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Hace más de un año la Superfinanciera presentó una propuesta que prometió llevar al Congreso.
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Mientras sigue la espera, los bancos y exchanges de Colombia avanzan en la autorregulación.
Ha pasado más de un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera o SFC) presentara la visión que tiene el gobierno de Gustavo Petro sobre la regulación de bitcoin (BTC).
El ecosistema bitcoiner colombiano se sintió entusiasmado luego de que el superintendente César Ferrari presentara los lineamientos de un proyecto de ley para regular a los exchanges de criptomonedas, identificados en su propuesta como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales o PSAV.
La esperanza de lograr una regulación cobró fuerza, tras dos intentos fallidos con proyectos que se debatieron en el Congreso colombiano en los últimos cinco años, pero que no pasaron a las plenarias. La nueva propuesta, surgida bajo el ala de la Superfinanciera, puso el foco principal en establecer normas para la creación de activos virtuales y en el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas.
Los lineamientos principales –presentados por el superintendente César Ferrari– esta vez contaron con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, incluyendo el respaldo miembros del ecosistema colombiano y hasta representantes del Congreso.
Sin embargo, la espera se ha prolongado. El banco central es el que manifiesta muchas dudas en el debate que llevan adelante los organismos reguladores, antes de presentar el proyecto que entregarían al Congreso. Tal como comenta a CriptoNoticias Mauricio Tovar, representante del país ante la Alianza Blockchain Iberoamérica, el Banco de la República parece no tener una posición clara sobre la regulación y eso está causando retrasos.
De ahí que se hayan extendido los debates. Y aunque Tovar no ofreció detalles sobre cuáles serían los cuestionamientos que hace el Banco de la República, se sabe que el ente monetario se ha manifestado en varias ocasiones en contra de las criptomonedas al considerar que «no son moneda de curso ni divisas».
Los voceros de este organismo suelen insistir en que las criptomonedas no están respaldadas ni reguladas por el Estado, y no cuentan con el reconocimiento oficial como medio de pago. De esta forma, el banco se ha mostrado renuente a dar reconocimiento legal a los activos virtuales. Además, constantemente advierte en sus redes sociales sobre la volatilidad y los riesgos asociados a la inversión en criptomonedas.
No obstante, Tovar asegura que hay un consenso entre todos los reguladores sobre la necesidad de avanzar en materia regulatoria, sobre todo considerando el nivel de adopción presente en Colombia. Pese a ello el proceso se ha caracterizado por «mucho debate y poca acción real» para avanzar con la ley y someterla a votación en el legislativo.
«Hay un claro interés en que los exchanges cumplan con unos requisitos mínimos y sobre todo porque se brinde protección a los usuarios. Algo que estas plataformas ya vienen haciendo en la práctica», agrega Tovar. Se refiere con ello a una especie de autorregulación que aplican algunos bancos en colaboración con las plataformas de criptomonedas que participaron en el Sandbox regulatorio que coordinó la Superfinanciera.
Fue así como entidades, entre las que figuran Bancolombia, Davivienda e Itaú, optaron por aplicar algunos de los reglamentos existentes y trabajan en la consolidación de algunos de sus proyectos con criptomonedas, mientras se expide el marco normativo.
Tal como informó CriptoNoticias, la Superfinanciera informó en julio pasado sobre el cierre de la arenera que se venía realizando desde 2021. Un experimento que permitió evaluar las actividades de compraventa de criptomonedas en un grupo de exchanges seleccionados, que trabajaron en conjunto con los bancos colombianos.
En su evaluación final, la SFC reconoce que los resultados dan base para avanzar en la comprensión de los riesgos y oportunidades de este tipo de operaciones en su interacción con servicios del sistema financiero.
«Los datos recopilados (en el sandbox) proporcionaron información esencial sobre los riesgos a los que se enfrentan, tanto los consumidores como las entidades supervisadas», acotó la Superfinanciera. A pesar de ello, los reguladores se mantienen cautelosos con la regulación, sosteniendo la idea de que «la actividad es riesgosa».
