Hechos clave:
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Los impuestos a operaciones con BTC van del 2% hasta el 20%, pero el Ejecutivo define la tasa.
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La reforma busca incentivar la utilización del bolívar, encareciendo el uso de divisas.
Está confirmado. Las operaciones que se realicen con bitcoin (BTC) y monedas extranjeras en Venezuela son sujeto de impuestos de hasta 20%, luego de que el Parlamento (Asamblea Nacional), controlado por el chavismo gobernante, aprobara la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
Durante la sesión, celebrada la noche del jueves 3 de febrero, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto, que establece tributos para los «contribuyentes especiales» y personas naturales que utilicen monedas distintas a las reconocidas por el Estado. Los impuestos van desde el 2% al 20% para las operaciones en moneda distinta al bolívar, siendo el Ejecutivo de Nicolás Maduro el que tendrá la potestad de fijar la tasa definitiva.
Según la normativa de Venezuela, un contribuyente especial es toda persona jurídica previamente identificada por la autoridad tributaria (Seniat) y que tienen ciertos ingresos que le obligan a tener que declarar.
Tal como lo reportó CriptoNoticias el 31 de enero pasado, estaba previsto que la segunda discusión de esa reforma se llevara a cabo esta semana.
Para los legisladores, la intención de esa reforma es «incentivar» el uso del inflacionario bolívar, que desde hace varios meses dejó de tener espacios importantes en la economía venezolana, dándole paso al dólar estadounidense y los activos digitales.
La legislación establece que el impuesto será del 0% al 2% para las transacciones ejecutadas en bolívares. Del 2% al 8%, para las realizadas en divisas o criptoactivos no emitidos por el Estado (el petro), dentro del sistema bancario nacional. Y del 2% al 20% para las operaciones realizadas en dólares o criptomonedas fuera del sistema bancario venezolano.
Según la reforma, queda estipulado que los locales comerciales de Venezuela tienen que hacer las modificaciones necesarias para que se cobre el tributo. Pero esto será a partir de que la agencia tributaria (Seniat) informe de los lineamientos a seguir.
Es de recordar que Venezuela ya está por cumplir dos años con una norma contable de criptomonedas, que regula la tenencia de estos activos, incluyendo el token creado por el gobierno de Maduro, el petro.
En esa norma, al menos cuatro aspectos principales atañen a las criptomonedas, como su reconocimiento, las bases para su medición, su presentación y la información que se debe revelar en los estados financieros y contables.
Se ataca el síntoma y no la causa
Para la firma venezolana de análisis económico, Síntesis Financiera, esta ley «ataca el síntoma y no la causa de la pérdida de espacio del bolívar». Esto hace referencia a la alta inflación venezolana, que, aunque ha desacelerado, se mantiene en niveles críticos.
«Más bien, esa reforma puede terminar incentivado la huida de esos pagos hacia la informalidad», detalla la empresa, muy consonante con Aarón Olmos, economista especializado en criptoactivos. La semana pasada, él comentó a CriptoNoticias que la informalización del registro de pagos era una realidad factible a partir de esta ley.
La empresa analítica, que dedicó un hilo en Twitter a la explicación de las implicaciones de esta ley, sostiene que, por la reforma, se erosionarán las captaciones en divisas dentro del sistema bancario venezolano «y se debilita la posibilidad de lograr una intermediación crediticia significativa y debidamente reglamentada teniendo en cuenta el riesgo cambiario».
“También desperdiciará las mejoras recientes en el sistema de pagos dirigidas a facilitar las transacciones comerciales cotidianas, especialmente entre personas naturales”.
Síntesis Financiera, firma de análisis económico.
La empresa, dirigida por la economista y profesora universitaria Tamara Herrera, detalla que, sumado a la intención de preservarle espacios al bolívar, el incentivo principal de la reforma recae sobre la recaudación de ingresos fiscales. Esto lo pretenden a través del encarecimiento del uso de divisas y criptomonedas como medios de pago.
«Se trata de un impuesto regresivo. Aplica indistintamente del nivel de ingreso del contribuyente. Tendrá impacto inflacionario y es un lastre para el incipiente proceso de recuperación económica», critican tajantemente desde Síntesis Financiera.
