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Los mineros temen que la actividad sea “cercada” y que pierdan sus libertades.
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Hay quienes piensan que los BTC minados podrían ser considerados como manchados.
La legalización de la minería de Bitcoin en Venezuela y la posible conformación de un pool nacional auspiciado por el gobierno, está generando más preguntas que respuestas entre los mineros que hacen vida en el país.
Luego que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicara en Gaceta Oficial la providencia 084-2020, para la regulación de la minería digital y sus procesos asociados, los mineros locales manifestaron dos puntos de vistas diametralmente opuestos.
Por un lado, los mineros ven con buenos ojos el que la actividad se asuma como una labor económica formal que genera ingresos al país. Sin embargo, los representantes consultados por CriptoNoticias también mostraron sus dudas sobre la conformación de un posible pool nacional para minar bitcoin, ya que se estaría cercando o aplicando controles externos a la minería.
Para Theodoro Toukoumidis, CEO de la empresa DoctorMiner, durante muchos años la industria de la minería digital en Venezuela estuvo obligada a realizar sus labores a escondidas. No obstante, considera que la nueva providencia puede ser un punto de partida para una amplia regularización que permita nuevas inversiones nacionales o extranjeras.
«Como empresa siempre vamos a estar contentos de que la actividad en la que trabajamos se convierta en una industria regulada. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con quienes hacen el decreto o la providencia. La emisión de licencias para la minería organizará al sector, nosotros estamos de acuerdo con eso ya sea que lo haga el gobierno A, el gobierno B o el gobierno C», destacó el ejecutivo, quien se inició en la minería en el año 2016 con rigs de Ethereum.
El directivo comparó la resolución de las autoridades venezolanas con la decisión tomada en el pasado por Estados Unidos, Canadá, China o Islandia en donde, según su punto de vista, la minería es considerada una industria importante. Las dudas de Toukoumidis están orientadas a los controles que puedan implementarse para «cercar» la actividad.
«Crear un pool nacional solamente sería favorable dependiendo de los beneficios que te vayan a dar. Si los fondos generados por el pool son fondos que se muestran para dónde van y qué se hace con ellos, yo me conecto al pool, pero no voy a estar de acuerdo con un pool en el que si no me conecto me sancionan. Ahora mismo no hay condiciones establecidas para ese pool, ni cobro de comisiones, ni condiciones especiales».
Theodoro Toukoumidis, CEO DoctorMiner
Este emprendedor, quien ya ha desarrollado proyectos de minería en el país de más de 10MW instalados, ve un problema al decir que si el gobierno «encierra» la actividad para minar bitcoin, entonces los mineros de otras criptomonedas quedarían fuera de la regulación, más allá de las licencias que se aprueben.
Ingresar al pool de Venezuela de forma opcional
José Parra es el CEO y fundador de la empresa CriptoMiner, la cual hace vida en el ecosistema Bitcoin venezolano desde el 2016. El ejecutivo apoya las medidas de la Sunacrip para legalizar la minería de criptomonedas, pero cree que no debe existir obligatoriedad en unirse a un pool nacional.
El empresario considera que congregarse en un pool en particular debe ser una opción para los mineros, no una imposición de carácter obligatorio. Si se hace de esa forma entonces se restringiría la libertad de elegir cualquier pool que beneficie a los entusiastas, refirió nuestro entrevistado. Parra fue más allá y puso en duda que se establezca un pool con esas condiciones en Venezuela.
«Dudo que se vaya a crear un pool nacional a pesar de que eso esté ahí planteado. Un pool de ese tipo sería blanco de ataques de negación de servicio y hackeos. Lo que dicta la providencia genera desconfianza y ruido en la comunidad de mineros porque sería un tipo de control. Estamos de acuerdo con que se cobren tributos, pero que sea en consenso con la comunidad», dijo el ingeniero en telecomunicaciones.
Una alternativa que plantea el ejecutivo es que se establezcan pagos porcentuales según la capacidad de minado de cada quien. Es decir, si alguien quiere unirse al pool, entonces que se cobre el 1% de los terahashes de minado.
«Si alguien no quiere unirse al pool, entonces que pague ese 1% por otra vía. No estamos de acuerdo es con el control, tienen que crearse distintas vías para que el usuario decida cómo pagar el tributo», refirió el directivo de CriptoMiner, una compañía que se encarga de diseñar y desarrollar proyectos de granjas de minería en Venezuela.
Otro aspecto que tocó Parra es el de la minería a baja escala, ya que no hay información sobre cómo administrar la actividad de los pequeños mineros. El representante de CriptoMiner considera que deben establecerse zonas especiales, límites de equipos a activar para no perturbar las zonas residenciales y definir el costo de la energía eléctrica.
