Hechos clave:
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El diputado Portillo Cuadra cree que la Ley Bitcoin encarecería el precio de la energía eléctrica.
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El parlamentario Johnny Wright pidió cambiar el Código de Trabajo para pago de salarios en dólares.
No cuenta con apoyo mayoritario la solicitud realizada a la Asamblea Legislativa de El Salvador, por los diputados que representan el partido Alianza Nacionalista (Arena), de derogar la Ley Bitcoin que otorga el estatus de dinero de curso legal a la criptomoneda.
La información fue publicada este miércoles 23 de junio de 2021 por el diario El Mundo de El Salvador. Este medio de comunicación reportó que la propuesta fue realizada a través de una comunicación que no tuvo asidero en otros parlamentarios del Congreso.
El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, argumentó que la Ley Bitcoin «encarecería el precio de la energía eléctrica que pagamos, es una ley que está propiciando que los organismos financieros no le puedan prestar a El Salvador».
Al conocer la posición de este parlamentario sobre la referida normativa, los diputados Numan Salgado y Romeo Auerbach, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), partido aliado del oficialismo, afirmaron que su partido no apoyará la derogatoria de la Ley Bitcoin.
Salgado amplió su comentario al decir que Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) piden cambios o derogación de la referida ley porque buscan generar incertidumbre y temor en los ciudadanos de El Salvador.
Estamos viendo que Arena y el FMLN están en contra de la implementación de la Ley Bitcoin. Ceemos que lo hacen con el único objetivo de generar temor en la población, de generar desconfianza y que la implementación de esta moneda digital, pues, no tenga el éxito. Creemos que están defendiendo intereses del sector financiero formal porque perderían las comisiones que reciben de toda transacción monetaria.
Diputado Numan Salgado, representante del partido Gana.
Otros diputados defienden la Ley Bitcoin
Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la Ley Bitcoin, cuyo reglamento está en proceso de elaboración y tienen plazo de 90 días para presentarlo a la opinión pública.
Carballo opinó que solo el sector financiero de El Salvador será afectado cuando entre en vigencia esta normativa, el próximo 7 de septiembre.
«Todo mundo piensa como que somos economistas todos y este pueblo va coyol quebrado, coyol comido. Va a ser una moneda virtual que se ocupa para transacciones, lo que sí estamos ganando es esas comisiones que nos cobran de Estados Unidos para acá, que le quedan a la banca por apretar teclas. [Por ese motivo] no apoyo la iniciativa (de Arena)», acotó Carballo en rechazo a la solicitud derogación de la Ley Bitcoin.
Ley Bitcoin genera controversias entre parlamentarios
La diputada Marleni Funes del FMLN expresó su disposición de estudiar la propuesta de derogar la Ley Bitcoin. Sin embargo, cree que ninguna iniciativa de los diputados de la oposición en contra de esta normativa va a prosperar.
Funes agregó la siguiente frase: «Tanto la reforma como la derogatoria no pasará en esta Asamblea Legislativa y también tengo mis dudas en esta Sala de lo Constitucional, aquí no queda más que la población se organice y diga si está a favor o en contra de esta ley».
La parlamentaria reiteró que tiene que conocer a profundidad la propuesta de Arena para decidir si apoyaría la derogatoria a la Ley Bitcoin.
Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol del partido Arena planteó una reforma al Código de Trabajo. Esta normativa establece que recibirán el salario «en la moneda de curso legal». Desde el próximo 7 de septiembre cohabitarán en El Salvador el dólar y bitcoin.
Wright Sol pide, por eso, reformar el Código de Trabajo para establecer expresamente que los salarios se pagarán en dólares.
Sin embargo, será la Corte Suprema de Justicia de El Salvador será la que juzgará si la Ley Bitcoin va contra la Constitución, como reportó CriptoNoticias el pasado 22 de junio de 2021.
El abogado Óscar Artero, en su calidad de ciudadano salvadoreño, demandó de inconstitucional la iniciativa legal aprobada el pasado 8 de junio, ante la Sala Constitucional de la máxima autoridad judicial salvadoreña.
