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La nueva resolución de Brasil elimina impuestos a equipos de refrigeración líquida.
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En un estado de Venezuela se ofrecen hasta 1.000 USD por denuncias de minería ilegal.
Cruzar la frontera entre Brasil y Venezuela implica que la minería de Bitcoin pasa del incentivo a la prohibición en un solo paso. En territorio venezolano, las máquinas se apagan para proteger una red eléctrica bajo presión. En el lado brasileño, los interruptores se abren con nuevas facilidades para la importación de equipos, convirtiendo la energía en un activo estratégico que impulsa este sector.
Brasil actualizó su lista de extarifarios el 8 de mayo de 2026 mediante la Resolución Gecex 894, publicada en el Diario Oficial da União. La medida modifica el Anexo Único de una resolución anterior e incluye o renueva exenciones para diversos equipos industriales con vigencia hasta abril de 2028 en algunos casos.
Del comunicado se extrae que las descripciones técnicas corresponden a sistemas de refrigeración líquida y centros de datos modulares utilizados en la minería de Bitcoin. Con este movimiento, la nación amazónica posiciona su energía como una herramienta de expansión. Al aprovechar una matriz renovable sólida, deja claro que su plan es convertir los excedentes de energía en riqueza digital.
Su estrategia es abaratar la tecnología para que los mineros transformen electricidad en capital, consolidando al país como otro centro neurálgico del sector en la región. Esta apuesta tiene un horizonte claro fijado en la resolución de 2028, con la posibilidad abierta de una renovación.
Al llevar a 0% el Impuesto de Importación (II), que antes podía alcanzar hasta un 18% para este tipo de bienes, el gobierno brasileño está reduciendo de golpe casi una quinta parte del costo de capital (CAPEX) para nuevas infraestructuras de datos.
Este ahorro es especialmente relevante porque la refrigeración puede representar hasta el 40% del consumo energético operativo de una granja de minería digital. Brasil cuenta actualmente con más de 200 GW de capacidad instalada de energía renovable, lo que lo posiciona como un destino atractivo para inversores del sector.
Mientras tanto, al norte, la perspectiva es defensiva. Esto porque justo antes de la resolución emitida por Brasil, el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela ratificó su prohibición absoluta de la minería digital, argumentando que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no puede costear el consumo de las «granjas» mientras el 35% de los hogares sufre cortes diarios, tal como lo informó CriptoNoticias en su momento.
«Se mantiene la prohibición absoluta… Quienes realicen esta actividad de forma ilícita serán sancionados con todo el peso de la ley», reza el comunicado oficial del 7 de mayo.
La transformación del excedente energético en LATAM
En este contexto, Venezuela deja claro que asume la energía como un recurso de estricta supervivencia. De hecho, la presión escala hasta el punto de ofrecer recompensas de 1.000 dólares en el estado Carabobo por denunciar operaciones clandestinas, dejando como efecto los primeros equipos incautados. Para el Estado venezolano, cada vatio destinado a un equipo minero de Bitcoin es un vatio que se le resta a la estabilidad social.
Esta divergencia de políticas nos enfrenta a una realidad ineludible en la región. Se trata de que en la era digital, la verdadera soberanía ya no solo se mide en fronteras geográficas o reservas de oro, sino en la capacidad de un país para mantener sus luces encendidas.
Brasil y Venezuela están de acuerdo en que la energía es el activo más valioso de una nación. Sin embargo, mientras uno la utiliza como una herramienta de expansión para conectarse al futuro financiero, el otro se ve obligado a usarla como un racionamiento de emergencia para sostener el presente.
En la región también está el caso de Paraguay que decide jugar una carta distinta como es la transformación de la minería en infraestructura para la Inteligencia Artificial (IA). Aprovechando el excedente de la represa de Itaipú, el país atrae a mineros de Bitcoin y a gigantes como Hive Digital Technologies, que comenzó a desplegar centros de datos de alto rendimiento.
Quiere decir que para la nación guaraní, el vatio es la base para construir un polo regional de cómputo. Al asociarse con empresas locales de telecomunicaciones y atraer inversiones amparadas en acuerdos de estabilidad con Estados Unidos, Paraguay busca demostrar que la energía hidroeléctrica puede ser el motor de una industria que va mucho más allá de la minería de Bitcoin.
Esta divergencia de políticas en LATAM no solo refleja realidades energéticas distintas, sino también visiones opuestas sobre el futuro. Mientras Brasil y Paraguay apuestan por convertir sus excedentes energéticos en una ventaja competitiva en la economía digital, Venezuela prioriza la estabilidad inmediata del servicio eléctrico en medio de una fuerte crisis.
Al final, en este tablero, el ganador parece ser que no será quien desarrolle mejor la minería en la era digital o quien tenga más máquinas, sino el que logre que la energía trabaje mejor para su gente y para el desarrollo de su nación.
