La minería de Bitcoin renacería en Venezuela con nuevas licencias OFAC

El sector de la minería de Bitcoin vuelve al centro de la escena tras la decisión de Estados Unidos de flexibilizar las sanciones sobre el sistema eléctrico venezolano.

Mediante dos licencias emitidas el 13 de marzo, la Oficina de Control de Bienes extranjeros (OFAC) habilitó la exportación de equipos y servicios técnicos de origen estadounidense, un movimiento que diversos analistas interpretan como el primer paso legal para una eventual operación de granjas de minería en territorio venezolano.

El Departamento del Tesoro reemplazó las directrices previas de febrero con las Licencias Generales (GL) 48A y 49A. La primera habilita a entidades estadounidenses para proveer software y equipos necesarios para la generación y transmisión de energía, además de servicios para los sectores de petróleo y gas.

Aunque las licencias generales 48A y 49A de la OFAC no mencionan explícitamente la minería de Bitcoin, ni acuerdos de compra de energía para mineros, ni privatización energética, es razonable considerar que con las mejoras en la red eléctrica se podría habilitar indirectamente un desarrollo a largo plazo en ese sector.

De hecho, así lo plantea una publicación del usuario elsultanbitcoin, quien afirmó que las licencias hacían «oficial» la inversión directa de mineros estadounidenses para reactivar plantas termoeléctricas. Aunque analistas legales describen estas afirmaciones como «exageradas».

Para que Venezuela pudiera albergar una minería significativa sin colapsar el servicio residencial, la generación efectiva debería superar los 25 GW. Lograr este excedente requeriría inversiones de capital que especialistas de Americas Quarterly estiman en unos 13.000 millones de dólares solo en los primeros tres años de rehabilitación.

Si bien la minería global consume actualmente entre 18 y 21 GW, según el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, cualquier integración de esta industria en el contexto venezolano dependería de la reactivación de plantas térmicas subutilizadas o la culminación de proyectos hidroeléctricos como Tocoma, la cual requeriría entre 800 y 1.000 millones de dólares y de cuatro a cinco años de ejecución.

Al día de hoy, 16 de marzo de 2026, no se han registrado anuncios oficiales de contratos o inversiones bajo las nuevas licencias. Por ahora, las medidas del Tesoro funcionan como un puente legal. Es decir, ofrecen la estructura necesaria para una reconstrucción técnica a largo plazo, pero mantendrían a Washington como el árbitro final de cada kilovatio que se negocie en el país.

Lo otro a tener en cuenta es que la normativa prohíbe la creación de nuevas empresas mixtas (joint ventures) y exige que cualquier disputa legal se resuelva bajo jurisdicción de Estados Unidos, lo cual limita la intervención oficial de empresas de minería de Bitcoin para invertir en Venezuela.

El gas natural una vía de rescate para la minería de Bitcoin

Como lo ha informado CriptoNoticias, especialistas del sector afirman que la vía más expedita parala recuperación energética y financiera de Venezuela reside en el aprovechamiento del gas natural que actualmente se desperdicia.

Según estimaciones, el país disipa anualmente cerca de 13.000 millones de metros cúbicos de gas en forma de emisiones contaminantes, lo que representa una pérdida de ingresos potenciales de 1.400 millones de dólares.

«Es totalmente viable y representa una oportunidad estratégica», afirma Demerson David, minero especializado en esta tecnología, quien sostiene queutilizar este excedente para alimentar centros de datos de Bitcoin transformaría un pasivo ambiental en un activo financiero líquido de disponibilidad inmediata.

Para los defensores de esta iniciativa, el uso de gas asociado a la producción petrolera en estados como Monagas y Anzoátegui posicionaría a Venezuela como un centro de innovación energética en América Latina.

No obstante, advierten que la transformación de este desperdicio en energía productiva no depende únicamente de la disponibilidad técnica de los recursos, sino de una voluntad política que facilite la infraestructura necesaria. De concretarse, esta estrategia permitiría reactivar la capacidad de generación sin sobrecargar la red eléctrica residencial, resolviendo simultáneamente el problema de la quema de gas (flaring) en los principales pozos y refinerías del país.