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Hay legisladores que defienden asignaciones del 10% porque bitcoin protege de la inflación.
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Satoshi Action Fund cree que cualquier asignación en BTC es positiva para los estados.
En un mundo donde la economía global se tambalea entre la incertidumbre inflacionaria y la revolución tecnológica, bitcoin (BTC) ha emergido como un activo que desafía las reglas tradicionales del dinero.
En Estados Unidos, esta moneda digital, que es la más importante del mundo, no solo ha captado la atención de inversionistas individuales, sino también de los gobiernos estadales.
Hasta la fecha, al menos 23 estados han presentado sus propios proyectos de ley para establecer reservas estratégicas de bitcoin, proponiendo destinar entre el 3%, 5% y hasta el 10% de sus fondos públicos a este activo digital descentralizado. De esos, cinco han quedado en el camino y solo 18 tienen propuestas aún vivas y en pleno proceso legislativo.
Pero, ¿cuál es el porcentaje ideal que un estado debería ahorrar en bitcoin? Esta pregunta, lejos de tener una respuesta unánime, ha provocado un debate entre legisladores, economistas y expertos en criptomonedas, mientras los estados compiten por posicionarse en la vanguardia de la innovación financiera.
Analizar las propuestas estadales ofrece pistas sobre cómo se está abordando esta cuestión. En Oklahoma, por ejemplo, el proyecto HB 1203, que propone una asignación de hasta un 10%, ha sido defendido por el representante Cody Maynard como un símbolo de “libertad financiera”. Maynard argumenta que una asignación significativa permitiría al estado diversificar sus activos y protegerse contra la inflación, alineándose con una visión a largo plazo.
En contraste, Nuevo México optó por un enfoque más conservador con su proyecto SB 275, que limita la inversión al 5% de los fondos públicos en BTC. El senador Anthony Thornton justificó esta cifra como un equilibrio entre innovación y seguridad, destacando que el estado planea usar almacenamiento en frío para minimizar riesgos cibernéticos. Este enfoque refleja una cautela que podría ser un modelo para otros estados que temen la volatilidad del mercado.
Georgia, por su parte, ha llevado el debate a otro nivel. El proyecto SB 228, impulsado por senadores demócratas como Jason Esteves, no establece límites, permitiendo al tesorero del estado invertir libremente en bitcoin.
Esta flexibilidad busca competir con propuestas republicanas más restrictivas, como la SB 178, también del mismo estado, que impone un tope de inversión del 5%. Esta rivalidad política sugiere que el porcentaje ideal podría depender tanto de factores económicos como de la dinámica legislativa de cada estado.
¿3%, 5% o 10%? El dilema del equilibrio
Entonces, ¿cuál es el porcentaje ideal? En realidad, no hay una fórmula universal. Lo que sí se confirma es que, independientemente de la asignación, las reservas de BTC podrían generar una demanda de 23.000 millones de dólares para bitcoin, de acuerdo con la firma de inversiones VanEck.
Es decir, si un estado promedio destinara el 5% de sus fondos, esto podría traducirse en cientos de millones de dólares por jurisdicción, un impacto significativo, pero manejable frente a presupuestos estadales que a menudo superan los miles de millones de dólares.
Sin embargo, la volatilidad sigue siendo el elefante en la habitación. Nic Carter, socio de Castle Island Ventures, expresó que es posible que se aprueben estas reservas, pero no de manera masiva, ya que la volatilidad podría ahuyentar a los legisladores.
“Bitcoin sigue siendo extremadamente volátil y es claramente inadecuado como unidad de cuenta”, afirmó en un post en diciembre pasado.
Ahora bien, desde Satoshi Action Fund, organización política que se ha encargado de promover la presentación de proyectos de ley para crear reservas estratégicas de BTC, se sugiere que, al integrar bitcoin en las carteras estadales, independientemente de la asignación, “los estados pueden mejorar su capacidad para preservar el valor real y mantener la estabilidad fiscal frente a la inflación y la expansión monetaria”.
Es más, ellos creen que, si bien es necesario abordar los desafíos relacionados con la volatilidad, las restricciones regulatorias y la variabilidad del flujo de efectivo, “los beneficios potenciales de la diversificación son sustanciales”.
Así, consideran que la asignación de proporciones modestas a bitcoin “ofrece una oportunidad convincente para preservar el poder adquisitivo” y lograr rendimientos reales significativos. “Incluso con asignaciones tan bajas como el 3%”, dicen, ya que “son suficientes por sí solas para compensar la inflación”.
Una apuesta al futuro
El debate sobre el porcentaje ideal de bitcoin en las reservas estatales de EE. UU. no se resolverá pronto. Mientras 18 estados avanzan con propuestas que oscilan entre el 3% y el 10%, la respuesta dependerá de factores como la tolerancia al riesgo, los objetivos económicos y la evolución del precio de BTC.
Lo que está claro es que esta tendencia marca un punto de inflexión en la percepción del bitcoin, que pasa de ser un activo especulativo a una herramienta estratégica en las finanzas públicas.
Como dijo Curtis Schomer, congresista de Montana, en exclusiva a CriptoNoticias tras el rechazo de su proyecto HB 429: “La adopción de bitcoin a nivel estatal es inevitable. Solo necesitamos mejorar la conversación”.
Quizás el porcentaje ideal no sea un número fijo, sino una apuesta adaptable al ritmo de un mundo que, cada vez más, mira hacia lo digital para redefinir el valor.