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En un inmueble ubicado al sur de Paraguay se encontraron 354 máquinas para la minería de bitcoin.
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Según cálculos preliminares, en el sitio había una infraestructura valuada en USD 1,5 millones.
Un inusual consumo intensivo de energía eléctrica en un inmueble perteneciente al exdiputado paraguayo Miguel Cuevas, llevó a los técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a una presunta granja ilegal de criptomonedas en el departamento de Paraguarí, al sur del país.
Según informan los medios locales, debido a que este tipo de consumo elevado es característico de las granjas de criptomonedas, los técnicos de ANDE intuyeron que se trataba de un sitio clandestino para la minería de bitcoin.
Tras obtener una orden judicial, el inmueble finalmente fue allanado este 19 de mayo. Indican que en el sitio la Fiscalía encontró toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de una granja de criptomonedas. En ese sentido, informan el hallazgo de unos 354 mineros de bitcoin, los cuales estaban instalados en un espacio valuado en USD 1,5 millones. Las máquinas serán derivadas al depósito del Ministerio Público para su posterior investigación y análisis.
El fiscal Alfredo Ramos Manzur señaló que la propiedad había sido alquilada por el exdiputado a una ciudadana identificada como Ramona Peralta, quien ya designó sus representantes legales. En ese sentido, el arrendamiento añade una capa de complejidad al caso, ya que se investigará si es el exdiputado o el arrendatario actual el responsable de la posible operación ilegal con criptomonedas.
Se trata de un hecho que complica la situación del exdiputado Cuevas, quien en 2023 fue condenado a cinco años de cárcel con cargos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, razón por la que la mayoría de sus bienes fueron decomisados por las autoridades. Según las acusaciones amasó una fortuna ilegal entre 2009 y 2019, período durante el cual se desempeñó como gobernador de Paraguarí y diputado del mismo departamento.
Por su parte, los abogados de Peralta afirman que no se cometió un hecho punible de sustracción de energía eléctrica, porque las máquinas no estaban conectadas. Aunque los agentes policiales que custodiaron el sitio mientras se esperaba la orden de allanamiento, dicen que los implicados tuvieron tiempo para desconectar los aparatos del sistema eléctrico.
El caso será investigado bajo el artículo 173 del Código Penal, que establece una pena de hasta tres años de cárcel o multa por el delito de sustracción ilegal de energía.
Tal como ha informado CriptoNoticias, la minería clandestina de criptomonedas se ha convertido en una preocupación creciente para el gobierno de Paraguay, alegando el impacto negativo que tiene el consumo ilegal de energía eléctrica en la red de distribución y las pérdidas millonarias generadas al Estado.
Por ello, el Legislativo evalúa actualmente un proyecto de ley que establece penas de privativa de libertad por hasta 10 años para quienes realicen la actividad sin permiso.
Se trata de una propuesta que profundizaría la cruzada gubernamental en contra de la minería ilegal emprendida por las autoridades paraguayas, que tienen la intención de perseguir y castigar a quienes operan granjas con energía no permisada.
Tal hecho ha causado que el decomiso de mineros se haya vuelto una práctica común en el país suramericano. Desde principios de este año, se han confiscado más de 5.000 mineros ASIC. Las acciones judiciales se han ejecutado en, el amenos, 17 redadas a granjas que ha detectado la ANDE, junto con funcionarios de seguridad.
