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El proyecto también busca modernizar las normas de incautación, incluyendo a los criptoactivos.
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Funcionarios insisten en crear una reserva de BTC que sería administrada por el tesorero.
Arizona retoma en su agenda legislativa el manejo de criptomonedas, con el avance de un proyecto que propone administrar como inversión los activos digitales incautados por el Estado. La iniciativa, identificada como HB 2324, obtuvo el respaldo necesario en el Senado y ahora será evaluada por la Cámara de Representantes.
La propuesta busca crear un fondo estatal en bitcoin (BTC), administrado por el Tesorero de Arizona, el cual estaría encargado de custodiar y gestionar las criptomonedas incautadas en actividades criminales. Además, permitirá al Estado invertir en criptoactivos o en fondos vinculados.
El proyecto también establece cómo se distribuirían los recursos obtenidos por la venta de criptomonedas incautadas. Los primeros 300 mil dólares recaudados se destinarían a un fondo estatal que financia acciones contra la extorsión y otros delitos.
A su vez, indica que, si la suma total supera ese monto, el excedente se dividiría de la siguiente manera: el 50 % regresaría a esa misma iniciativa, el 25 % iría al presupuesto general del Estado y el 25 % restante al nuevo sistema de reserva en bitcoin y activos digitales.
Para garantizar la seguridad de estos activos, la legislación aclara que las autoridades deben obtener las credenciales necesarias, como claves privadas o frases de recuperación, para acceder a las carteras digitales, o bien transferir los fondos a plataformas seguras autorizadas por la jurisdicción.
Como reportó CriptoNoticias, en los últimos meses Arizona ha mostrado interés por regular el uso de criptomonedas y tomar posición en estos activos. A principios de mayo, el Estado aprobó una ley centrada en activos digitales no reclamados y considerados abandonados.
Sin embargo, el camino de Arizona hacia la adopción estatal de bitcoin no ha estado exento de obstáculos. La gobernadora Katie Hobbs vetó el proyecto SB1025, que proponía autorizar inversiones de hasta un 10% de los fondos públicos en BTC y otros activos digitales. La funcionaria argumentó que la alta volatilidad de estos instrumentos representa un riesgo para recursos sensibles, como los fondos de jubilación.
Paralelamente, a nivel federal, esta semana el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, una iniciativa orientada a regular las stablecoins y reforzar la posición del país en el mercado de criptoactivos. La propuesta, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, ahora debe ser evaluada por la Cámara de Representantes.
