Hechos clave:
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La información obtenida sería canjeada con sus socios comerciales internacionales.
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El objetivo es detectar usuarios que operan desde el extranjero y no pagan tributos.
El gobierno de los Estados Unidos está sediento por hallar nuevos mecanismos que le sirvan para financiar el gasto público. Una propuesta del Departamento del Tesoro, que estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca captar una parte de esos fondos dentro de la industria bitcoiner y de las criptomonedas en general.
Luego de la polémica surgida por la aprobación parcial del proyecto de «ley de infraestructura», en el que se captarían 28.000 millones de dólares de las empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta ahora a negociar con tus datos almacenados en los exchanges de criptomonedas.
La idea de las autoridades es la siguiente: los exchanges, u otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles de sus usuarios son extranjeros. Esta información sería utilizada por los Estados Unidos como «material de intercambio» con sus socios comerciales internacionales.
¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? Datos de estadounidenses que operan en otras latitudes y que no pagan tributos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un reporte de prensa difundido este lunes 30 de agosto.
«Para combatir la posibilidad de que las criptomonedas se utilicen para la evasión de impuestos, la presentación de información por parte de terceros es fundamental para ayudar a identificar a los contribuyentes y reforzar el cumplimiento fiscal voluntario», había señalado previamente el Departamento del Tesoro sobre su lista anual de acciones de recaudación.
Privacidad vulnerada en exchanges de bitcoin
El canje de los datos personales es justificado por los denominados «acuerdos de intercambio de información fiscal», lo que vulnera la privacidad de los usuarios y deja en evidencia la naturaleza centralizada de múltiples exchanges. De ser aprobada la norma, esta entraría en vigencia en el año 2023 y apuntaría a empresas como Coinbase o Gemini, por ejemplo.
Para «calmar las aguas», el Departamento del Tesoro estaría preparando una guía en la que explica cuál sería el alcance de la norma. La agencia gubernamental no tocaría a algunos actores del ecosistema bitcoiner como los mineros, pero sí comprometería el derecho a la privacidad.
El marco presupuestario estadounidense es de 3,5 billones de dólares (millones de millones). Esta gigantesca cantidad de dinero iría a varios frentes que incluyen áreas como: educación, mitigación del cambio climático, generación de energía limpia y vivienda.
El auge de Bitcoin estaría motivando a las autoridades a elevar la carga tributaria sobre el universo de las criptomonedas. Una de las motivaciones sería que es uno de los pocos sectores de la economía que ha demostrado expansión a pesar de la pandemia por coronavirus.
CriptoNoticias reportó en agosto que una primera propuesta de la «ley de infraestructura», otro proyecto legislativo que busca fiscalizar a Bitcoin, ya estaría lista para su aprobación definitiva ante la Cámara de Representantes. Una vez que sea validada en el congreso pasaría a la Casa Blanca en donde Biden le daría su firma y ejecútese.
