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La Secretaría General de la Presidencia habría coordinado reuniones con personas asociadas a LIBRA.
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El comité indica que más de 114.000 monederos sufrieron pérdidas por lo sucedido con el token.
Tras varios meses de exploración parlamentaria, la comisión investigadora del caso LIBRA, creada por diputados argentinos opositores al gobierno, publicó su informe final. Según los legisladores que integran el grupo, Javier Milei habría aprovechado el peso institucional de la Presidencia para impulsar el token, mientras que su hermana, Karina Milei, habría facilitado reuniones y accesos oficiales relacionados con la iniciativa.
A juicio del cuerpo investigador, los hermanos Milei desempeñaron un rol clave en lo que califican como una presunta maniobra fraudulenta de escala internacional. Según el documento, la intervención de Milei, especialmente la publicación que difundió el contrato de compra en la red social X, fue clave para legitimar el lanzamiento del activo digital el 14 de febrero.
Si bien el comité no afirma que el caso constituya una estafa en términos judiciales, sostiene que la operatoria encaja en un «fraude planificado». Los diputados opositores describen un patrón típico: una concentración inicial de tokens, el impulso de una figura pública que atrae a nuevos compradores y, por último, el retiro masivo de fondos por parte de quienes manejan el proyecto. Este esquema se corresponde con lo que se conoce como rug pull.
El informe señala que 114.410 monederos registraron pérdidas: unos 498 habrían perdido más de 100.000 dólares (USD), otros 3.144 entre USD 10.000 y USD 100.000, mientras que solo 36 obtuvieron ganancias millonarias. Al mismo tiempo, los legisladores subrayan que el Estado no realizó ninguna evaluación previa del proyecto antes de que la presidencia lo promoviera de forma pública.
Relaciones, tensiones institucionales y avances en la Justicia
Otro punto destacado es el entramado de vínculos entre los protagonistas del lanzamiento: el empresario estadounidense Hayden Davis, y los ciudadanos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según el informe, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, habría autorizado el ingreso de estos actores a la Casa Rosada.
Varios diputados también señalaron una falta de cooperación por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y la exjefa de la unidad de investigación de LIBRA, Florencia Zicavo, serán denunciados por no colaborar con la investigación.
Lo mismo ocurrirá con el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes acusan de obstaculizar el trabajo legislativo.
Mientras tanto, el oficialismo calificó la pesquisa como un exceso parlamentario sin sustento. Diputados de La Libertad Avanza sostuvieron que la comisión actuó con arbitrariedad y que sus conclusiones apuntan más a confrontar con la Justicia que a complementarla.
En sus conclusiones, los legisladores opositores advierten que el Presidente habría vulnerado normas de ética pública, desdibujado la frontera entre intereses privados y funciones oficiales, e incluso repetido patrones similares a la promoción de otro token investigado, KIP, lanzado en diciembre de 2024 por la empresa KIP Protocol, una startup con sede en Singapur fundada en 2019 por el empresario Julian Peh.
Además de los avances judiciales, el caso sumó en los últimos días un nuevo capítulo. Como reportó CriptoNoticias, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar los bienes de Hayden Davis, uno de los creadores de LIBRA.
Esto fue como parte de una medida cautelar que busca asegurar fondos estimados entre USD 100 y USD 120 millones vinculados al presunto fraude. El bloqueo impide cualquier movimiento de activos y apunta a cerrar posibles rutas de escape.
