La parte de la ecuación en que se coloca el acento a la hora de regular, inevitablemente tiene consecuencias en las relaciones que se establecen entre el Estado y la sociedad, o al menos el segmento de sociedad implicado en las regulaciones.
En el caso de las regulaciones del mercado de criptomonedas, si bien en la mayoría de los países aún hay poca claridad jurídica y frecuente contradicción entre pareceres, la comunidad y las autoridades de todos los lugares está de acuerdo en que deben tomarse medidas ante la creciente ola de estafas que han surgido en el ecosistema. Con todo, el discurso regulatorio revela que el acento ha sido puesto en atacar consecuencias en vez de causas, en castigar estafadores, en vez de anularlos, en vez de inutilizar sus ataques.
La regulación en el ámbito de las criptomonedas, cuando existe y busca proveer un marco legal para las actividades de proyectos y negocios, se ha manifestado en tres momentos distinguibles: la solicitud de licencias de operación e inscripción de valores (en el caso de casas de cambio y Ofertas Iniciales de Monedas); la presentación de la documentación pertinente a los estándares Antilavado de dinero y Conoce a tu Cliente (AML/KYC) y estados de cuenta; la aplicación de penas y castigos a quienes incumplan los estándares o incurran en crímenes financieros como estafas. Puede observarse que, si bien el discurso regulatorio insiste en la protección al consumidor, en ciertos casos el acento se ha puesto en el negocio o potencial estafador, lo que ha conducido a las autoridades a proponer modelos de evaluación, como la prueba Howey, que señalan qué aspectos de un proyecto deben ser tomados en cuenta para prevenir estafas, pero que no proporcionan soluciones hechas a la medida de una tecnología que representa un nuevo paradigma.
Más allá de lo obvio -que todas las políticas mencionadas generan réditos, en impuestos o multas, en vez de gastos para el Estado- que la protección al consumidor se aborde desde el castigo y vigilancia a quien puede dañar el sistema establecido en vez de procurar su independencia y cuidado propio, tiene su razón de ser en la naturaleza paternal que ha asumido y profundizado el Estado en la modernidad.
En su sentido premoderno, como se figuraba en los días de Maquiavelo, el Estado se identificaba con el estatus del Príncipe. El rango, principal, de primer orden, del signore, era inseparable de la tierra que le era propia como dominio. En su tránsito temporal y geográfico, del Quatroccento italiano al XVII inglés, con Thomas Hobbes, muta el neologismo. La palabra Estado trasciende al Príncipe para contenerlo, pero ensanchándose para abarcar un estado de cosas, un modo de estar de los hombres entre ellos, en el mundo.
Hobbes, tras vivir la cruenta Revolución de Cromwell y la posterior Restauración de la monarquía inglesa, pensó que la vida del hombre estaba escindida en dos estados ideales: el Estado de Naturaleza, de libertad absoluta, pero, en consecuencia, de guerra constante, donde “el hombre es lobo del hombre”; y el Estado Civil, de paz y derecho entre ciudadanos. El puente entre ambos estados se tiende en el pacto de asociación o contrato social. El mito narrado por Hobbes para justificar el sometimiento al Estado, cuenta que los hombres de la naturaleza, cansados de la vida incierta e insegura, decidieron ceder su derecho a defenderse por su propia mano a un poder central monopolizador de la violencia, el cual estaría por encima del pacto para garantizar justicia sobre quien quebrara los estatutos del pacto. Los hombres cedieron parte de su libertad a cambio de seguridad, de protección. De esta manera quedó concebido el sentido esencial y razón de ser del Estado Moderno: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin duda, la vida se ha complejizado en una pluralidad de variables desde el siglo XVII y el Estado ha asumido cada vez más competencias. El papel paternal manifestado en la protección de las personas subyace como unión entre las múltiples funciones del Estado. Se vela por el cuidado del ciudadano en la salud, en la vivienda, en la alimentación, en la educación –casi vestimenta-, se vela por el cuidado financiero del ciudadano. Se vela por castigar a quien estafe al ciudadano.
Es decir, si la regulación es una manera de ceder la libertad individual a cambio de un tipo de seguridad impersonal suministrada por el Estado paterno, la tarea de cada uno de nosotros sería comprender cómo a partir de la conciencia de esta condición de las sociedades modernas la autorregulación y la educación podrían ser un principio de autonomía y de apropiación de las libertades cedidas.
En vez de proveer al inversionista de herramientas para discernir una estafa de una inversión confiable (independientemente de si, a la larga, esta le procurará ganancias o pérdidas legítimas), se ha puesto el acento en protegerlo del criminal. Esto sucede porque, simbólicamente, el Estado necesita de enemigos, de victimarios de los cuales defender a las víctimas, para mantener su relevancia. El Estado se alimenta de victimarios para pervivir (no es casual que sea en los países con menores índices de criminalidad donde surjan nuevas figuras de victimización que reclaman protección Estatal).
Con educación financiera adecuada que forme inversionistas responsables, la necesidad de protección Estatal disminuye. Su presencia paternal se hace más dispensable. Con esto no se quiere decir que dejará de haber estafadores. Pero divulgando las herramientas necesarias para identificarlos, el impacto y alcance de su acción sin duda se reduciría.
Con todo, se ha visto que los organismos Estatales parecen construir su entendimiento de las nuevas nociones económicas que traen las criptomonedas al mundo a partir de viejos conceptos que han probado su utilidad en otros terrenos. Es por esto que se hace indispensable que los miembros del ecosistema se eduquen y eduquen a otros para hacer crecer una comunidad más responsable. Si el Estado está incapacitado, por su misma naturaleza, a poner el acento en la educación, queda en las manos de quienes buscamos el florecimiento del mercado de las criptomonedas y la tecnología blockchain fomentar una educación financiera madura y graduar a los inversionistas del jardín de infancia que alimenta el paternalismo Estatal.
Imagen destacada por manop1984 / stock.adobe.com
