Hechos clave:
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Las autoridades demoraron a 4 personas que llevaban un millón de pesos en efectivo.
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Un abogado aclara que esto no es un delito, pero la Justicia suele tomarlo como una irregularidad.
Una noticia recorrió las redes sociales en Argentina y despertó todo tipo de opiniones encontradas. El hecho es el siguiente: el lunes 31 de enero, la Policía de Santa Fe demoró a cuatro personas por circular en un auto con más de un millón de pesos en efectivo en la ciudad de Rosario.
Si bien los transeúntes expresaron dedicarse a la compraventa de automóviles, todo parece indicar que no pudieron justificar el monto de dinero que llevaban en el vehículo, un Suzuki Swift. A la cotización de mercado al cierre de esta nota, la suma equivale a USD 4.694.
Según informó el portal Rosario 3, dos de los demorados son hombres, mientras que el resto del grupo estaba integrado por dos mujeres, una de ellas menor de edad. La inspección de las autoridades se dio durante un operativo de rutina en la zona noroeste de la ciudad, la tercera más grande en población en el país.
¿Qué se puede comprar en Argentina con USD 4.694?
Hasta aquí, los hechos. Sin embargo, lo ocurrido en Rosario despertó en muchos usuarios de Twitter todo tipo de críticas, sobre todo teniendo en cuenta que, por la devaluación de la moneda nacional, un millón de pesos en Argentina no es lo que solía ser.
Por ejemplo, se puede comprar con este monto un automóvil de gama media. Además, otros productos se acercan a ese valor, como puede ser una heladera de último modelo o la reserva de 15 noches en un hotel de 5 estrellas en una ciudad turística.
¿Es ilegal llevar «mucho dinero» en efectivo?
Aunque la definición de «mucho dinero» que ofrecieron los medios de comunicación fue puesta en tela de juicio por los usuarios de las redes, inevitablemente surgió el interrogante de si es un delito llevar una suma alta de efectivo al transitar por la vía pública.
Sobre este asunto, CriptoNoticias consultó con el abogado penalista Manuel Tessio, quien aseguró que no hay un límite de dinero que uno pueda transportar en la vía pública. Esto no constituye un delito, «así como tampoco lo es llevar un diamante de un millón de dólares». No hay ninguna ley que indique que uno debe llevar su declaración jurada de bienes bajo el brazo, detalló el especialista.
No obstante, también aclaró que la Justicia suele tomar estos casos como un indicio de una actividad irregular, y puede proceder así a investigar un posible lavado de activos o evasión tributaria. También un juez puede confiscar el dinero si hay peligro de fuga o si se puede entorpecer la investigación. Esta es una sugerencia que la propia Procuración General de la Nación hizo a los fiscales argentinos en una resolución de 2015, como se muestra a continuación.
Para compararlo con otros países, en España se pueden llevar hasta 100.000 euros en efectivo sin justificación. Esto equivale a ARS 11. 836.873 a la cotización de la fecha.
¿Y qué hay de la privacidad?
Además de las cuestiones planteadas con anterioridad, surge en casos como este el tema de la privacidad. ¿Hasta dónde tiene un ciudadano real potestad sobre su patrimonio? ¿Por qué el Estado puede confiscar dinero sin tener una certeza de que proviene de fuentes ilegales?
A lo ocurrido también se puede sumar otro tipo de controles que ejerce el Estado, como por ejemplo la petición a los bancos de informar los consumos y operaciones de sus clientes a partir de los ARS 30.000. De nuevo, equivale a un monto bajo de solo 140 dólares.
Estas son, precisamente, dos cuestiones que en el ecosistema de Bitcoin se pretende resolver, y representan dos estandartes irreemplazables para la comunidad. Por un lado, Bitcoin es un sistema monetario privado y pseudoanónimo, siempre que el usuario sepa tomar los recaudos pertinentes. Esto quiere decir que no hay una entidad reguladora que diga quién puede operar y qué montos son aceptados para una transacción.
Por este mismo motivo, Bitcoin es también dinero inconfiscable. Las criptomonedas de un usuario no pueden ser «retenidas» por el Estado, salvo cuando exista una investigación judicial que corrobore que los fondos provienen de actividades ilícitas. En tal caso, podrían confiscarse los fondos si estuvieran en un servicio de custodia, como un exchange, o bien por voluntad propia del acusado si las tiene en un monedero de autocustodia.
Mediante cualquiera de los dos procedimientos, esto sí ocurre. Algunos países como Estados Unidos son millonarios en cuanto a la tenencia de criptomonedas si se tiene en cuenta los bitcoins confiscados, como ha reportado CriptoNoticias.
Sin hacer apología a la evasión fiscal ni al lavado de dinero, se puede casi asegurar que el hecho comentado de Rosario no habría pasado si los pesos hubieran sido bitcoins. Por ahora, los ciudadanos en cuestión deberán justificar el origen de sus ingresos, mientras la sociedad se debate si está bien o no secuestrar dinero sin una justificación fehaciente que lo avale.