Las instituciones públicas en Rusia evidencian un notorio desacuerdo respecto a cuál debe ser el futuro de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en el país. Por un lado el pasado mes de mayo el Banco Central de Rusia se pronunció a favor de la tecnología Bitcoin y manifestó su interés en lanzar una moneda digital. En paralelo, la cámara baja del parlamento ruso inició discusiones acerca de como usar la blockchain para fortalecer a Rusia ante las sanciones financieras que los países de Occidente le han impuesto.
No obstante, a finales del propio mes de mayo, altos funcionarios del gobierno ruso dieron a conocer que planean reactivar el proyecto de ley para desterrar las criptomonedas de Rusia, una iniciativa que nació en 2013 pero fue dejada de lado en 2014, mucho antes de que el parlamento comenzara a trabajar en un borrador definitivo para la ley.
Prohibir las criptomonedas
Tradicionalmente, el Estado ruso comparte una característica con su socio asiático, China: desconfía de aquello que no controla. En líneas generales, la política económica y monetaria de Rusia está orientada a asegurar un pleno control del Estado sobre los principales factores productivos, sobre el petróleo y sobre la banca y sus transacciones. Una tecnología descentralizada como Bitcoin, naturalmente fue recibida con frialdad entre los organismos públicos del país.
La reacción fue tan lejos como para que se creara una iniciativa legislativa que buscaba desterrar las criptomonedas en Rusia, al definirlas como «sustitutos monetarios» y consecuentemente prohibir su uso en todo el territorio de la Federación Rusa. Incluso se establecían multas entre 300 y 15.000 dólares por hacer uso de bitcoin u otras critptomonedas. El proyecto también preveía hasta 4 años de prisión para las personas culpables de la minería criptomoneda, y hasta 7 años de cárcel por los altos directivos de los bancos y otras instituciones financieras que hicieran uso de alguna criptomoneda.
El proyecto de ley no fue aprobado por el Ministerio de Interior y de Justicia. Los mismos alegaron que hacían falta mejores razones para penalizar las criptomonedas y que era mala idea sobrecargar a la policía con la responsabilidad de hacer el seguimiento a las mismas. El proyecto, sin embargo, siguió trabajándose y actualizándose hasta febrero de 2015, aún cuando ya para entonces los esfuerzos legislativos por aprobarla habían cesado.
Un período de distención
Para diciembre de 2015 los esfuerzos políticos para aprobar la polémica ley contra las criptomonedas habían cesado y el ambiente comenzó a cambiar con respecto a la blockchain en Rusia. Ese mismo mes, El Instituto para el Desarrollo de Internet de Rusia le propuso al presidente Vladimir Putin un plan de trabajo para conseguir la inserción de nuevas tecnologías (entre ellas la blockchain) en la economía nacional.
Dos meses después de que el proyecto de ley para prohibir a las criptomonedas fuese actualizado por últimas vez, la Cámara Baja del Parlamento Ruso (conocida como la Duma) inició discusiones sobre la blockchain. ¿El objetivo? utilizar el sistema de datos blockchain para romper las barreras económicas que representan las sanciones establecidas por parte de instituciones extranjeras. El plan era generar un nuevo sistema financiero con base en la blockchain, algo que fue visto como una aproximación positiva por parte del Estado ruso a las criptomonedas.
Casi en paralelo el Banco Central de Rusia, a través de Vadim Kalukhov, director de la Unidad de Tecnología Financiera, manifestó estar a favor del uso de las criptomonedas y la blockchin. El alto funcionario incluso recalcó: «no hay absolutamente ninguna prohibición en Rusia para usar criptomonedas» y señaló que la institución en la cual trabaja «aun considera lanzar una moneda digital propia como una propuesta viable».
El Choque
El clima favorable a las criptomonedas se vio empañado a finales de mayo por las declaraciones de Alexey Moiseev, vice-ministro ruso de Finanzas, quien aseguró que «se actualizará el proyecto de ley sobre la prohibición de sustitutos monetarios» y añadió: «el Ministerio está dispuesto a detener la circulación de criptomonedas en Rusia».
Moiseev recalcó que el polémico proyecto de ley sigue activo, aunque no será introducido a la Duma aún. «Lo que menos necesitamos es una ley que afecte a personas inocentes y que no funcione», aseguró sin dar más detalles. Aún así, el funcionario manifestó que considera necesario que sea introducido «para resolver esta cuestión en relación con bitcoins».
Según el vice-ministro, el bitcoin se ha convertido en «la herramienta predilecta los criminales» y además conlleva a la descentralización financiera y al descontrol. «Mientras que los bancos han creado un sistema de seguridad y el Servicio Federal de Supervisión Financiera es capaz de rastrear todas las operaciones sospechosas, bitcoin crea un sistema alternativo que permite el lavado de dinero».
El viceministro cree que la principal tarea a la hora de regular el bitcoin es deshacerse del anonimato, aunque admite que es una idea poco realista en lo que respecta a dicha criptomoneda. Aún así, sus declaraciones fueron bastante taxativas: «El Ministerio de Hacienda está bastante decidido a eliminar la propagación de pagos bitcoin de bienes y servicios en Rusia» y señala que el principal motivo es que la propagación de pagos con criptomonedas «haría irrelevantes a las tasas de interés, lo que pone en riesgo el sistema financiero del país».
