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El gobierno ratificó a la junta reestructuradora presidida por Anabel Pereira Fernández.
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La minería de Bitcoin en Venezuela seguirá afectada por la medida gubernamental.
La espera está lejos de terminar. El gobierno de Venezuela ordenó este lunes que la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) se extendiera por 6 meses más.
De acuerdo con el Decreto Presidencial número 4.865, publicado en Gaceta Oficial número 42.717, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenó la prórroga por otro semestre del proceso de intervención del organismo, el cual está envuelto en un escándalo de corrupción.
Según la ordenanza gubernamental, el nuevo plazo de 6 meses empezó a correr desde el pasado 17 de septiembre de 2023. Esto quiere decir que el proceso de reestructuración llegará hasta marzo de 2024, cumpliéndose así un año desde la intervención estatal de la Sunacrip.
El decreto presidencial del gobierno venezolano también ratifica a la junta interventora de la Sunacrip, presidida por la abogada Anabel Pereira Fernández. Según lo establecido, estos ejecutivos “continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la culminación de la prórroga”.
La Sunacrip, uno de los primeros organismos gubernamentales en regir al ecosistema de bitcoin y criptomonedas en la región latinoamericana, fue intervenida en marzo de 2023 por su vinculación con un escándalo de corrupción en el cual participó su expresidente, Joselit Ramírez.
Como informó CriptoNoticias en ese momento, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración de seis meses de ese organismo. También se ubicó y apresó a Ramírez, a quien se le señala de coparticipar en un esquema que usó a la Sunacrip para el robo de más de USD 3.000 millones al Estado venezolano, según el gobierno.
Seis meses de incertidumbre en Venezuela
Con la decisión del presidente venezolano se culmina un primer período de intervención, el cual derivó, entre otras cosas, en la desaparición física de las oficinas de Sunacrip, así como en despidos masivos de trabajadores y una serie de fallas en la plataforma Petro.
Todo esto dio vida a la hipótesis de que el gobierno de Venezuela buscó suprimir a la Sunacrip. No obstante, la prórroga echa por tierra esa teoría y ratifica que esa entidad está bajo la intervención estatal.
La intervención de Sunacrip también generó que miles de mineros de Bitcoin fueran desconectados. Si bien no por orden directa la junta reestructuradora, sí por otras entidades gubernamentales (como Corpoelec) y por decisión propia de los operadores. Esto lo asegura el director jurídico de la privada Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip), Alejandro Blanco.
Se reportó recientemente que la junta interventora de Sunacrip solicitó a los mineros que renovaran sus licencias para operar. Esto lo hicieron de manera casi automática, con la esperanza de reanudar las operaciones. Y es que el congelamiento de operaciones ha costado pérdidas de millones de dólares para los mineros y el propio gobierno venezolano.
No obstante, los mineros no han tenido autorización para comenzar a minar. Algunos de ellos, incluso, han coqueteado con la idea de operar de forma clandestina, considerando también que las autoridades venezolanas han venido confiscando máquinas de minería, como lo reportó CriptoNoticias.
