Binance - El ecosistema cripto.
Hechos clave:
-
En Colombia critican que el presupuesto fue aprobado “a la ligera”.
-
El dinero se puede devolver al dueño siempre que compruebe ser el titular de la cuenta intervenida.
El problema del dinero centralizado. De acuerdo con la recientemente aprobada ley de presupuesto de Colombia para el año entrante, las cuentas bancarias que tengan menos de 92.000 pesos (poco más de USD 20) y no se hayan usado por más de un año, podrán ser tomadas por el Gobierno.
Así lo denota el artículo 81 del presupuesto, aprobado hace dos días por la Cámara de Representantes de Colombia. Se trata de un proyecto enviado directamente desde la Presidencia de la República y que fue admitido rápidamente por los congresistas neogranadinos.
En detalle, el artículo indica:
Los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un periodo mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR (o 92.000 pesos colombianos), serán transferidos por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público– Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con el fin de financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.
Ley de Presupuesto General de la Nación, Colombia.
En otras palabras, el Estado puede quedarse con el dinero acumulado en una cuenta, bajo el criterio de que será usado para el presupuesto general de la nación.
No obstante, algo que también detalla el artículo es que los dueños de dichas cuentas podrán pedir que el dinero tomado sea devuelto, con intereses si hiciera falta, pero todo en caso de que puedan demostrar ser los titulares.
Así lo exponen:
Cuando el titular del depósito solicite la activación o la cancelación del saldo inactivo ante la entidad financiera, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional reintegrará al prestamista la suma correspondiente con los rendimientos respectivos, de acuerdo con los intereses que el depósito devengaba en la entidad financiera como cuenta inactiva, de conformidad con las disposiciones vigentes.
Ley de Presupuesto General de la Nación, Colombia.
Un presupuesto aprobado «a la ligera»
De acuerdo con la prensa local, de los 139 artículos del Presupuesto General de la Nación, al menos 102 se aprobaron en la Cámara «en una de las votaciones más rápidas que se recuerdan» en ese sentido.
Para algunos congresistas, el presupuesto se aprobó a la ligera y sin mayor análisis a las iniciativas que pudieran generar controversia, como la ya mencionada.
Más detalladamente, el presupuesto diseñado por el gobierno de Iván Duque para el año 2022, estipula un poco más de 350 billones de pesos, un aumento de 5,3% respecto al del corriente año. Según queda aclarado, casi el 60% de ese dinero se usará en gastos de funcionamiento, poco más del 20% para el pago del servicio de la deuda y el 20% restante para la inversión, reseña Pulzo.
Las criptomonedas, ¿un escape?
La ley de presupuesto colombiano, si bien pone en alerta a muchos de los locales bancarizados que tienen sus ahorros guardados en cuentas bancarias; también sirve para mostrar las bondades y fortalezas de la descentralización. El precepto de las criptomonedas.
En Colombia, vale decir, el mercado emergente no es algo desconocido. De hecho, una encuesta de la agencia Sherlock, reveló que el 52% de los neogranadinos veía con buenos ojos la Ley Bitcoin de El Salvador.
Y, además, ese país es un blanco fijo para el ecosistema. Por ejemplo, esta semana fue noticia la llegada del exchange OSL, el cual permitirá operar sin ninguna clase de comisión en países como Argentina, México y, por supuesto, Colombia, al menos hasta fin de año.
Incluso, en ese país hasta las entidades financieras han guardado alguna clase de relación con el ecosistema. Es de recordar el arenero (sandbox), donde confluyen bancos y exchanges, operando mancomunadamente. Se trata de un proyecto en donde las empresas que ofrecen servicios con criptomonedas que trabajan en ese país, o quieran trabajar, deben ir de la mano de una entidad supervisada por la Superintendencia Financiera (Superfinanciera).
