El Lic. Santiago Ríos Ramírez se desempeña en el Observatorio de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja y forma parte del Grupo de Investigación de Comunicación, Poder y Ciudadanía en Red.
Pese a los avances globales y la gran aceptación de la gente, no solo de Bitcoin, sino de las criptomonedas en general y de la tecnología blockchain, muchos países han impuesto una serie de regulaciones que no siempre han sido adecuadas. En el año 2014, Ecuador genera su nuevo Código Monetario, en donde prácticamente elimina toda posibilidad de que esta tecnología, en su aplicación económica, ingrese al país. Por lo que se han estipulado sanciones, incluso de tipo penal, a quienes traten de ejercer algún tipo de negocio relacionado.
El Art. 94 del Código Monetario y Financiero implica restricciones al mercado nacional de criptomonedas, disminuyendo por tanto la capacidad de los usuarios y sus derechos, sobre todo para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario en instituciones que se encuentren legalmente establecidas en Ecuador.
Ante esto, la Comunidad Bitcoin Ecuador en 2014 presentó a la Asamblea una propuesta de modificación de algunos aspectos que consideraban peligrosos, tanto para la privacidad de los ecuatorianos como para la libertad del uso de las criptomonedas descentralizadas (bitcoin, litecoin, etc.), la cual fue escuchada pero no atendida en la ley promulgada posteriormente.
Algunas instituciones empiezan a usar la tecnología blockchain en un sinnúmero de aplicaciones, como Criptec, Capitalika, GraphenTech 77G, entre muchas otras, que se establecen en otros países con regulaciones más permisibles, a la espera de que la situación normativa en Ecuador mejore.
Las tecnologías emergentes serviría para que éstas empresas o muchas otras del ámbito creativo y cultural surjan, fomentando empleo y ayudando a los Estados a cumplir con sus políticas públicas y los acuerdos para conseguir el desarrollo de las naciones latinoamericanas en consonancia con sus objetivos de desarrollo sostenibles.
El Ph.D. Luis Espinosa Goded, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, y miembro de la Comunidad Bitcoin Ecuador, ha reflexionado sobre muchos aspectos de las regulaciones locales. Señala la intención que tuvieron las cartas abiertas, presentadas por esta comunidad a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, para detener el articulado del Código Monetario. A pesar de haberse reunido en las instalaciones de la propia Asamblea con los máximos representantes legislativos, esta propuesta no fue acentuada en la Ley.
Se puede apreciar en actas del organismo, que se encuentran en la página web de la Asamblea Nacional del Ecuador, que no constan las reuniones con la comunidad, incluida en el documento bajo la categoría “otros” sectores de la sociedad civil.
Frente a la negativa, Goded supone dos casos: primero, que el Proyecto del Código Orgánico y Financiero respondía directamente a la necesidad de implementar el dinero electrónico en el país – proyecto nacional del Estado ecuatoriano – y éste no podía aceptar rivales; segundo que la población no generó mayor contrariedad ante esta regulación, ya que la estabilidad que ofrece una moneda como el dólar, a diferencia de otras divisas en la región, asegura una impresión de seguridad. Goded cree que bitcoin u otras criptomonedas todavía son “una alternativa monetaria no satisfactoria” en Ecuador.
Por otra parte, Frank Luetticke, creador de la empresa Criptoasesores, especializada en la asesoría sobre criptomonedas y colaborador de Criptec, empresa ecuatoriana dedicada a la construcción de cajeros electrónicos de criptomonedas, cree que en Ecuador nos encontramos en un estado de alegalidad, ya que el articulado del Código Financiero no permite el libre intercambio de criptomonedas en una institución oficial en el país, pero no pena su posesión, sino que solamente no se las considera como monedas de curso legal. Además, indica que sería demasiado complicado, y técnicamente casi imposible, que el Estado, mediante una normativa, interviniera sobre cada transacción realizada con criptomonedas.
Ante este estado de alegalidad, empresas como las que él dirige en el país han decidido establecerse legalmente en Estonia, un país que les permite mejores formas de desarrollo. Se lo nota muy positivo, a pesar de que actualmente se encuentra en un proceso para conseguir permisos que faciliten la colocación de sus cajeros en el país, el que debe ser otorgado por el Banco Central de Ecuador en el futuro.
Señala que aún falta mucho por ver respecto de la tecnología en el país y lo que los usuarios podrán realizar con las criptomonedas, pero que la comunidad crece cada día más en Ecuador.
Las normativas de diferentes países de la región constatan que existe una clima favorable para el mercado de criptomonedas, dejando a Ecuador y su articulado en una encrucijada que debe ser resuelta, ya que las políticas públicas en el país son ambiguas: por una parte, se genera un Código Monetario prohibitivo de las criptomonedas, y posteriormente se afirma, en sus Políticas Públicas del Sector de las Telecomunicaciones 2017-2021, una necesidad imperante de la tecnología blockchain para el desarrollo.
Las políticas públicas del país en materia de criptomonedas pueden considerarse solamente como “políticas romance”, ya que difícilmente llegan a cumplirse, a pesar de estar estipuladas normativamente, demostrando únicamente la falta de voluntad política para el desarrollo de esta tecnología emergente en el territorio ecuatoriano.
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