De la sociedad de la transparencia a la criminalización de la privacidad: Tornado Cash

Desde que Internet y las redes sociales se hicieron imprescindibles en el día a día, la sociedad ha ido borrando las fronteras entre la vida pública y la vida privada. Muchos viven como en un reality show, exponiendo su intimidad sin reparos, y quien protege su derecho a la privacidad es visto con sospecha. Hemos normalizado lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama la Sociedad de la Transparencia, un modo de vivir siempre expuesto, desnudo ante la mirada ajena y que reniega de lo oculto. Nada mejor para el Estado policial. 

La transparencia como valor también existe como principio de diseño en la mayoría de las redes de criptomonedas públicas como Bitcoin y Ethereum. El daño colateral al que nos arriesgamos si no defendemos las tecnologías de privacidad en estas redes es una distópica hipervigilancia estatal. 

Debido a la necesidad de contraloría mancomunada indispensable para evitar el fraude en las blockchains públicas como Bitcoin y Ethereum, todo el historial de transacciones es visible por cualquiera y permanece registrado al menos por el tiempo de vida de la correspondiente contabilidad y su red. El partido político que financiaste, el control cambiario que evadiste, la suscripción pornográfica que pagaste: todo registrado permanentemente y potencialmente identificable. Algo tan básico como el secreto bancario requiere de herramientas especializadas que protejan la privacidad, rol que en Ethereum ha ejercido Tornado Cash. 

Tornado Cash es, en su nivel más fundamental, un código que se autoejecuta. No hay una empresa ni autoridad jerárquica que conduzca el proyecto. Si bien existen desarrolladores que colaboraron voluntariamente en su configuración, ni siquiera ellos tienen control ahora sobre su funcionamiento. Bajo el argumento de que esta herramienta es usada por hackers norcoreanos (como probablemente usen computadores para comunicarse o automóviles para desplazarse), esta pieza de software sin nacionalidad ni personalidad jurídica ha sido incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

Siendo el código una manifestación del discurso y, por tanto, una forma de libertad de expresión, amparada por la Primera Enmienda de los Estados Unidos, hay muchos que consideran la sanción a Tornado Cash inconstitucional. Se trata de una querella contra cierta forma de matemática, y no contra una persona natural o jurídica con voluntad propia ni obligada a Ley. 

La ya polémica situación se agravó en el momento en que se difundió el arresto en Holanda de un presunto desarrollador de Tornado Cash de 29 años. Según justificación policial, se lucró al facilitar lavado de dinero. Sin embargo, deduzco que el objetivo más probable del arresto es que sirva de castigo ejemplar para disuadir a otros desarrolladores de trabajar en este tipo de herramientas, pues la policía holandesa dejó claro que no descartan más arrestos.  

De esta manera pasamos de la «sociedad de la transparencia» a la criminalización de la privacidad: un mundo en el que ya no solo basta con la exposición voluntaria, sino en el que el secreto financiero se encuentra, en el mejor de los casos, excluido (al censurar transacciones que interactúen con mixers); en el peor, penado y castigado.  

La voluntad estatal de vigilar y castigar sobrepasa aún sus propios marcos jurídicos para imponerse, negando la libertad de expresión. Porque tanto el código como el dinero son discursos que expresan intenciones políticas.  

Hasta ahora, el estatus de discurso del código abierto y descentralizado había protegido a muchos proyectos ante la censura. Sin embargo, la sanción a Tornado Cash sienta un precedente jurídico que, de no ser apelado y rebatido, daría cabida legal a sanciones a otros proyectos de software libre, desamparando la libertad de expresión a través del código. 

Por todos los flancos, los censores y fact checkers procuran filtrar y gestionar los discursos, separando lo admisible y ocultando lo inadmisible. Si bien no hay herramientas técnicas que puedan frenar la libertad de expresión (sea a través de código u otro medio), el recurso legal y el uso de la violencia estatal son suficientemente efectivos para desalentar el desarrollo de proyectos de este talante.  

Medidas como esta deben ser rechazadas con contundencia por cualquiera que defienda las libertades y derechos civiles. Cada centímetro de terreno que se cede ante la hipervigilancia supone una cuota de libertad perdida ante la gestión centralizada de la vida y la imposición de un pensamiento único.

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