La Oficina Australiana de Impuestos (ATO) aseguró que identificarán a los inversionistas en criptomonedas para evitar que evadan el pago de impuestos relacionados con la compra y venta de criptoactivos.
Según declaraciones ofrecidas por Martin Jacobs, comisionado sustituto de ATO, al Australian Financial Review el 6 de julio, esta institución está consciente de los riesgos de incumplir la ley de impuestos usando criptomonedas, pero no están alarmados por eso. “Donde las personas intenten deliberadamente evitar estas obligaciones, tomaremos acciones”, agregó.
Jacobs aseguró igualmente que tienen varios poderes designados a identificar fortunas no declaradas y altos consumos que puedan provenir de la inversión en criptoactivos.
En palabras de Paul Drum, director de políticas del Colegio de Contadores de Australia:
Estamos al final de un año financiero de ganancias radicales y si las personas estaban pensando que podían volar bajo el radar, tengo malas noticias.
Paul Drum
Director de políticas
Estas acciones se dan luego de que las autoridades de este país aprobarán una ley que obliga a las casas de cambio que operan en la nación solicitar información personal a sus usuarios. Igualmente la entidad anunció que, gracias a acuerdos realizados con otros países, extenderán esta investigación a las casas de cambio ubicadas fuera de Australia.
Además, la ATO se apoya en un comunicado emitido el pasado junio donde se explica que, si la venta de criptomonedas ofrece beneficios económicos al usuario, será tratado como ganancias de capitales y se cobrará el respectivo impuesto.
Sin embargo, el comunicado de la Oficina Australiana de Impuestos es ambiguo, pues afirman que los poseedores de criptomonedas que la hayan almacenado durante un largo tiempo o realicen transacciones de “uso personal”, estarán exentos, aunque no especifican de cuánto tiempo se trata. Igualmente, si la ganancia es menor a 10.000 dólares australianos (7.467 dólares americanos), no debe pagar el impuesto.
Esta definición de “uso personal” es problemática, pues las criptomonedas no han sido adoptadas a gran escala en el sector comercial del país. A pesar de que varios vendedores de periódicos y agentes de bienes raíces han comenzado a aceptar este tipo de activos, varios entusiastas que invirtieron en esta tecnología hace varios años no han tenido oportunidad de usarla comercialmente. Peter Maddison, dueño de una galería de arte que comenzó a aceptar bitcoin como forma de pago hace tres años, asegura que aún no ha recibido pagos en esta moneda.
Por otra parte, un abogado de Melbourne llamado Max que invirtió 600 dólares en el Proyecto Ethereum en 2014, atraído por la tecnología, ha tenido problemas con la Oficina relacionados con esta ley.
A finales de 2017, cuando el mercado de criptoactivos alcanzó su punto más alto, los ethers de Max tenían un valor de 7 millones de dólares, de los cuales vendió $500 mil. Como esta cifra supera los $10 mil reglamentados por la ATO, Max se encuentra en discusiones legales para calificar a la exención de “uso personal”. En su caso, las dos modalidades de exención pueden contradecirse.
Aunque las declaraciones presentan esta ambigüedad, Jacobs aclara que la Oficina se enfocará en aquellos que utilizan las criptomonedas como acciones, especialmente los que presentaron gran volumen de transacciones entre diciembre y enero.
Este tipo de leyes y medidas, en las que las casas de cambio centralizadas deben compartir la información de las transacciones de los usuarios con entidades gubernamentales, puede considerarse opuesto a la intención inicial de Bitcoin, que busca eliminar este tipo de intermediarios.
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