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Estonia está retirando las licencias como "primer paso" para la limpieza del mercado.
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El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera advierte de los riesgos criminales.
Un país ubicado en el centro de atención del mayor escándalo de dinero ilícito en la historia de Europa, está desviando su atención de los bancos a las empresas de criptomonedas.
Estonia, pionera de la tecnología digital y miembro de la Unión Europea, ha estado tomando medidas para prevenir el crimen financiero después de las alegaciones de que miles de millones de dólares de efectivo ilícito pasaban por la unidad local del mayor prestamista de Dinamarca, el Danske Bank A/S.
Su último impulso apunta a empresas que intercambian y ayudan a los clientes a almacenar criptomonedas como Bitcoin, una industria en la que Estonia fue de las primeras de la Unión Europea en obtener una licencia a finales de 2017. Los reguladores temen que las empresas estén usando sus credenciales locales para ayudar a cometer fraudes, en otros lugares se han retirado más de 500 licencias, que es aproximadamente un tercio del total en este año, según Madis Reimand, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera del país báltico (FIU).
Reimand también comentó:
Este es un primer paso para ordenar el mercado, permitiéndonos ocuparnos de los asuntos más urgentes al permitir operaciones solo para las empresas que pueden estar sujetas a la supervisión y las medidas de coerción de Estonia.
Si bien no proporcionó ejemplos específicos de malas prácticas, los riesgos por sectores aumentaron el año pasado en medio de un crecimiento “extremadamente rápido” de los proveedores de servicios, según el reporte anual de la FIU, publicado este jueves, 11 de junio. Declara que, de las 56 inspecciones de supervisión del 2019, 34 estaban relacionadas con empresas de criptomonedas. Además, la unidad de Reimand citó “múltiples casos” de supuestas malversaciones de fondos de clientes o de prestación de servicios financieros en el extranjero que se encontraban sin la debida autorización.
Las medidas severas hasta ahora en Estonia, han preocupado a las empresas que no pudieron iniciar sus operaciones a los seis meses después de haber obtenido el permiso. El Parlamento también ha aprobado normas más estrictas para las licencias tras las advertencias de los supervisores sobre la creciente emisión de licencias desde 2018.
Estonia “probablemente estaba otorgando estos permisos con demasiada facilidad a cualquier empresa”, afirmó Andre Nõmm el año pasado, un miembro de la junta directiva de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia. Resaltando también que, las licencias han sido utilizadas para “crear credibilidad para algunos planes fraudulentos”.
Más de la mitad de las 900 empresas de criptomonedas restantes pueden perder sus licencias, ya que no tienen operaciones en Estonia y sus administradores se encuentran fuera del país, según Reimand.
Versión traducida del artículo de Ott Ummelas publicado en Bloomberg.
