Estas son las propuestas de la nueva Ley de Fomento Tecnológico de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó el jueves 4 de mayo la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura Tecnológica. Un marco legal que supone la eliminación de varios impuestos a quienes formen parte de este sector industrial.

Tras la firma de Bukele, la legislación entrará en vigencia aproximadamente dentro de un mes, fecha en la que comenzará a regir la industria tecnológica en el país centroamericano.

La promulgación de la ley se da dos semanas después de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara la propuesta regulatoria presentada por Bukele ante el Parlamento en marzo de este año, como lo reportó CriptoNoticias.

La ley se aprobó con 69 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones en la plenaria número 103 de la Asamblea Legislativa. Las autoridades apuntan a promover las inversiones y el desarrollo de tecnologías, incluyendo las relacionadas con Bitcoin y la inteligencia artificial.

Pero ¿qué es lo que propone esta ley para quienes son parte de la industria tecnológica de El Salvador? Para responderlo, CriptoNoticias desglosó el documento legislativo disponible en la página web de la Asamblea Legislativa.

5 exenciones arancelarias a favor de quienes inviertan en tecnología

En el artículo 7 de la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura Tecnológica se reflejan los cinco incentivos fiscales que existen a partir de ahora y por los próximos 15 años para quienes inviertan en el desarrollo tecnológico en El Salvador. Los incentivos son los siguientes:

• Exención al Impuesto Sobre La Renta (ISLR) respecto a la manufactura tecnológica.
• Se eximen las retenciones sobre las actividades anteriores.
• Eliminación de todos los impuestos municipales sobre el activo neto declarado por los beneficiarios.
• Exención del pago de la Ganancia de Capital (la que se obtiene por vender un activo) y que está estipulado en la Ley del Impuesto Sobre La Renta en El Salvador.
• Eliminación total del pago de los Derechos Arancelarios a la importación, así como de los impuestos que gravan las importaciones de bienes, insumos, maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades tecnológicas.

Estos incentivos fiscales para los inversionistas solo aplican a los bienes que sean indispensables para la actividad beneficiada. Por tanto, todo producto o bien tendrá que ser identificado «como de uso exclusivo para la actividad tecnológica».

Asimismo, la ley señala que los beneficiados deberán tener registros contables por separado y listos para el momento de la fiscalización del gobierno.

Asimismo, se establece que los beneficiados por la ley serán todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que inviertan en proyectos relacionados con la industria tecnológica en El Salvador.

Al respecto, la diputada salvadoreña Elisa Rosales dijo que al no exigir montos mínimos de inversión la idea es impulsar a todas las startups. «Estamos teniendo una visión diferente, estamos colocando a nuestro país con un rostro diferente a nivel internacional», afirmó.

Sin embargo, de acuerdo al documento, los incentivos pudieran ser modificados, eliminados o reemplazados en un futuro, siempre que el Ministerio de Economía, órgano rector de la legislación, lo determine.

Según el artículo 17, esta entidad gubernamental evaluará el desempeño de los incentivos fiscales establecidos y promoverá sus ediciones si dicha valoración es negativa.

Alianzas tecnológicas con países tecnológicamente más avanzados

El artículo 11 de la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura Tecnológica señala que el presidente salvadoreño está en la facultad de celebrar acuerdos bilaterales con naciones más avanzadas en este particular.

Lo anterior, con el objeto de fomentar programas e inversiones conjuntas en materia tecnológica para la creación de programas o fondos conjuntos.

Tal hecho faculta a la figura del presidente para celebrar acuerdos de cooperación con empresas multinacionales para realizar inversiones conjuntas en investigación y desarrollo industrial. Estas cooperaciones tienen como fin «acelerar la innovación y manufactura tecnológica» en territorio salvadoreño.

El hecho de que Bukele tenga la facultad para aliarse con países y empresas del sector tecnológico, podría permitir que las inversiones en el sector crezcan en el país, tal como destaca la diputada salvadoreña Alexia Rivas.

El gobierno como aplicador de la nueva ley

Tal como lo establece el artículo N° 3 de la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura Tecnológica, el gobierno salvadoreño, a través de dos de sus ministerios, será el veedor y aplicador de la nueva legislación.

En detalle, el Ministerio de Economía de El Salvador será el órgano encargado de aplicar la ley. Mientras que la vigilancia y el control efectivo del régimen aduanero y fiscal relacionado con el sector, recaerá sobre el Ministerio de Hacienda.

Según lo establecido, estos entes gubernamentales podrán realizar inspecciones con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones reflejadas en el documento.

Además, tendrán que crear el Registro Nacional de Empresas de Industrias de Innovación y Manufactura Tecnológica, donde reposarán datos de las compañías beneficiadas.

Esto quiere decir que todos aquellos que decidan invertir en El Salvador estarán sujetos a una supervisión y revisión constante por parte del gobierno.

Hay sanciones si se viola la nueva Ley

La nueva legislación salvadoreña también establece la imposición de sanciones a quienes infrinjan la normativa.

En su artículo 14, la Ley de Fomento a la Innovación y la Manufactura Tecnológica determina multas de entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales del sector de comercio y servicios si la infracción es leve. (hasta unos USD 1.825).

Si la infracción es grave, la sanción oscilará entre 6 y 15 salarios mínimos. Unos USD 5.470, aproximadamente. Y si el tema es muy grave, la multa será de entre 15 y 20 salarios mínimos mensuales. Hasta unos USD 7.300.

Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con el más reciente ajuste salarial, el sector de comercio y los servicios de El Salvador tiene un salario mensual de USD 365.

Las infracciones implican desde exonerar de impuestos a actividades no previstas en la ley, hasta dar un uso diferente al declarado a los bienes importados usando el incentivo arancelario.

También hay castigo si el beneficiario suministra información falsa al Ministerio de Economía, la autoridad tributaria o la autoridad aduanera.

El contraste regulatorio respecto a otros países de la región

Considerando los incentivos fiscales y lo que establece la nueva ley salvadoreña, el país centroamericano marca un claro contraste respecto a otras naciones de la región latinoamericana.

Y es que además de que ya existe la Ley Bitcoin, que le dio el curso legal a la primera criptomoneda, con esta legislación es factible que El Salvador se encamine a ser un importante centro tecnológico de América Latina, tal como apuntan la mayoría de los legisladores, el gobierno e incluso miembros del ecosistema de las criptomonedas.

«El Salvador ya está atrayendo mucho talento y capital. El futuro es brillante», dijo Paolo Ardonio del exchange Bitfinex.

Por su parte, Changpeng Zhao, CEO del exchange Binance, aseguró que se prepara para hacer más cosas en la nación salvadoreña, tras haber construido un centro de atención al cliente desde el año pasado.

Estas expectativas positivas disienten de la realidad de otros países de la región. Es el caso más reciente de Argentina, por ejemplo, donde desde el gobierno más bien parecen decididos a truncar su desarrollo.

Como reportó CriptoNoticias esta semana, el banco central del país suramericano prohibió a los monederos virtuales ofrecer bitcoin (BTC) y criptomonedas, a menos que estén regulados por la autoridad nacional competente en estos asuntos.

Para los bitcoiners argentinos, esta medida no es más que una condena al atraso por parte del gobierno. Tal como lo señaló la ONG Bitcoin Argentina, la decisión del ente monetario «promueve la informalidad, donde los riesgos y los costos son mucho mayores para el ahorrista».