Recientemente las autoridades rusas anunciaron el abandono de los planes de crear un paquete de leyes para sancionar a los usuarios que utilicen bitcoin como moneda en territorio ruso.
El día de ayer una agencia rusa de noticias difundió un informe en el que se señala que representantes del gobierno ruso están apoyando la decisión de abandonar los esfuerzos de penalizar el uso del bitcoin en el país.
Esta semana se realizó una reunión a la que asistieron representantes del Ministerio de Finanzas, el banco central y personal del gobierno. En la reunión se habló de que las razones de la introducción de la responsabilidad penal por el uso de monedas virtuales no es lo más adecuado de hacer.
Al final de la reunión representantes del Ministerio de Finanzas recomendaron la participación de los órganos interesados en finalizar el proyecto de redacción de un informe sobre el tema para ser presentado formalmente a Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, durante la segunda quincena de agosto de este año, y así dar un paso importante en la despenalización del uso de monedas virtuales en el país.
En el informe del portal de noticias Interfax se dijo:
En la reunión se decidió que es necesario controlar el uso de la moneda virtual y analizar los riesgos asociados con el uso de sustitutos de dinero con fines delictivos. Con esto en mente, se puede presentar una propuesta para modificar los reglamentos si es necesario
Han sido bastantes los sucesos que han causado polémica en Rusia con respecto al uso de bitcoin en el país. Lo último que se supo antes de que comenzara este movimiento para despenalizar el uso del bitcoin en Rusia, es que el ministerio de finanzas del país había anunciado la creación de un paquete de leyes que permitiera la compra de la criptomoneda, sin embargo, en ese momento no se veían intenciones de despenalizar el uso de la moneda.
A principios del mes de junio el Ministerio de Finanzas de Moscú tenía previsto castigar a quienes utilizaran monedas virtuales con multas de 2,5 millones de rublos, lo que equivale a 38.000 dólares, además, se pretendía ejecutar sentencias de cuatro años de prisión a quienes emitieran criptomonedas en el país con la intención de venta, mientras que los directivos de bancos y compañías financieras que estuvieran en este tipo de actividades con criptomonedas, podrían enfrentar una sentencia de siete años de prisión al mismo tiempo que se les privaría el derecho de ocupar determinados cargos gubernamentales.