Sanciones, bitcoin y monedas manchadas
El minero venezolano @Kike_manBTC planteó varios aspectos que abarcan el ámbito tecnológico de la minería de bitcoin y las decisiones políticas. El entusiasta se refirió a la conformación del pool nacional y sus posibles repercusiones.
Una de ellas es que diversos representantes del gobierno están sancionados por los Estados Unidos, al igual que el proyecto petro impulsado por el presidente Nicolás Maduro. El operador cree que los bitcoins minados en ese grupo podrían ser considerados como manchados, en caso de que sean transferidos a exchanges centralizados, porque guardarían relación directa con una institución del Estado.
«Esos bitcoins pueden ser retenidos o confiscados, es decir, no habría garantías de que un bitcoin minado junto con el gobierno pueda canjearse», mencionó el minero quien considera que el establecer un pool nacional crearía un monopolio de poder computacional en el país.
En cuanto al ámbito tecnológico, @Kike_manBTC resaltó a CriptoNoticias que en la actualidad el hashrate de Bitcoin está creciendo significativamente. De llegar a crearse un pool nacional entonces la dificultad será mucho mayor, lo que impactaría los equipos de minado en Venezuela, dijo el minero que está en la actividad desde el 2017 y opera en el centro del país.
«En Venezuela hay muy pocos mineros que se están actualizando a nuevos equipos computacionales que puedan minar 60, 70, 80 o 90 terahashes por segundo. La mayoría de los equipos que hay en Venezuela, un 60% o 70%, son máquinas S9 que rondan de 13 a 14,5 terahashes. Esto quiere decir que el pool de minería en Venezuela se va a quedar atrás con respecto a los mayores pools del mundo, lo que conllevaría a que conseguir un bloque en la red de Bitcoin pudiera tardar meses.»
@Kike_manBTC, minero venezolano.
El minero también tocó el tema de aquellos entusiastas que tienen su poder computacional al servicio de otros proyectos diferentes a bitcoin como bitcoin cash (BCH) o bitcoin satoshi vision (BSV).
«¿Qué va a suceder con los mineros que estén minando SHA-256 en otro tipo de cadena como Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi Vision? Si hacen un pool único donde el gobierno exija minar únicamente BTC, entonces las personas que estén minando otras criptomonedas, van a tener que forzarse a dejar de contribuir en esas cadenas, independientemente de sus razones, para minar en la red BTC», puntualizó.
La opción que ve el minero es que el gobierno establezca varios pools de distintas cadenas, pero eso conllevaría a la creación de una plataforma que requerirá grandes recursos para darle espacio a todos.
Implementar stratum como intermediario
La sugerencia de Joan Telo, presidente de la empresa CriptoPartes, es que no se establezca un pool nacional, sino que se instale un proxy de minería (stratum proxy), lo que le permitiría al usuario final decidir en cuál pool minar.
En un escenario como este, la Sunacrip fungiría como intermediaria en la comunicación entre el pool final y el minero, dijo Telo, un ingeniero que lleva ocho años como minero en el país. Este plan le permitiría a la Sunacrip cobrar comisiones de lo que mina cada máquina, sin tener que obligar a minar alguna moneda en particular, o tener que montar muchos pools.
«El pool de minería nacional es una idea que se ha escuchado desde los inicios de la superintendencia. Es una idea muy soñadora que debe ser aplicada con suficientes beneficios para que los mineros la tomemos de la mejor manera».
Joan Telo, presidente de CriptoPartes.
El directivo mencionó que las intenciones de la superintendencia parecen ser buenas, pero es «muy difícil generar la confianza necesaria». Sobre los planes de establecer un pool nacional acotó que existe preocupación y miedo. «Cada uno debería tener la capacidad de decidir en dónde minar».
También recordó que los mineros en el país han vivido episodios de persecución policial, extorsiones y robos, ya que no existía una claridad regulatoria sobre la minería de bitcoin, por ejemplo. Sobre la legalización dijo que es un paso firme que busca reconocer la actividad que se hace en el país.
Entre los mineros de pequeña escala, «Santiago Robles» fue más vertical al cuestionar los planes del gobierno. El minero se preguntó: «¿quién garantiza en el gobierno que esos fondos los van a regresar en la moneda que estén minando? De repente dicen que van a pagar en petros o que te van a dar bolívares ¿cuáles beneficios habrá?, está bien que cobren impuestos, pero un pool de este tipo sería centralizar toda la producción».
De a poco la regulación de la minería digital en Venezuela va tomando forma, pero también lo van haciendo los planes de la Sunacrip para fiscalizar la actividad. Todos los mineros consultados ven como positivo el que se regule a la creciente industria, lo que no están de acuerdo es que se impongan condiciones que podrían cercar las operaciones que se ejecutan a escala nacional.