Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha puesto su firma en una ley en la que se estipula que las instituciones del gobierno deben supervisar las transacciones con criptomonedas, entre otras cláusulas, como parte de una estrategia ejecutiva.
La ley está orientada a combatir el financiamiento del terrorismo y los métodos empleados para realizar actividades financieras ilícitas, a modo de sanciones que podrían ser impuestas a los gobiernos de Rusia, Iran y Corea del Norte, obligando a sus respectivos gobiernos a combatir el financiamiento de igual manera; requiriendo que se creen estrategias sólidas de seguridad nacional con dichos fines, donde también se incluyen a las criptomonedas como métodos alternativos de financiamiento. Como bien describe el documento oficial, el acta es emitida «Para proveer de análisis al congreso y combatir las agresiones de los gobiernos de Iran, la federación Rusa y Corea del Norte, y para otros propósitos».
Un borrador de la estrategia consecuente a aplicar desde el gobierno de Estados Unidos podría ingresar al Congreso, que propuso la ley y la envió a Donald Trump, el próximo año, como asuntos concernientes también al Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
Algunas de las amenazas enfrentadas en base al financiamiento ilícito con criptomonedas fueron incluídas en esta nueva ley gracias a Yaya Fanusie, quien es analista de la CIA para la lucha contra el terrorismo, indicando al portal Washington Times que «La mayor preocupación para la seguridad nacional no es que los criminales empleen este tipo de tecnología, pues ellos hacen uso de todas las tecnologías. La pregunta es: ¿cómo lidiamos con algo que el gobierno no puede controlar?».
A Fanusie se le amerita haber identificado los primeros indicios de que las organizaciones terroristas estaban utilizando bitcoin para recaudar fondos; ahora, es analista para el Centro de Sanciones y Financiamiento Ilícito de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
«Bitcoin es como un adolescente rebelde, quiere hacer lo suyo. ¿Qué hacemos? ¿Lo censuramos o prohibimos? No, debes tener una buena relación con él y tener influencia en su desarrollo» aseguró Fanusie.
Esto va en sintonía con lo que Fanusie declaró durante el mes de mayo, cuando aseguró que no había que tomarse a las criptomonedas por enemigas o incompatibles con el sistema legal actual, pues en cuanto a lavado de dinero se trata, los delincuentes también utilizan monedas fiat.
Como bien lo ha demostrado la experiencia durante los últimos dos años, las amenazas cibernéticas que involcuran a bitcoin van en aumento, como es el caso del virus tipo ransomware, entre los que destaca el ataque denominado WannaCry, que afectó a cientos de empresas a nivel mundial secuestrando sus archivos y extorsionando a las víctimas con el cobro de bitcoins. El año pasado, el Centro de Denuncias de Crímenes en Internet del FBI recibió cerca de 2.673 denuncias de ransomware.
Además, durante el año pasado, la victoria de Donald Trump fue desprestigiada por sólidas denuncias de que ataques cibernéticos podrían haber estado coordinados desde Moscú para influir en los resultados electorales de los comicios en los que el actual presidente de Estados Unidos se enfrentó a Hillary Clinton.
Más recientemente, las autoridades norteamericanas, entre ellas el FBI, detuvieron a Alexander Vinnik, de 37 años, de nacionalidad rusa, tras haberlo encontrado inmiscuido en el lavado de dinero y ocultamiento de fondos robados a la casa de cambio MtGox durante el año 2014; trabajando en conjunto con compañías de seguridad y rastreo de criptomonedas que determinaron que los fondos se encontraban ocultos en cuentas de la casa de cambio BTC-e; demostrando así que las autoridades estadounidenses se han dado cuenta de los potenciales usos negativos de las criptomonedas y de que es necesario saber cómo poder combatir estos delitos.
También, hace unas semanas, la mencionada Fundación para la Defensa de las Democracias, increpó al gobierno estadounidense a hacer uso de blockchain y las criptomonedas para combatir los ataques cibernéticos y las amenazas a la seguridad nacional.