La senadora Leila de Lima exhortó al Congreso de Filipinas para que apruebe lo más pronto posible un proyecto de ley propuesto por ella en febrero pasado, que busca aplicar sanciones más severas a las personas que cometen delitos con criptomonedas.
A través de un comunicado de prensa, publicado este 16 de abril, la senadora opositora señaló que, de aprobarse su proyecto, los delitos que se cometan mediante y con el uso de las monedas virtuales tendrán una penalidad más alta que la prevista en la Ley de la República y el actual Código Penal Revisado (RPC).
La parlamentaria insiste en que se retome su proyecto de ley, en medio de la alarma generada por el reciente arresto de una pareja filipina que estafó a más de 100 inversionistas de bitcoin a través de una empresa llamada New G Bitcoin Investment Trading, que funcionaba con un esquema piramidal y prometía un retorno de 30% de la inversión.
Pero no solo se trata de este tipo de casos, donde personas inescrupulosas engañan a inocentes impulsándolos a comprar falsos bitcoins, la congresista también hace mención al uso de las criptodivisas para pagar sobornos y pornografía infantil.
Para de Lima estos sucesos deben llamar la atención de sus colegas e impulsarlos a tomar en cuenta su anteproyecto, a fin de que este tipo de crímenes no pase desapercibido e impedir que los delincuentes queden en libertad y sigan cometiendo más delitos.
La parlamentaria concluye que las leyes penales deben adecuarse a tiempos cambiantes y el sistema penal filipino tiene que estar preparado para atacar estas situaciones y prevenir que las criptomonedas no se sigan usando para actividades ilícitas.
Delitos con criptomonedas podrían ser sancionados con cadena perpetua
El proyecto de Ley propuesto ante el congreso filipino por Leila de Lima se centra en el tema de las penalizaciones. En tal sentido, la senadora propone reducir el número de personas involucradas en los delitos calificados como estafa sindicada, la cual es castigada en ese país con cadena perpetua y hasta la muerte si el grupo es mayor de cinco personas.
A tales fines, la anterior propuesta se vincula con otro proyecto interpuesto por la parlamentaria previamente, que busca enmendar un decreto presidencial de hace 36 años, con el fin de reducir a dos el número de personas involucradas en un caso, para poder calificar una estafa como sindicada.
De Lima justifica su proposición señalando que, sin importar el tamaño de un grupo, se tiene que dar el mismo castigo para que sea más difícil escapar de la ley luego de robar el dinero de otras personas.
La ley propuesta también toma en cuenta el valor de las criptomonedas para el momento de la comisión del delito, planteando que se haga un cálculo al cambio fijado para el peso filipino.
Se agrega la idea de que toda criptomoneda que haya sido utilizada para hechos delictivos sea confiscada por el gobierno, salvo que pertenezca a un tercero inocente.
El proyecto de la senadora filipina se enmarca dentro de una serie de planteamientos, por parte de entes gubernamentales de ese país, con el fin de proteger a los usuarios de engaños y estafas en las transacciones con criptomonedas y a través de ofertas iniciales de moneda (ICO). En este sentido, la Comisión de Valores y Bolsa dijo recientemente que este año anunciará nuevas disposiciones regulatorias.
