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El Salvador lleva meses solicitando un préstamo de USD 1,3 mil millones al FMI.
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La recaudación esperada por la venta del bono bitcoin es de USD mil millones.
Si no puedes con tus enemigos, compra Bitcoin. Esa pudiera parecer ser la más reciente estrategia de financiamiento planteada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El Salvador lleva al menos ocho meses solicitando un préstamo de USD 1,3 mil millones al Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde marzo de 2021, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya ha insistido en la necesidad de este préstamo para cubrir los costos presupuestarios hasta el año 2023, así como para aliviar el peso de la deuda nacional.
Si bien el FMI no ha descartado la posibilidad del préstamo, su inclinación no luce del todo favorable. Menos aún luego de que se anunciara en junio la adopción de bitcoin como moneda de curso legal en el país. El director de comunicaciones del prestamista, Gerry Rice, ha considerado que este movimiento «plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales».
Y aunque Zelaya dijera en junio que, a pesar de la Ley Bitcoin, estaban por finalizar las últimas redacciones para aplicar un plan de ajuste económico y asegurarse el préstamo con el FMI, han pasado cinco meses desde tales declaraciones y el organismo internacional se mantiene esquivo sobre el futuro del préstamo.
¿Bitcoin al rescate?
Quizás sea coincidencia que el monto que se espera recaudar por la emisión del llamado bono volcánico sea de mil millones de dólares, cifra muy similar a la del préstamo solicitado al FMI. Sin embargo, los objetivos y las condiciones de ambos préstamos son muy distintos.
Como hemos explicado en CriptoNoticias, 50% de los ingresos por el bono se destinarán a comprar bitcoin y el otro 50% a invertir en equipos de minería y desarrollar la infraestructura energética de Bitcoin City. Es decir, todo lo que se recaude ya tiene un destino. Y las facturas no se pagan solas, por decirlo de alguna manera: hay muchísimos otros gastos que cubrir para los cuales El Salvador sigue estando un tanto apretado.
Según el proyecto de presupuesto para el 2022, recientemente introducido ante el Legislativo por el ministro de Hacienda, El Salvador requiere USD 7.967,7 millones para cubrir sus proyectos del año entrante.
Los ingresos de El Salvador hasta el 2018 (año en que dejó de actualizarse el portal de Transparencia), alcanzaron con dificultad los USD 6.000 millones. Aunque, según ese mismo portal, la proyección de crecimiento para 2022 llega a alcanzar los USD 7.000 millones.
Todo esto lleva a pensar que aún faltarían otros mil millones de dólares para cubrir los costos estimados para el ejercicio fiscal del año entrante, cifra que también coincide con el monto del préstamo solicitado al FMI. Todo esto sin mencionar los USD 18.450 millones en deuda externa que, según el Banco Central, pesan sobre el país.
Bonos bitcoin: un precedente desafiante
A pesar de que muy probablemente El Salvador siga necesitando el apoyo del FMI para poder alcanzar sus metas gubernamentales, el levantamiento de capital privado por parte de un Estado a través de redes públicas y abiertas supone un desafío claro para organismos de financiación como el FMI, acostumbrados a influir poderosamente en la política mundial a través de las condiciones que establecen para sus préstamos. Esto, a largo plazo, socavará su poder.
El que los Estados pequeños y con urgencias económicas entiendan que para poder financiarse podrán emitir bonos para inversión en bitcoin, no solo los expondrá a un alza exponencial impulsada por la salida de circulación de las múltiples unidades de BTC que compren, sino que podrán mantener su soberanía y decidir sobre cómo usar ese dinero.
Esto último, cabe aclarar, no tiene necesariamente que ser bueno para la población de los países que lancen bonos. Que un Estado compre bitcoins con deuda no implica que los fondos serán usados de manera inteligente o que estarán libres de corrupción.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los bonos gubernamentales de la actualidad, los cuales varían su atractivo según el riesgo del país y dependiendo de las condiciones de retorno de inversión establecidas, bonos emitidos para comprar bitcoin serían más atractivos para ciertos inversionistas porque ya la confianza de la inversión no tendría que colocarse solo en el país emisor, sino en la expectativa de crecimiento del precio de bitcoin.
De cualquier manera, aún con la ventaja de pionero que tiene El Salvador en la emisión de estos bonos, las cifras antes mencionadas hacen pensar que organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional seguirán siendo relevantes para el financiamiento gubernamental, por más que existan bonos para comprar bitcoin. Simplemente, al igual que sucede desde 2009 para los individuos, ahora Bitcoin abre una alternativa para los Estados que no quieran someterse a condiciones de organismos supranacionales.