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La propuesta define a los tokens como instrumentos de pago sin otorgarles curso legal.
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El marco responde al avance de leyes en EE. UU., Brasil y El Salvador.
El senador Alejandro Murat Hinojosa, integrante de la bancada de Morena, presentó el 6 de mayo de 2026 una propuesta para dotar de un marco legal a las stablecoins o monedas estables vinculadas al peso mexicano.
El proyecto, actualmente visible en el sitio web del senado, introduce la figura de los Activos Virtuales Estables (AVE) y busca regular los tokens privados que funcionan como instrumentos de pago digitales en México con una paridad estricta de 1:1.
Es una respuesta institucional a una realidad que la Ley Fintech de 2018 no alcanzó a cubrir como es la necesidad de reglas claras para activos que pretenden replicar el valor de la moneda nacional en el ecosistema de los activos digitales.
El núcleo de esta reforma, que impactaría directamente en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, reside en la seguridad del usuario. Para que un activo sea considerado un AVE, el emisor deberá demostrar que posee reservas líquidas equivalentes al 100% de los tokens en circulación. Este mecanismo busca evitar crisis de liquidez y asegurar que el derecho de redención sea inmediato.
Según la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el senador Hinojosa, los activos virtuales estables “no otorgan curso legal ni desplazan al peso”.
México busca alinearse con las tendencias regulatorias de la región
La iniciativa no surge en el vacío. México observa un entorno donde la regulación de activos digitales se ha vuelto una prioridad estratégica. Tras la aprobación de la Ley GENIUS en Estados Unidos en 2025 y los avances normativos en Brasil y El Salvador, el legislador mexicano busca evitar el rezago.
Por lo tanto, la iniciativa busca conciliar la innovación en medios de pago digitales con la preservación de la estabilidad monetaria a cargo del Banco de México y la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La urgencia de este marco legal se entiende mejor al observar los antecedentes del mercado local. Desde 2021 y 2022, iniciativas privadas como los tokens MMXN (Moneta) y MXNT (Tether) intentaron posicionar el «peso digital» como una herramienta para pagos cotidianos y una puerta de entrada al ahorro en criptoactivos, como fue reportado por CriptoNoticias en su momento.
Sin embargo, la adopción masiva fue esquiva. Analistas del sector, como Javier Gamboa de TruBit, señalaban ya en aquel entonces que, aunque estos activos permitían transacciones con comisiones mínimas mediante códigos QR en ciudades como México, enfrentaban el reto de la depreciación del peso frente al dólar.
La nueva ley presentada en el Senado parece recoger esas experiencias, buscando ofrecer la certeza jurídica que les faltó a los pioneros para generar confianza en el usuario institucional y minorista.
En todo caso, el debate en las comunidades digitales ya ha comenzado. Algunos ven en esta ley una oportunidad para profesionalizar el mercado local, otros advierten sobre el riesgo de crear una estructura burocrática que eleve los costos de entrada para nuevos emisores.
La iniciativa pasará ahora a revisión en las comisiones del Senado. Dado que Morena ostenta mayoría en la Cámara alta, el proyecto cuenta con un camino legislativo favorable.
Este debate refleja un desafío central para los reguladores en América Latina: encontrar el equilibrio adecuado entre otorgar mayor espacio a la innovación privada en activos digitales y preservar el control exclusivo del Estado sobre la emisión de moneda y la estabilidad financiera, en un mundo que cada vez reclama ser más descentralizado.
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