Tercera granja de minería de Bitcoin allanada en Venezuela en menos de una semana

El Estado venezolano continúa con los allanamientos a las granjas de minería de Bitcoin, una cruzada orientada a la desconexión de equipos ASIC en todo el territorio nacional. En Carabobo, las autoridades desmantelaron otro centro de datos, que es el tercero intervenido en menos de una semana.

El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, informó del nuevo allanamiento a una granja. No identificó en qué lugar estaba ubicada exactamente y solo se limitó a expresar que siguen desconectando máquinas “que consumen muchísimos megavatios a precio de gallina flaca”.

Como se aprecia en los videos que acompañan la publicación, se trata de una granja de minería de Bitcoin de grandes proporciones, con dos pisos de rigs con cientos de mineros ASIC instalados.

El allanamiento del galpón donde estaba la granja de minería de Bitcoin responde a las acciones del gobierno venezolano para desconectar toda la actividad. Esto dado a que el Ministerio de Energía Eléctrica notificó la semana pasada que desinstalarán todos los centros de datos que están operando en el país.

Según el gobierno, las mineras de criptomonedas son las responsables de las constantes fallas eléctricas en Venezuela. Por su parte, el gobernador de Carabobo ha manifestado que «los ciudadanos se ven obligados a enfrentar las consecuencias negativas generadas por estas granjas».

Por tal razón, señaló, “no vamos a tolerar más este tipo de realidades que lo único que hacen es dañar la tranquilidad de la gente”. Aunque no mencionó que en el país caribeño existe un déficit de 3.000 megavatios, según cálculos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.

El nuevo allanamiento es el segundo en menos de una semana llevado adelante por las autoridades carabobeñas. El pasado 17 de mayo, Lacava anunció una primera intervención a un centro de datos para minar Bitcoin en su jurisdicción.

En ese momento, reveló el decomiso de 11.000 equipos de minería y aseguró que se ejecutarían muchas más confiscaciones. No obstante, Lacava no determinó la cifra de mineros incautados en esta nueva redada.

Además de los allanamientos en Carabobo, el gobierno venezolano accionó contra una granja de minería de Bitcoin que operaba en el estado Aragua. El pasado 16 de mayo, las autoridades del país caribeño allanaron el centro de datos y se incautaron 2.304 mineros ASIC.

Hasta ahora, el gobierno venezolano ha allanado tres granjas de minería de Bitcoin. Dos en Carabobo y una en Aragua. Ello, a pesar de que se trata de una medida nacional.

El conteo oficial de equipos de minería de Bitcoin confiscados, hasta ahora, en Venezuela, asciende a los 12.304 ASIC. Eso es mucho más de lo que ha llegado a decomisar Paraguay, otra nación que acciona contra la industria minera (en este caso, la ilegal). En ese país se han confiscado poco más de 6.000 ASIC en lo que va de año.

Pdvsa-Cripto en el medio de todo

La desconexión de mineros en Venezuela, si bien se debe a las fallas eléctricas en el país (según el gobierno), ocurre en medio de un contexto en que el gobierno sigue investigando el caso de corrupción gubernamental más grande jamás registrado con criptomonedas, el llamado esquema Pdvsa-Cripto.

Esa trama de corrupción, que causó la pérdida de unos USD 20.000 millones, habría promovido la instalación de granjas de minería de Bitcoin, de acuerdo con las acusaciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Por el esquema Pdvsa-Cripto se han detenido a varias decenas de políticos y empresarios. Entre ellos, importantes líderes del chavismo gobernante, como el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), Tareck El Aissami.

El escándalo de corrupción, que estalló en marzo del año pasado, también costó en el arresto de Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). A él se le acusa de usar esa oficina de gobierno para convertir a criptomonedas los dólares obtenidos por la presunta venta ilícita de petróleo venezolano, supuestamente auspiciada por El Aissami.

El caso derivó en la intervención de la Sunacrip, el organismo regulador de la industria de minería de Bitcoin y de toda la actividad con criptomonedas en Venezuela. La reestructuración, como le llamó el gobierno, se ha extendido por más de un año. Y en ese interin, el sector de los criptoactivos se ha mantenido en incertidumbre regulatoria.

Más aun con los allanamientos de granjas de minería de Bitcoin, ya que su desconexión se da a pesar de que la actividad minera está debidamente legalizada en Venezuela. Esto, a través de un decreto emitido por la (ya extinta) Asamblea Nacional Constituyente en el año 2020, tal como lo reportó CriptoNoticias.

“Están matando el sector”

Las confiscaciones y allanamientos de granjas de minería de Bitcoin en Venezuela han causado reacciones entre los operadores del sector. Alexis Lugo, director ejecutivo de Criptoneros y operador de minería de Bitcoin en ese país, opina que con sus acciones, el gobierno “está matando el sector” de las criptomonedas.

En contacto con CriptoNoticias, Lugo aseveró que “todo el control excesivo y la falta de transparencia” de las autoridades, han “retrasado muchísimo al ecosistema de criptomonedas en Venezuela”, que en otrora llegó a ser uno de los países más adelantados en esa materia.

Lugo sostiene que la minería de Bitcoin “es un sector que ofrece negocios, dinamismo a la economía y empleos directos e indirectos”. “Entonces, nos vemos totalmente afectados. En vez de salir con algo positivo, lo que hacen es frenar más el sector”, criticó.

“La verdad es que están matando totalmente el sector. Espero que en los días venideros pues Corpoelec dé una luz positiva con respecto a este tema de la industria minera que no debería parar”, comentó.

Lugo precisó que, a partir de ahora, los mineros venezolanos “pueden esperar más incertidumbre”. Ello, recordando que no ha habido ningún parte oficial o directriz gubernamental en más de un año.

Alega que, por el freno del sector minero en Venezuela “se pierde mucho dinero”. “Y no solo en el dinero que no se percibe, sino el que está retenido”.

“Y eso hace que el sector busque migrar, geográficamente hablando”, alertó.