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Impuesto pecha a usuarios si pagan con BTC en locales que tengan contabilidad en criptomonedas.
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Exchanges extranjeros, como Binance, no tienen por qué apegarse a la ley venezolana.
En Venezuela, las grandes transacciones financieras que se realicen con bitcoin (BTC), otras criptomonedas y dinero fíat distinto al bolívar, tienen que pagar impuestos de hasta 20% si así lo decide el Ejecutivo nacional.
Así quedó establecido en el documento, ahora ley, aprobada el 3 de febrero pasado. Se trata de la reforma de la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que ordena, entre otras cosas, el cobro de impuestos (de 2% a 20%) a las operaciones ejecutadas con divisas distintas al bolívar y al criptoactivo petro.
El impuesto se calcula en base a la divisa o criptomoneda utilizada, pero se expresa luego en bolívares en la factura fiscal. Lo curioso es que no hay un piso o límite para esas «grandes transacciones», pero se sabe que operaciones por el orden de USD 1 en plataformas reguladas acarrean la sumatoria del IGTF.
¿Afecta a bitcoin?
¿Tiene esta nueva legislación alguna afectación en el mercado de criptomonedas? Para responder esa incógnita, CriptoNoticias consultó a Raúl Velásquez, abogado venezolano y bitcoiner.
Él aclaró primeramente que, como la adopción empresarial de BTC y criptomonedas en Venezuela es relativamente baja, no habrá un impacto significativo en lo que concierne a esta nueva economía, al menos no al tratarse de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Según la norma, son susceptibles de pagar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras los llamados contribuyentes especiales, que son aquellas personas jurídicas identificadas por la agencia tributaria (Seniat) por tener ingresos importantes.
Si una empresa venezolana que ha adoptado bitcoin u otras criptomonedas es identificada por el regulador, según la normativa vigente, tendrá que pagar al fisco del 2,5% al 20% en tributos por las operaciones realizadas con estos activos digitales.
Pero, de acuerdo con Velásquez, no será el caso venezolano, donde a pesar de que hay una creciente comunidad en torno a las criptomonedas, todavía falta un impulso empresarial importante para terminar de masificar la adopción de bitcoin en la inflacionaria economía venezolana.
La adopción empresarial de bitcoin es relativamente pequeña, muy pocas empresas aceptan bitcoin como método de pago y, en todo caso, en Venezuela existen disposiciones legales desde el punto de vista contable sobre cómo se debe llevar una contabilidad en bitcoin. Aquellas empresas que ya hagan eso, que acepten BTC con todas las de la ley, y que tengan contabilidad expresada en criptomonedas, sí, eventualmente van a tener que pagar los impuestos que esta ley está fijando, que sería potencialmente y estaríamos arrancando con el 2,5%.
Raúl Velásquez, abogado venezolano y bitcoiner.
Velásquez sugiere también que habrá una informalización en el registro de operaciones con moneda extranjera o criptomonedas. «Si una empresa no suele informar de esos movimientos, no tendrá ninguna afectación», dice.
Naturales, ¿afectados?
El caso no es distinto con las personas naturales, los usuarios de a pie y que se refugian en bitcoin de la inclemente inflación venezolana. De acuerdo con Velásquez, el nuevo impuesto les afecta solo si pagan directamente con criptomonedas distintas al petro en un comercio que, de nuevo, tenga su contabilidad expresada en activos digitales.
No afecta al usuario, salvo que sea uno que pretenda pagar directamente con BTC o criptomonedas, en un comercio que registre en su contabilidad venezolana esos pagos, que adopte las recomendaciones que existen sobre tener criptoativos en su contabilidad. No afecta al venezolano de a pie, porque esos pagos no están gravados.
Raúl Velásquez, abogado venezolano y bitcoiner.
Quiere decir que, si alguien decide pagar con bitcoin en un local especificado como contribuyente especial, tendrá que cancelar, a través de los canales autorizados por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), el monto del producto más todos los demás impuestos añadidos, lo que al final será expresado en bolívares.
Esos canales son algunos exchanges de criptomonedas que tienen sede en Venezuela y que, aunque promueven la utilización de los activos digitales, tienen un volumen de transacciones muy bajo, según explicó Velásquez.
Eso conduce necesariamente a la utilización de otras plataformas, sobre todo de comercio de pares (P2P), como las ofrecidas por Binance o LocalCrypto, con las cuales pueden realizar operaciones en criptomonedas sin la necesidad de informarlo al Estado, pues para ello, estas compañías tendrían que apegarse a las normativas venezolanas.
Para Velásquez, ninguna de las empresas tiene incentivos para plegarse a la legislación venezolana, aunque no se descarta la posibilidad de que el gobierno intente exigirles a estas compañías la información que requieran.
El problema es con el fíat, no con las criptomonedas
Partiendo de que las criptomonedas son difíciles de fiscalizar, el abogado Raúl Velásquez resuelve que la verdadera afectación se dará en el uso del dinero fiduciario, más precisamente el dólar estadounidense y los diversos instrumentos que se usan para comercializar en Venezuela a partir del billete verde.
Donde esto va a presentar un problema más serio es en las transacciones en divisas, que son procesadas por puntos de venta, tarjetas de crédito y débito internacionales. En esos casos, el banco se encargará de debitar el impuesto. Y para compras en efectivo y métodos no tradicionales, como PayPal y Zelle, hay muchos comercios que tienen mecanismos y lo tienen registrado en sus libros y otros que no.
Raúl Velásquez, abogado venezolano y bitcoiner.
Por la enorme crisis venezolana, la economía vio en la dolarización una válvula de escape que rápidamente fue aceptada en todos los estratos económicos del país caribeño. Esto restó serios espacios al bolívar para la compraventa de bienes y servicios, quedando, en algunos casos, para unidad de cuenta y algunas adquisiciones menores.
Justo por eso, para los diputados oficialistas que defienden la legislación, el IGTF es una maniobra para incentivar –tributariamente– el uso del inflacionario dinero fíat venezolano, haciendo más cara la utilización de divisas.
No obstante, por las condiciones del bolívar y este nuevo impuesto, es previsible un aumento en la informalidad de la declaración de estos pagos, pues las personas resguardarán los activos que les brindan refugio y estabilidad, tal como lo sugirió el economista Aarón Olmos a CriptoNoticias a inicios de semana.
A su vez, es factible un crecimiento en la utilización de criptomonedas, sobre todo bitcoin y las monedas estables, cuya paridad con el dólar ha permitido una diversificación de los métodos de pago, algo expresado por la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacri).
Quedará ver el desarrollo de la nueva legislación, que desde un primer momento, inspira una separación todavía más acentuada del venezolano con su moneda local, abatida por una crisis de años, y con la cual se mide el tamaño de la debacle financiera del país.
