. Sobre el país centroamericano, cuestiona la decisión inicial de convertir bitcoin en moneda de curso legal.
“Vemos el error que comete El Salvador al principio, cuando arranca como pionero y ponen a bitcoin de moneda de curso legal. Entonces eso, principalmente, no podemos caer en ese error nuevamente”, dijo Solís, aunque reconoció que el país tuvo la capacidad de corregir y ajustar su modelo.
Estados Unidos representa otro tipo de referencia por su relación económica con Panamá y por el avance de su marco regulatorio para los activos digitales. Solís mencionó la Ley Genius y la ley Clarity como señales de que el mercado estadounidense está avanzando hacia una mayor definición normativa.
Ese escenario también podría ayudar a superar uno de los principales obstáculos que, según el diputado, enfrenta la regulación panameña: la cautela del sector bancario ante posibles operaciones con activos digitales y el temor a afectar sus relaciones con bancos corresponsales en Estados Unidos.
“Lo primero que te van a decir es: ‘No, es que si yo hago una transacción con criptomonedas, ¿qué me va a decir mi banco corresponsal en Estados Unidos?’. Entonces ahí le podemos decir: bueno, tu banco corresponsal en Estados Unidos está haciendo transacciones en criptomonedas”.
Gabriel Solís, diputado de Panamá.
Para Solís, Panamá no necesita escoger entre regulación e innovación, sino diseñar un marco que permita ambas. La apuesta, sostiene, es aprovechar el crecimiento de los activos digitales sin repetir los tropiezos de otros países y convertir la regulación en una herramienta para atraer empresas y modernizar incluso al sistema financiero tradicional.
“Está aquí, está para quedarse, está para transformar y mejorar nuestro ecosistema, incluso hasta la banca tradicional”, concluyó.
