Usuarios de exchanges no regulados podrían enfrentar sanciones en Venezuela

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela dio un nuevo paso para la regulación del sector de las criptomonedas. Esta vez proponen que las personas o instituciones que hagan uso de exchanges, proveedores de carteras o plataformas no autorizadas por el organismo, podrán enfrentar sanciones.

La providencia 054 publicada en el sitio web del ente regulador se establece como la normativa empleada para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el uso de criptomonedas.

La primera de las recomendaciones del GAFI que asume la Sunacrip está enfocada en las nuevas tecnologías. Establece que «los países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos de los activos virtuales».

La segunda, es la llamada «Regla de Viaje«, allí se indica que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los exchanges de criptomonedas, deben recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los USD 1.000.

De esta forma, el gobierno venezolano asume las directrices del GAFI, aunque actualmente no forma parte del organismo debido a las sanciones internacionales que enfrenta.  Es de destacar que el grupo no tiene potestades judiciales, pero sí es influyente en la creación de legislaciones en diversos países del mundo.

Algo a tomar en cuenta, es que el documento tiene el aviso de «Providencia Interna, no está en Gaceta» lo que en teoría significa que la norma está vigente y debe cumplirse. Aunque se espera que su cumplimiento sea más estricto en el momento en el que se publique en la Gaceta Oficial de Venezuela.

El GAFI ha sido duramente criticado por las últimas medidas recomendadas para la regulación del sector de las criptomonedas, pues se considera que las medidas que propone vulneran la privacidad de usuarios de Bitcoin y limitan el desarrollo de nuevas tecnologías, tal como reportó CriptoNoticias.

Quiénes estarían afectados por la medida de la Sunacrip

En su interés por cumplir con las recomendaciones del GAFI, pueden verse afectados los venezolanos que hacen uso de las criptomonedas, particularmente los usuarios del exchange de bitcoin (BTC) y criptoactivos Binance, uno de los más populares en la nación suramericana.

Esto debido a que Binance es una plataforma que no es regulada por la Sunacrip. Es tal la importancia del exchange en Venezuela que los sitios que rastrean la tasa de cambio del dólar en el mercado del país suramericano tienen a Binance P2P (comercio entre pares) como una de sus referencias para fijar la tasa de intercambio por la moneda local, el bolívar, diariamente, hecho reportado por CriptoNoticias.

Incluso, con la llegada del P2P de Binance a Venezuela en 2020, fue desplazado otro exchange como LocalBitcoins que vio disminuido el volumen transado de la moneda local por BTC.

La providencia incluye, además de los exchanges, wallets y plataformas de intercambios P2P, a desarrolladores de smart contracts, ATM, soluciones contactless, servicios que utilicen o desarrollen big data, cloud computing, inteligencia artificial, tarjetas virtuales prepagadas, entre otras.

A qué sanciones se podrían enfrentar los usuarios venezolanos

Aunque el texto de la Sunacrip no establece cuáles serían las sanciones que podrían enfrentar quienes vayan en contra de la normativa, el Decreto-Ley en materia de Delincuencia Organizada, sí establece una serie de penalizaciones para quienes cometan infracciones por «falta de autorización».

Por ejemplo, el artículo 42 establece que «quienes operen o realicen cualquier tipo de actividad relacionada con la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos o criptoactivos soberanos, incluyendo la minería, sin la debida autorización del ente rector serán sancionados con una multa».

Dicho castigo sería de 100 a 300 petros, moneda digital creada por el gobierno venezolano, que son equivalentes a USD 15.000.

No todo es malo

Sin embargo, la abogada especialista en el área de las fintech y criptomonedas, Ana Ojeda, destaca que dentro de la providencia pareciera que «no todo es malo».

Ojeda indica que la normativa establece que quienes «utilicen redes sociales para promocionar, o promover estafas con el uso de criptoactivos, también serían investigados por actividades sospechosas».

En ese sentido, recomienda a quienes quieran desarrollar productos relacionados con Fintech o criptomonedas que adopten una cultura de cumplimiento, creen manuales de cumplimiento y gestión de riesgos, además de reportar actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).