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Usuarios de criptomonedas enfrentarían reportes obligatorios de transacciones desde 2026.
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Los españoles tributarán ganancias con bitcoin y estarán más vigilados en exchanges.
El Congreso de los Diputados de España rechazó la enmienda presentada por el partido Vox. Esta pretendía devolver al Gobierno el proyecto de ley para transponer la directiva europea DAC8 sobre fiscalidad de bitcoin (BTC) y criptomonedas. Por ello, la iniciativa continúa ahora su tramitación parlamentaria en los términos de su texto original.
La decisión, aprobada tras una votación clave el jueves 16 de octubre, acelera la tramitación de una norma que la directiva europea cataloga como esencial. Con ella, introduce controles estrictos sobre transacciones y saldos en activos digitales. También permitirá a la Agencia Tributaria (Hacienda) embargar los criptoactivos a sus deudores morosos.
Con el apoyo mayoritario del hemiciclo —salvo la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra de Vox—, el texto avanza hacia su aprobación final antes del 31 de diciembre de 2025.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enfatizó la urgencia de transponer la directiva europea. Esto para cumplir con los compromisos internacionales de transparencia fiscal.
La norma, una vez aprobada, alinea a España con las exigencias de la Unión Europea (UE). Además equipa a las autoridades con herramientas modernas para supervisar el ecosistema de los activos digitales.
El rechazo a la enmienda solicitada Vox, evitó el inicio de un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea. Se trata de un mecanismo disciplinario de la Unión Europea. Este se activa cuando un Estado miembro no transpone una directiva a su legislación nacional en el plazo establecido.
La Comisión puede, incluso, remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, que impondría multas lump sum y penalizaciones diarias hasta la resolución.
Las multas lump sum, conocidas en español como suma a tanto alzado, son sanciones financieras únicas y fijas impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a un Estado miembro que incumpla el Derecho de la UE.
Se trata de un pago puntual que busca compensar el daño causado por la infracción y disuade futuras violaciones. Su monto se determina considerando factores como la duración del incumplimiento, su gravedad, la actitud del Estado y la necesidad de disuasión.
Más vigilancia y menos privacidad
Para España, la no aplicación de la norma exigida por la UE podría traducirse en sanciones millonarias y un descrédito en materia fiscal europea. Mientras que, para los usuarios de criptomonedas, esta aprobación por parte del Congreso marca el inicio de una mayor regulación y vigilancia sobre las transacciones con bitcoin y criptomonedas.
Lo anterior es porque la DAC8 obliga a los proveedores de servicios de activos digitales —como exchanges— a reportar transacciones de usuarios a las autoridades fiscales, cubriendo ventas, intercambios y transferencias a partir de 2026.
Con la entrada en vigor de la medida, las ganancias por especulación o trading deberán declararse y tributar como renta, reduciendo la anonimidad que atraía a muchos inversores. En caso de deudas fiscales, Hacienda podrá rastrear, embargar, y si es necesario, confiscar los activos digitales directamente, disuadiendo prácticas evasoras.
Como lo informó CriptoNoticias anteriormente, la Comisión Europea estima que, al transponer la directiva europea DAC8 en todos los países miembros, será posible recaudar 2.400 millones de euros adicionales en la UE mediante un mayor control fiscal.
