Un usuario argentino de eToro denunció que esta empresa, de origen chipriota, tiene un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según el cual, la compañía europea le entrega los datos de identidad y finanzas de sus usuarios a la autoridad argentina.

Esta colaboración entre la AFIP y eToro forma parte del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio de Informes País por País. Según este tratado, sus participantes se comprometen a compartir información de los ciudadanos de todos los países firmantes con las autoridades componentes.

La información fiscal y financiera forma parte de este acuerdo, que tiene alcance en varias jurisdicciones a nivel global, incluyendo 54 países desde el 2017. Brokers y otras empresas similares oriundas de países como Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Chipre, Gibraltar, Alemania, Francia, Reino Unido o España deben colaborar con el cumplimiento del tratado.

Las autoridades competentes, como se les califica en el acuerdo, pueden recibir información fiscal pormenorizada sobre los ciudadanos de su jurisdicción que estén utilizando servicios financieros en otras latitudes. El objetivo es que no se puedan evadir las obligaciones tributarias, si las hubiera, a través de la colaboración multilateral y multinacional de los países miembros.

Los informes, que deben ser compartidos anualmente por las diferentes autoridades competentes que participan del acuerdo, incluyen datos sobre depósitos bancarios, valores negociables, participaciones en fondos de inversión, e incluso cuentas en servicios asociados al intercambio de criptomonedas.

Las empresas deben entregar datos referentes a saldos, importes percibidos por rentas y la identificación de la persona o entidad titular que controla la cuenta. En el caso del usuario argentino que denunció que la información la recibe la AFIP, su perfil de eToro está registrado como una cuenta en dólares americanos.

Como vemos, esto quiere decir que el caso de eToro no sería una situación aislada. El acuerdo está vigente desde 2017 y fue firmado por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros países. Su jurisdicción de aplicación incluye a la mayoría de las empresas de este tipo, registradas en alguno de los países firmantes, y que cuentan con permisos oficiales.

Las compañías podrían estar obligadas a colaborar con los gobiernos de estas naciones, sin importar si los usuarios están o no bajo averiguaciones o son sospechosos de algún delito, de manera que las opciones para aquellos usuarios que no quieran ser identificados por las autoridades financieras de estos países se reducen.