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Un agujero jurídico deja víctimas sin amparo.
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El código lo autorizó. Los seguros no lo cubren.
Sin vulnerar una sola contraseña, 3.998,5 bitcoin, con un valor cercano a los 320 millones de dólares, abandonaron las reservas de Liquid Network. No hubo robo de credenciales ni ningún tipo de fuerza; el protocolo, sencillamente, obedeció una instrucción ejecutable.
El incidente deja a los juristas sin poder resolver el dilema de si realmente se cometió un delito. Al no existir intrusión técnica ni manipulación de una víctima humana, la figura de la estafa o el hurto pierde firmeza. Se manipuló la lógica de una máquina, pero la ley aún no determina si persuadir a un algoritmo para que entregue fondos es jurídicamente comparable a engañar a una persona.
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