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El vacío legal crea riesgos de corrupción y lavado de dinero con criptoactivos.
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Algunos proponen que el país siga el modelo de Hong Kong, donde las criptomonedas son legales.
China, el país que considera ilegales las transacciones de bitcoin (BTC) y criptomonedas, está vendiendo millones en activos digitales incautados tras detectar operaciones criminales. Lo que está pasando es que los gobiernos de sus provincias están liquidando estos criptoactivos y convirtiéndolos en yuanes para salvar sus finanzas en tiempos turbulentos para los mercados, y mientras tanto una pregunta queda en el aire ¿puede China seguir ignorando el poder de las monedas digitales como bitcoin, en un mundo que ya las abraza?
Desde 2021, China mantiene una estricta prohibición sobre el comercio y la minería de criptomonedas, no reconociéndolas como activos legales. Sin embargo, el aumento de criptoactivos confiscados en investigaciones criminales ha obligado a las autoridades locales a buscar soluciones prácticas.
Según Reuters, los gobiernos de ciudades como Xuzhou y Taizhou delegan en empresas privadas la venta de estos activos en exchanges internacionales, repatriando los fondos para aliviar las arcas públicas, golpeadas por la actual desaceleración económica. Sin embargo, la falta de un marco legal claro genera preocupaciones sobre corrupción, lavado de dinero y la sostenibilidad de esta práctica en un contexto de creciente delincuencia con activos digitales.
Chen Shi, profesor de la Universidad Zhongnan de Economía y Derecho, advierte que esta práctica es una «solución improvisada» que contradice la prohibición vigente. Y adicionalmente, en un reciente seminario en Pekín, expertos coincidieron en que la ausencia de una regulación crea riesgos significativos. «Sin normas claras, las ventas de criptomonedas incautadas son un terreno fértil para irregularidades», señaló Liu Honglin, abogado especializado en criptoactivos.
El auge de actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas ha disparado las confiscaciones en China. Según SAFEIS, una firma de seguridad del ecosistema de las criptomonedas, el dinero vinculado a crímenes con criptoactivos alcanzó los 430.700 millones de yuanes (unos 59.000 millones de dólares) en 2023, un aumento de diez veces respecto a años anteriores. Estas confiscaciones generaron ingresos fiscales récord, con 378.000 millones de yuanes en 2024, según datos oficiales.
Empresas como Jiafenxiang, con sede en Shenzhen, emergen como actores clave en este proceso. Documentos revisados por Reuters muestran que esta compañía liquidó más de 3.000 millones de yuanes en criptomonedas incautadas, vendiéndolas en plataformas offshore y repatriando los fondos a través de bancos locales.
¿Qué hacer con los millones incautados en bitcoin?, un dilema en China
Abogados como Guo Zhihao, de Beijing Yingke Law Firm, creen que el Banco Popular de China debe asumir un rol central, ya sea vendiendo las criptomonedas en mercados internacionales o creando una reserva estratégica, similar a la planteada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Por su parte, Winston Ma, exdirector de China Investment Corp, propone emular el modelo de Hong Kong, donde los activos digitales son legales, permitiendo que se pueda centralizar la gestión bajo un fondo soberano para maximizar su valor.
Estas ideas chocan con la postura oficial de China, que mantiene una línea dura contra las criptomonedas. Sin embargo, el país enfrenta una paradoja. Esto debido a que, según la firma River, China es ya el 14° mayor tenedor mundial de bitcoin debido a las confiscaciones, lo que la obliga a replantear su estrategia.
Sin embargo, análisis de datos on-chain realizados por Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, sugieren que China pudo haber liquidado los 194.000 bitcoin confiscados en 2019 tras desmantelar el esquema Ponzi Plustoken. Estos fondos, movidos a través de mezcladores y exchanges como Huobi, se habrían vendido sin confirmación oficial del gobierno. Esta posible venta masiva refuerza la paradoja de que, mientras China prohíbe las criptomonedas, sus acciones en los mercados globales la posicionan como un actor clave en el ecosistema, lo que podría presionar hacia una regulación más abierta en el futuro.
Como lo informó CriptoNoticias en febrero, la necesidad de un marco regulatorio claro para gestionar criptoactivos se ha venido planteando de manera frecuente, especialmente para casos judiciales que implican cuestiones de «seguridad financiera nacional».
Para lograrlo, se plantea una mayor cooperación entre reguladores y agencias judiciales. Mientras tanto, debido a una decisión tomada en tribunales, las criptomonedas fueron reconocidas como «mercancías virtuales» con atributos de propiedad, permitiendo su posesión bajo ciertas condiciones, aunque su uso en transacciones comerciales sigue siendo ilegal.
